Germán Graciano, premio nacional de Derechos Humanos, será arrestado por desacato

Una jueza municipal falló una tutela a favor de la brigada 17 del Ejercito que exigió derecho al buen nombre y ordenó a la comunidad de Paz de San José de Apartadó retirar las acusaciones contra la unidad militar. La comunidad desacató la decisión y su representante legal se enfrenta ahora a cinco días de prisión y una multa de cinco salarios mínimos.

En la Universidad Javeriana de Bogotá se realizó la ceremonia en la que Germán Graciano fue galardonado. Archivo Gustavo Torrijos - El Espectador.

Un polémico fallo de tutula emitió la jueza Mariela Gómez, del juzgado segundo de Apartadó, al ordenar el arresto de Germán Graciano Posso, representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y actual Premio Nacional de Derechos HUmanos. La decisión de la jueza tuvo como base el desacato de la comunidad al fallo de tutela que la obligaba a retirar de su página de internet acusaciones contra la brigada 17 del Ejército. La comunidad se negó esgrimiendo los antecedentes de dicha unidad militar, entre los que se encuentra la masacre del 21 de febrero de 2005, en la que fueron asesinadas ocho personas –entre ellas tres menores de edad-.

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La jueza Gómez resolvió, el pasado 30 de noviembre, un incidente de desacato interpuesto por la Brigada 17 del Ejército en contra la Comunidad de Paz. En dicho documento la jueza resolvió: “sancionar al señor Germán Graciano Posso, en su calidad de representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con arresto de cinco días, los cuales deberá purgar en los calabozos de la estación de policía ubicada en San José de Apartadó, y multa de cinco salarios mínimos legales vigentes, a favor del Consejo Superior de la Judicatura, por desacatar las órdenes impartidas por este despacho judicial en la sentencia de tutela número 320 de 2018 de fecha 02 de octubre de 2018”.

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 Ante la decisión, dhColombia, organización jurídica que acompaña a la Comunidad de Paz, emitió un comunicado de rechazo. “Sistemáticamente en 21 años se han ejecutado crímenes en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, por lo cual ha sido objeto de órdenes de protección nacionales e internacionales. A pesar de ellas, 307 integrantes han sido asesinados y se han presentado 965 agresiones en contra de las personas que la conforman. Estos hechos en su mayoría han sido el fruto de la acción de paramilitares y fuerza pública, permaneciendo la casi totalidad de estos crímenes en absoluta impunidad”, ripostó la organización. La decisión puso en alerta a los organismos de derechos humanos, pues la Comunidad de Paz tiene medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y protección de la Corte Constitucional, precisamente por los crímenes cometidos contra sus integrantes.

Al respecto, el comunicado de la organización campesina advierte: “Desde el año 2007 la Comunidad de Paz ha recibido órdenes de protección de la Corte Constitucional, ante los actos de la Brigada XVII, sin que ellas sean cumplidas. Por ello, hoy sorprende que, para la funcionaria judicial, esta unidad militar que tantos crímenes ha ejecutado contra integrantes y líderes de la Comunidad de Paz (como la masacre del 21 de febrero de 2005), se diga que está bajo subordinación o indefensión de esta Comunidad, para proteger los derechos de los victimarios”. Según los abogados de la comunidad el fallo de tutela es exótico, pues el derecho al buen nombre por parte de entidades sólo puede ser violado cuando el accionante se encuentre en situación de subordinación o indefensión del acusado.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó destruyó las armas con que iban a asesinar a su representante legal

Además, la comunidad alerta que la decisión haya sido notificada cuando ha terminado su vista al país el relator especial de la ONU para la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, quien, por demás, visitó la comunidad y tomó atenta nota de sus preocupaciones. Valga recordar que Graciano estuvo hace pocas semanas reunido con el papa Francisco en el Vaticano, que goza del respaldo de las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, que hace un año sufrió un atentado por parte de los paramilitares y que, en la última edición del premio nacional de derechos humanos, Diaconía, fue galardonado con el premio al defensor del año. Al respecto el comunicado público de la comunidad concluye: “Los ataques contra Germán Graciano Posso incluyen el asesinato de 19 de sus familiares y un atentado que sufrió el 29 de diciembre de 2017, en la que fueron detenidos dos paramilitares y quienes fueron dejados en libertad por la misma Juez que hoy ordena el arresto de este luchador de la paz, por ejercer la libertad de expresión y la denuncia de graves violaciones a los derechos humanos de los campesinos de la Comunidad y de la región”.

Está es la historia del defensor del año en el premio nacional de derechos humanos