Gina Parody, Cecilia Álvarez y el supuesto conflicto de intereses que las metió en problemas

Para la Procuraduría, es claro que las exministras aprobaron iniciativas que beneficiaban particularmente a los hermanos de Gina Parody, lo cual ellas niegan. La investigación en la Fiscalía, en cambio, fue archivada hace unos días.

Gina Parody, estuvo al frente del Ministerio de Educación cuando se habría presentado el presunto conflicto de intereses. A su vez, Cecilia Álvarez estaba en la cartera de Transporte.Cortesía

Aunque todo parecía indicar que el capítulo de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez con Odebrecht estaba cerrándose, luego de que la Fiscalía archivara la indagación en su contra la semana pasada, la Procuraduría entró a escena y cambió el panorama. Así lo dejó ver en un documento de 78 páginas mediante el cual llama a las exfuncionarias a juicio disciplinario. El principal argumento del Ministerio Público es un presunto conflicto de intereses en los que habrían incurrido las exministras al aprobar varios documentos relacionados con el proyecto vial de la Ruta de Sol 2. Los beneficiados: Luis Carlos y Manuel Parody D' Echeona, hermanos de la exministra de Educación y, por ende, cuñados de la exministra de Transporte. 

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Son tres actuaciones por las que la Procuraduría adelanta investigación disciplinaria contra Cecilia Álvarez: la aprobación del Conpes 3758 de 2013 que estableció la navegabilidad del río Magdalena; la suscripción de la resolución 2127 de 2014 por la que se ordenó la creación de dos peajes más en la ruta Ocaña – Gamarra y el aumento de tarifas en los peajes existentes; y la aprobación del Conpes 3817 de 2014, en el que se decretó la “importancia estratégica” de la Ruta del Sol 2. A Parody la investigan por no haberse declarado impedida en la aprobación del Conpes de la Ruta del Sol 2. Estas actuaciones disciplinarias giran en torno al hecho de que los hermanos de Parody, para el momento de los hechos, tenían participación en las sociedades que conformaban la sociedad Terminal Fluvial Andalucía. 

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El texto del Ministerio Público inicia señalando la unión marital de hecho que sostienen las exministras desde hace varios años. Esta relación sería fundamental para determinar que Álvarez estaba impedida para tomar varias decisiones en este tema, debido a que, por tal relación, la exministra de Transporte tendría un parentesco en segundo grado de afinidad con los hermanos Luis Carlos y Manuel Parody, quienes, según la entidad, “tenían interés particular y directo en dichas decisiones”. Para la entidad, hubo una violación de la Ley 734 de 2002, que señala que todo servidor público deberá declararse impedido para actuar cuando alguno de sus parientes dentro del segundo grado de afinidad tenga interés en sus decisiones. 

Las posibles faltas de Cecilia Álvarez

De acuerdo con las investigaciones, los hermanos Parody entre los años 2013 y 2014 tenían participación en las sociedades Egeo I S.A.S y Egeo III S.A.S, las cuales, a su vez, eran accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. Al tener dicha participación, presuntamente tenían un interés particular en la aprobación del Conpes 3758 del 6 de agosto de 2013, mediante el cual se desarrollaron acciones para restablecer la navegabilidad del Río Magdalena y “el fortalecimiento de servicios de transporte, logísticos e intermodales, como era el caso de las inversiones en los cuatro puertos”, entre ellos el de Gamarra (Cesar). 

Inversiones Egeo I S.A.S e Inversiones Egeo III S.A.S. eran accionistas de las sociedades Cartagena S.A. y Sociedad Portuaria de Cartagena S.A., que a su vez estaban asociadas a la “Terminal Fluvial Andalucía S.A., junto con las sociedades Contecar, Impoxmar y CEC Ltda., filiales de Cartagena S.A, con quienes conformaban el mismo grupo empresarial”, según pudo determinar el órgano de control. Para el momento de la aprobación del Conpes 3758, la Sociedad Terminal Fluvial Andalucía estaba solicitando la concesión portuaria ante Cormagdalena, que fue aprobada hasta 2014. De igual modo, Corpocesar concedió la licencia ambiental para su operación en enero de 2013. 

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Con tales requisitos cumplidos, solamente restaba que el solicitante cumpliera algunas obligaciones para que le fuera otorgada la concesión y la celebración del contrato de concesión portuaria. “El señalado interés era particular y directo pues, para el 6 de agosto de 2013, la sociedad Terminal Fluvial Andalucía ya tenía la calidad de solicitante al habérsele aceptado la petición y, por lo tanto, con tal calidad, estaba adelantando los trámites correspondientes para obtener la adjudicación de la concesión portuaria fluvial; es decir, la citada sociedad y, por ende, las personas que tenían participación en las sociedades que la conformaban”, afirma la Procuraduría. 

Para el ente disciplinario, era clara la intención de los parientes de Álvarez y de Parody en obtener la adjudicación de la concesión del puerto fluvial en el municipio de Gamarra -justo donde luego se aprobó la adición de un tramo para la Ruta del Sol 2-. Otro de los puntos que reprocha el órgano de control es la expedición de la resolución 2127 de 2014. Las investigaciones apuntan a que, para el momento de la firma de este documento, la sociedad Terminal Fluvial Andalucía ya había solicitado una concesión “para la construcción, administración, operación y explotación en forma temporal y exclusiva de un terminal portuario fluvial de carácter multipropósito, localizado en la margen derecha del Río Magdalena, en el Departamento de Cesar, municipio de Gamarra”. 

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Al parecer, con la construcción de los nuevos peajes “Gamarra” y “Platanal” y el aumento de tarifas en los ya existentes se obtuvieron recursos para financiar el tramo adicional de la Ruta del Sol 2, Ocaña-Gamarra, en el cual precisamente se ubicaba el puerto fluvial que la Terminal Fluvial Andalucía quería que le adjudicaran. Por otra parte, se presume que otro de los beneficios para Luis Carlos y Manuel Parody tendría relación con el aumento del valor de los predios “que fueron propuestos como terrenos adyacentes al proyecto Puerto Fluvial Andalucía, denominados Andalucía, La Esperanza y La Bacana, de propiedad de la sociedad Cartagena 11, de la que eran accionistas las sociedades Inversiones Egeo I SAS e Inversiones Egeo 1 SAS”.

Para la Procuraduría es claro que, si bien el Conpes en cuestión tenía que ver con un tema de interés para todo el país, como es la navegabilidad en el río Magdalena, detrás de su aprobación había una intención más: beneficiar a los cuñados de la exministra Álvarez. La exfuncionaria ha insistido en que solo firmó un documento que contenía proyectos importantes para el país, y que su nombre no aparece en otrosíes o adiciones a contratos que pudieron beneficiar a la empresa de los hermanos de su pareja. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la investigación en contra de la exfuncionaria tiene que ver es con el hecho de que Álvarez no se apartó de una discusión que podría beneficiar a familiares suyos.

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En el documento, la Procuraduría insistió en que, a la hora de darle prioridad a la construcción de la vía Ocaña-Gamarra a través del Conpes 3817 de 2014, eventualmente esta carretera beneficiaría al puerto de este municipio y, asimismo, a los hermanos de Gina Parody. Sin ese Conpes, la carretera Ocaña-Gamarra no se habría construido sino hasta, por lo menos, 2024. Aunque, hasta la fecha, no se ha intervenido ni un kilómetro del tramo. Pavimentarlo, lejos de los escándalos actuales, ha sido misión de las entidades de planeación nacional por lo menos desde 1994.

El caso Gina Parody

En un Conpes de esa época, el Gobierno explicó que era importante para el desarrollo comercial y económico del país que se construyera una carretera que conectara la producción de carbón del Cesar y Norte de Santander, con una vía central y con el río Magdalena. La iniciativa, años después, se conoce como la Ruta del Sol 2, que terminó en medio del fuego cruzado que ocasionó el escándalo por Odebrecht. Como ya se sabe, en la firma del Conpes en el que se estableció que la vía tenía una importancia estratégica para el país, también participó la entonces ministra de Educación, Gina Parody, el punto de conexión entre la exministra Álvarez, y los hermanos Parody, Manuel y Luis Carlos. 

La Procuraduría, después de indagar las declaraciones de la exjefa de la cartera de Educación y las pruebas documentales del caso, estableció que la exfuncionaria también pudo haber cometido una falta gravísima por no haberse declarado impedida en la firma del Conpes de la Ruta del Sol 2. El Ministerio Público estudió los argumentos de la defensa de la exfuncionaria y su propia declaración, pero no fue suficiente para convencerlo. Según uno de sus argumentos, Parody no sabía con detalles los intereses de los negocios de sus familiares, solo conocía que estaban relacionados con temas de puertos marítimos. Por eso mismo, explicó la exministra, se declaró impedida en varios casos que involucraban puertos en el mar. 

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¿Por qué entonces no se retiró de la discusión que tenía que ver con el puerto de Gamarra? Porque tenía que ver con un proyecto en un río y no en aguas saladas, explicó. Para la Procuraduría, este no era un argumento suficiente para esquivar la investigación disciplinaria pues, como funcionaria pública, debió tener un “cuidado especial” para no quedar en medio de un conflicto de intereses. “(Parody) no constató oportunamente y por un medio idóneo si estaba incursa en una causal de impedimento al aprobar el citado Conpes, cuando su objeto hacía referencia a la declaración de importancia estratégica del corredor Ocaña - Gamarra y también a las conexiones a los puertos fluviales al norte y sur de Gamarra”, explicó la Procuraduría. 

Para el organismo disciplinario, el solo hecho de que la exfuncionaria supiera de los negocios de su familia la obligaba a estar completamente segura de si podía o no participar en discusiones como la del Conpes que se aprobó en octubre de 2014. El organismo de control explicó que se trató de una desatención de la exministra y que, al no separase del caso, “vulneró los principios de imparcialidad y transparencia, rectores de la función pública”. Las dos exfuncionarias enfrentarán el juicio disciplinario, mientras que la investigación penal, que estaba en manos de la Fiscalía, quedó archivada en una decisión que tomó el ente investigador el 18 de junio pasado.

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Catalina Vargas Vergara - @catavargas93

Judicial

Gina Parody, Cecilia Álvarez y el supuesto conflicto de intereses que las metió en problemas

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