General (r) Romero fue enviado a misma guarnición militar de Andrés Felipe Arias

El magistrado consideró que se cumplían todos los requisitos para que el oficial afronte el proceso en su contra en prisión. Será recluido en la Escuela de Caballería por su condición de general.

El general (r) Jorge Romero tendrá que afrontar su proceso por posible corrupción de la Brigada IV en prisión. Archivo particular

El general retirado Jorge Romero tendrá que afrontar en prisión su proceso por posibles actos de corrupción cuando comandaba en la IV Brigada. El magistrado que hizo las veces de juez de garantías determino que existen las pruebas suficientes para otorgar la medida de aseguramiento al oficial por los cargos de cohecho, celebración indebida de contratos, concierto para delinquir y peculado a favor de terceros y propio.

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Bajo solicitud de la defensa, el oficial tendrá que cumplir la medida de prisión preventiva en la Escuela de Caballería del Cantón Norte debido a su condición como general retirado de la República. En este mismo lugar está recluido desde hace unas semanas el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien paga una pena de 17 años por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

En el caso del general (r) Romero, el magistrado consideró que el oficial podría afectar las investigaciones en su contra si afrontaba el proceso en libertad. Esta determinación la tomó basado en los múltiples audios suministrados por la Fiscalía en la que se escucha a la red de corrupción, presuntamente liderada por Romero cuando estuvo al frente de la Brigada IV entre 2015 y 2017, planeando substraer material y documentación que serviría de prueba en el proceso.

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Dentro de las interceptaciones hechas por la Fiscalía, hay varias llamadas entre el sargento Jorge Luis Echevarría, mano derecha del general, y uno de los implicados, Wilson Manuel Villota, suboficial encargado de los convenios dentro de la Brigada IV. En ellas quedó registrado las supuestas peticiones de Romero para sustraer material que podría comprometer tanto al general como a sus subalternos vinculados a presuntos actos de corrupción.

En dichos audios se escucha a Villota y Echevarría hablando de una supuesta caja, en la que, según la Fiscalía, estarían los documentos de las contrataciones irregulares que comprometerían al general y sus subalternos. “Yo por parte de la brigada estuve tranquilo porque todo los saqué”, le dijo el suboficial Villota al sargento Echevarría, indicando así que habría retirado de la documentación de la Brigada IV. “Yo guardé toda esa mierda y no dejé nada. Todo se sacó de la brigada y del base”, agregó el responsable de la contratación en la brigada investigada.

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Durante la audiencia, en la que se definió la medida de aseguramiento contra el general, la Fiscalía pidió una petición especial para que se proteja a los testigos que han participado y han colaborado en el caso contra el general Romero. De acuerdo con la representante del ente acusador, varios oficiales y suboficiales activos han sufrido presiones y hasta traslados después de colaborar en el proceso contra Romero. Según la fiscal, personas del Ejército se trasladaron de Bogotá a Medellín y les pidieron informes a los testigos sobre los temas que se hablaron en las audiencias del pasado jueves y viernes.

La representante del ente acusador argumentó que dicha acción no podía ser realizada por miembros de las Fuerzas Militares ya que la Procuraduría está haciendo la investigación disciplinaria y la Fiscalía está llevando a cabo el proceso penal. Así mismo, dijo que el carácter especial de estos testigos los hace vulnerables a situaciones que afectan su desarrollo laboral; sobre todo porque no pueden ser incluidos en el programa de protección de testigos ya que se encuentran en servicio activo.

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Ante esta solicitud, el magistrado concedió que los nombres de los uniformados sean remitidos al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, para que sea él quien ordene la protección especial de los testigos. “Solicito que se den todas las medidas necesarias para proteger a los oficiales y suboficiales que han intervenido el proceso, para que no sean blanco de actos recriminatorios”, dijo el togado, quien agregó: “es increíble que en un Estado de derecho se tenga que pedir protección para suboficiales y oficiales que están participando en un proceso, es algo muy delicado”.  

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Durante más de dos horas, la defensa trató de convencer al magistrado de que se no era necesario decretar la medida de aseguramiento contra el general Romero. “Es injusto que se le otorgue la medida de aseguramiento porque es un castigo previo a la condena”, declaró la abogada. De la misma manera, señaló que en ningún momento se demostró la participación del oficial en la red de corrupción.

En su argumentación, la defensa dijo que, según el manual de las Fuerzas Militares, el comandante de una brigada no es responsable del gasto, sino que esta labor es asumida por el jefe del Estado Mayor. De esta manera, aseguró que el general Romero nunca tuvo vinculación con dichos procesos sino que dichas acciones irregulares habrían sido cometidas por el coronel Everth Norberto Dueñas, jefe del Estado Mayor de la IV Brigada y uno de los que habría reportado las anomalías dentro de la brigada comandada por Romero.

(Puede ver: A la cárcel coronel (r) por escándalo de contratación de la IV Brigada del Ejército)

También, la defensa señaló que las interceptaciones presentadas por la Fiscalía no tenían ninguna validez ya que no se habían presentado las actas de validación. Ante este señalamiento, fue el magistrado el que le llamó la atención a la defensa y dijo que no era lógico que presentara dicho cuestionamiento justo al final de las audiencias y no cuando el material probatorio era exhibido.

Al final, tanto la Procuraduría como el magistrado apoyaron la solicitud hecha por el ente acusador de impartirle medida de aseguramiento al oficial. "Sí se presenta un riesgo para la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía", dijo la representante del Ministerio Público, quien también señaló de la gravedad de los delitos imputados a Romero y el “riesgo latente de que la evidencia pueda ser alterada”.

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De esta forma, el general Jorge Horacio Romero tendrá que asumir el proceso en su contra desde prisión. Para la Fiscalía, el general (r) era una de las cabezas de una red de corrupción dentro de la Brigada IV del Ejército. Esta presunta organización criminal les pedía a los contratistas el 10% de los contratos con tal de ajustar los pliegos a su favor. Así mismo, Romero habría permitido otros actos de corrupción dentro de sus dependencias, como lo es el robo de gasolina que era de uso exclusivamente oficial.

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Redacción Judicial

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