Gerentes de la Triple A fueron claves para su desfalco, dice la Procuraduría

Julia Margarita Serrano y Ramón Navarro, exgerentes de la Triple A. / El Heraldo

El escándalo de corrupción de Inassa, la empresa española afiliada al Canal de Isabel II —empresa pública de aguas de Madrid—, empieza a desgajarse lentamente en Colombia. La semana pasada, la captura del exgerente de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (la Triple A), Ramón Navarro Pereira, fue una gran alarma. Que aceptara cargos de inmediato por haber autorizado pagos que Inassa cobró sin tener los soportes para justificarlo, fue señal más grande aún de la gravedad del asunto. Y que, apenas días dos días después de su arresto, la Procuraduría lo citara a juicio disciplinario fue la estocada final para dimensionar los actos corruptos que se tejieron entre gente de Inassa y de la Triple A.

Navarro Pereira aceptó los tres cargos que le imputó la Fiscalía: enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. Según el organismo investigativo, entre 2012 y 2015, tanto Navarro como los entonces representantes de Inassa y de la firma Recaudos y Tributos S. A. se habrían apropiado de más de $27.000 millones “mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y cuatro contratos de consultoría”. La Fiscalía, además, llamó a indagatoria a 11 directivos y exdirectivos de Inassa, presuntos responsables de un desfalco de unos $237.000 millones gracias un contrato firmado en septiembre 4 de 2000.

(En contexto: Procurador Carrillo viaja a España a tratar de revivir el caso Inassa)

La tesis de la Fiscalía es que, a través de ese contrato, que al parecer nunca se ejecutó, “se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros”. En España se indaga si por medio de esas maniobras irregulares se beneficiaron miembros del Partido Popular. El punto de partida de esta fase de la investigación, que es el contrato del año 2000, fue un descubrimiento de la Procuraduría, la cual el 14 de agosto pasado recibió una queja anónima sobre posibles anomalías entre Inassa y la Triple A. Un mes después creó la Comisión Disciplinaria Triple A. Para el 30 octubre, ya se había dado un primer gran paso: pedirle al gerente de la Triple A que suspendiera el contrato.

Lo que la Procuraduría encontró, en pocas palabras, fue que ese contrato se había convertido en un barril sin fondo para Inassa. Se trataba, en primer lugar, de un negocio ventajoso: Inassa, su principal accionista, consiguió un contrato para sí misma con el cual se hacía a, 4,5% de los recaudos de la Triple A por “servicios de asistencia técnica a la operación de las áreas comercial, operativa, administrativa y técnica”. Lo dice la Procuraduría y también la Fiscalía: el contrato nunca se ejecutó. Pero ello no detuvo a Inassa para cobrar las comisiones pactadas. Según el Ministerio Público, a pesar de que Inassa no entregó los soportes debidos entre 2012 y 2017, recibió $221.000 millones por ese contrato.

Y las personas claves para gestionar esos pagos injustificados, encontró la Procuraduría, fueron los gerentes de la Triple A durante ese periodo. Así quedó consignado en el documento de 88 páginas de ese organismo conocido por El Espectador, con fecha del pasado 22 de marzo, en el cual fueron convocados a audiencia pública para juicio disciplinario tanto Navarro (gerente entre el 24 de junio de 2008 y el 31 diciembre de 2016) como Julia Margarita Serrano (gerente entre el 1° de enero y el 4 de septiembre de 2017) y Ramón Heder Redondo (gerente entre el 7 de septiembre de 2017 hasta la fecha). Según la Procuraduría, entre los tres aprobaron pagos injustificados a Inassa por más de $63.000 millones.

(Vea: Operación Lezo y la conexión Panamá)

Ellos, en general, habrían permitido que Inassa “se apropiara de recursos pertenecientes al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, al haber autorizado que con dinero sobre el cual el Distrito de barranquilla tenía unos derechos accionarios del 14,50%, se efectuaran los pagos que se relacionan en el cuadro subsiguiente, pese a que no existe evidencia de la prestación de los servicios objetos del contrato”. Es decir, a pesar de que la Triple A es hoy casi enteramente privada, hay todavía una proporción de recursos públicos en esa empresa que el Estado tiene el deber de cuidar. Recursos que, en vez de llegar a la población, llenaron las arcas de Inassa.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, Ramón Navarro Pereira autorizó 33 pagos irregulares a Inassa, con los que la empresa española se habría hecho a casi $49.000 millones. Julia Margarita Serrano habría dado luz verde a ocho pagos anómalos, por cerca de $14.000 millones. Ramón Hemer Redondo habría tardado tres semanas desde su posesión en permitir el pago de $973 millones a Inassa para el cual, insiste la Procuraduría, no había justificación o soporte alguno. Algo que tenían en común esas autorizaciones es que los valores desembolsados eran, además, superiores a lo que el mismo contrato señalaba que se debía cancelar.

Navarro, Serrano y Hemer “presuntamente actuaron en contravía de los deberes constitucionales que como administradores tenían”, dice el documento. La Procuraduría advierte que Julia Margarita Serrano, antes de ser gerente general de la Triple A, fue su gerente financiera, y desde ese cargo “tuvo conocimiento por más de cuatro años de la existencia del contrato de asistencia técnica, así como de los pagos que por él se realizaban”. A ella le imputó cargos la Fiscalía junto con Navarro, pero no los aceptó. A Hemer, la Procuraduría le reprocha el poco tiempo que le tomó, desde su posesión, para empezar a girar dinero a Inassa. Por eso, los tres quedaron citados a audiencia pública. La Procuraduría Regional tiene 10 días para notificarlos.