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Luego de que la periodista Jineth Bedoya revelara ante los medios de comunicación que durante una audiencia el pasado miércoles señaló al general (r) de la Policía (r) Leonardo Gallego como posible autor intelectual de su secuestro, el exuniformado señaló en un comunicado que los señalamientos que hacen la periodista y demás actores en el proceso que se lleva son falsos.
Gallego asegura que los paramilitares y testigos dentro del caso judicial que lo señalan de ser el cerebro de los hechos que fue víctima la periodista y de tener nexos con líderes paramilitares y del narcotráfico carecen de toda veracidad. Bedoya ayer señaló que Gallego fue mencionado en una audiencia de Justicia y Paz por un exparamilitar, quien asegura que el crimen contra ella fue un favor que Ángel Gaitán Mahecha y Miguel Arroyave le hicieron al uniformado y al esmeraldero Víctor Carranza.
El general retirado expresó que su experiencia profesional e institucional en relación a organizaciones e integrantes de estructuras paramilitares, guerrilleras, narcotraficantes, terroristas y delincuencia en general solamente ha consistido en enfrentarlos y combatirlos. A su vez Gallego manifestó estar a disposición de las autoridades “para toda diligencia que sea dispuesta y en la cual se requiera mi presencia, participación y colaboración eficaz a nuestra justicia.” En noviembre de 2006 fue destituido por violación a los derechos humanos durante la Operación Mariscal, realizada, se suponía, para recuperar esa zona de la capital antioqueña de la subversión.
En ese momento la Procuraduría señaló que la Fuerza Pública se excedió en el uso de la fuerza, deteniendo “indiscriminadamente” a civiles. El Ministerio Público señaló que se presentó cruces indiscriminados de disparos sin tomarse las medidas para preservar y proteger los derechos de la población civil que habitaba el lugar de los hechos.
En enero pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las operaciones Orión y Mariscal. Al analizar los casos de cinco defensoras de DD.HH., el tribunal internacional dijo que en las operaciones militares que se realizaron en la periferia de Medellín a partir de 2002, hubo desplazamientos y excesos en las operaciones militares ocasionados por la Fuerza Pública.
Los hechos
La periodista judicial de El Espectador por ese entonces fue en mayo de 2000 a la cárcel La Modelo a realizarle una entrevista a Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, uno de los jefes paramilitares que estarían a cargo del tráfico de armas, homicidios, desapariciones y torturas que ocurrían en esa época en ese penal. Bedoya investigaba la guerra interna que se registraba en la cárcel entre ‘paras’ y guerrilleros de las Farc y que se produjo con la complicidad de las autoridades carcelarias. Los grupos alzados en armas y el crimen organizado lograron ingresar armamento pesado, explosivos y elementos ilegales.
Después de diez horas de cautiverio, durante las cuales fue torturada y sometida a ultrajes sexuales, la periodista fue abandonada en un terreno vacío a pocos kilómetros de Villavicencio (Meta). Su caso estuvo en la completa impunidad hasta que en 2011 se reabrió la investigación en la Fiscalía, y el Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó al Estado a responder por los hechos.
En febrero de 2016 alias el Panadero, aceptó los cargos como coautor de los delitos de secuestro simple, tortura y acceso carnal violento, y le pidió perdón a Bedoya. El Panadero habría llamado a la periodista para invitarla al penal, mientras que Alejandro Cárdenas, alias J.J, habría coordinado el atentado. Por esos hechos, alias el Panadero fue condenado a 28 años de prisión y J.J a 11. El 18 de abril la Fiscalía solicitó excluir a los dos paramilitares de Justicia y Paz, por no haber dicho la verdad durante las audiencias de ese programa de justicia transicional, pues en diferentes sesiones de audiencias los postulados negaron haber tenido relación con estos hechos.