General (r) Fernando Landazábal, un crimen que estaba en un callejón sin salida

El general Fernando Landazábal, a la derecha de Álvaro Leyva. / Archivo El Espectador

Foto: Archivo El Espectador

Una de las familias que no sale de su asombro con la aceptación de responsabilidad de las Farc que se conoció el sábado pasado es la Landazábal. El general (r) Fernando Landazábal fue asesinado cerca de su casa, en Bogotá, el 12 de mayo de 1998 y, durante años, las autoridades no tuvieron más que hipótesis sin rumbo sobre la mesa. A la fecha, nadie ha sido condenado por este crimen. Las pocas pistas que dijeron haber encontrado los investigadores nunca llevaron a ningún puerto. El expediente estaba ahí, llenándose de telarañas y acercándose a la prescripción. Hasta que las Farc hablaron.

Cuando acribillaron al general (r) Fernando Landazábal, cerca de su casa en el norte de Bogotá, la hipótesis de que grupos radicales de izquierda fueran los responsables estuvo sobre la mesa. Fue la primera en barajarse, de hecho. Para los organismos de seguridad, no podía descartarse que esos grupos al margen de la ley hubieran fraguado algún crimen, como el de Landazábal, para responder a la oleada de asesinatos que se cometieron en 1998 contra personas relacionadas ideológicamente con la izquierda, como los de los reconocidos defensores de derechos humanos Jesús María Valle, José Eduardo Umaña o María Arango. (Los 6 homicidios en los que Farc asumió responsabilidad ante JEP)

En ese momento, su familia dijo que Landazábal se había vuelto “un blanco fácil para la guerrilla”. Andaba por la calle sin escolta alguna a pesar de que, cuando era ministro de defensa del presidente Belisario Betancur, entre 1982 y 1983, se hizo conocido por sus férreas posiciones en contra de la guerrilla. Acusaba al Partido Comunista de patrocinar a los grupos guerrilleros en Colombia y le presentó al renuncia a Betancur cuando se enteró de que este había empezado a hacer acercamientos con el M-19. Para Landazábal, era impensable que un jefe de Estado procediera así sin consultar antes a las Fuerzas Militares.

“El país debe acostumbrarse a escuchar a sus generales”, decía por esa época Landazábal. Hablaba lo que pensaba siempre y la guerrilla solía ser su principal objeto de críticas. Era un militar radical, que nunca ocultó su desacuerdo con conseguir la paz de forma negociada. Luis Alberto Restrepo, un académico del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional, dejó constancia luego de un encuentro con militares retirados -entre ellos Landazábal- que, para este general, el proceso de paz de Betancur solo le dio beneficios a la guerrilla, no al Estado de Derecho. (La historia de los guerrilleros cuyos asesinatos reconocieron las Farc ante la JEP)

“El proceso de paz [el de 1984] le dio la posibilidad al ‘partido de la subversión’ de legalizarse con un nuevo nombre, Unión Patriótica. Las Farc y la Unión Patriótica son la misma cosa, y no diferentes como lo afirmó el ministro de Gobierno actual. Se pactó con el brazo armado de la subversión y éste salió de la clandestinidad. Se avaló así el porte ilegal de armas, el secuestro, el boleteo, la extorsión y el chantaje. Ahora la subversión impulsa las marchas campesinas como preparación para la insurrección general”, fueron, según Restrepo, algunas de las conclusiones del general (r) tras la reunión con los militares.

Landazábal intentó llegar a la política con el Movimiento Integracionista Colombiano, pero no lo consiguió. Cuando fue asesinado, respaldaba la aspiración presidencial del general (r) Harold Bedoya, excomandante de las Fuerzas Militares. De hecho, el asesinato se cometió a días de la primera vuelta presidencial. Su crimen, dijo en ese momento el general (r) Manuel José Bonnet (otro excomandante de las Fuerzas Militares), era “la culminación de una campaña de desestabilización contra el régimen democrático en Colombia. Se trata de un asesinato contra el pueblo y contra la libertad”.

Landazábal, se creía, tenía información de los hechos que llevaron a la desactivación de la Brigada XX del Ejército, responsable de múltiples y graves crímenes como asesinatos y desapariciones forzadas. Se creía, incluso, que tenía información del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, cuya responsabilidad aceptaron también miembros del antiguo secretariado de las Farc ante la JEP, para sorpresa de más de uno -empezando por la propia familia Gómez, que no cree esa versión-. Las hipótesis alrededor de su muerte, sin embargo, nunca pasaron de allí. La justicia no comprobó nada en su caso. (“Quieren tapar su negación de todo lo que sí han hecho”: hijo de Álvaro Gómez sobre FARC)

Las autoridades poco avanzaron. A la familia del general retirado le dijeron alguna vez que el sicario había muerto en Villavicencio poco después de ejecutar el homicidio. El mayor de los hijos del general (r), Fernando Landazábal Bernal, hizo averiguaciones por su cuenta y se encontró con que los gatilleros de su padre hacían parte de una banda de Sanandresito. Y pare de contar. Las pesquisas hace años entraron en un callejón sin salida, había indicios de nada ni de nadie. Hasta que, la semana pasada, las Farc admitieron ante la JEP ser los responsables del asesinato. Así, la historia de su expediente parece haber vuelto a comenzar.