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El pasado 13 de enero, la magistrada Blanca Lidia Arellano, del Tribunal Superior de Pasto, suspendió una resolución del Ministerio del Interior, en la cual se certificó a 104 municipios del Pacífico Nariñense como núcleos geográficos en los que se pretende asperjar con glifosato, donde, según el Gobierno, no sería necesario hacer consulta previa porque los territorios étnicos estarían excluidos. Los derechos de participación de las comunidades afro e indígenas fueron protegidos vía tutela, sin embargo, para el Gobierno se trató de una acción “omisiva” que va en contra de “mantener la seguridad nacional”.
En contexto: Decisión judicial retrasaría, de nuevo, objetivo del gobierno de reanudar fumigación con glifosato.
Tal fue la desazón por la determinación de la magistrada Arellano que, también a través de una acción de tutela, el Gobierno pretende proteger sus derechos al “debido proceso” y al “acceso a la administración de justicia”, pues la Resolución 001 de 2020 del Ministerio del Interior es una hoja de ruta clave en el debate por el retorno de la aspersión aérea con glifosato en Colombia. Incluso, la Dirección Antinarcóticos de la Policía, la cual estará encargada de la eventual estrategia, utilizó esa información para desarrollar su Plan de Manejo Ambiental (PMA) ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la magistrada Blanca Lidia Arellano se ha negado a resolver los recursos presentados desde el Gobierno, para levantar la suspensión de la resolución del Ministerio del Interior. La supuesta “omisión” de la juez del Tribunal Superior de Pasto incluso habría conducido el proceso de tutela hacía un trámite “improcedente, innecesario y dilatorio”, pues los reclamos del Gobierno fueron trasladados a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, una oficina que ya no existe y que fue reemplazada a principio de año por la Comisión de Disciplina Judicial.
“La conducta desplegada por la doctora Blanca Lidia Arellano de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, ha impedido continuar la actuación administrativa que debe adelantar la Policía Nacional para continuar la lucha contra las drogas, a través de la erradicación o fumigación de cultivos ilícitos, siendo una actividad legitima en la batalla contra el crimen y en persecución de fines constitucionalmente válidos como la garantía de la vida, salubridad y seguridad de las personas residentes del territorio colombiano”, alegó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
De acuerdo con el Gobierno, la aspersión aérea con glifosato es una alternativa legitima para solucionar el problema de los cultivos ilícitos en Colombia, que según el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, tiene a 96 Grupos Móviles de Erradicación y a 74 pelotones de soldados y policías trabajando en el territorio nacional. Según Ruiz, durante los primeros meses del año se han erradicado más de 7.000 hectáreas de cultivos ilícitos, sin embargo, se sigue en la puja por implementar la aspersión aérea con glifosato, que no se llevará a cabo hasta que la Policía cumpla con los requerimientos planteados por la Corte Constitucional. Entre ellos, una exhaustiva evaluación al riesgo a la salud y el medio ambiente.
En contexto: Abecé del borrador del decreto que prepara el camino para el regreso del glifosato.
Por otro lado, el Gobierno denunció que la magistrada del Tribunal Superior de Pasto propuso un “inexistente” conflicto de competencias, al remitir a otros despachos judiciales las solicitudes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. De acuerdo con la acción de tutela en contra de la magistrada Arellano, la juez se habría negado a fallar de fondo y, por tanto, estaría impidiendo que el Estado cumpla con sus funciones constitucionales en la lucha contra las drogas: “La negativa para fallar de fondo dentro de los términos de ley una acción de tutela no solo constituye una falta grave, sino que niega a las accionadas el acceso a la justicia e impide la garantía del debido proceso”.
Asimismo, el Gobierno le planteó al juez de tutela que la magistrada Arellano suspendió la resolución del ministerio del Interior y, tras superarse el tiempo para tomar una decisión de fondo, aún no tendría claro que hacer con el expediente. “En la presente controversia, dicha medida provisional (la suspensión) lleva en ejecución veintitrés (23) días hábiles, es decir, más del doble del tiempo de lo que constitucionalmente debería estar vigente, y lo cierto es que hasta la fecha no tenemos una decisión que levante o confirme la presunta vulneración de los derechos fundamentales”, dijo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.
En entrevista con Colombia 2020, el mismo día de la suspensión de la resolución, el colectivo Orlando Fals Borda, que pidió la protección de su derecho a la consulta previa, ordenados por la magistrada Arellano, explicó que con esa decisión se abre la posibilidad de que las comunidades afro e indígenas del pacifico nariñense sean tenidos en cuenta en el debate sobre la reanudación de la aspersión área con glifosato. “No se ordena la realización de la consulta, eso esperamos que suceda en la decisión de fondo, pero sí se suspende la orden de no hacer consulta previa”, explicó a mediados de enero pasado.
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Entre tanto, el Ministerio de Justicia ya presentó el borrador con el marco normativo sobre el control de riesgo para la salud y el medio ambiente, solicitado por la Corte Constitucional. La alta corte, en 2017, suspendió la aspersión aérea con glifosato hasta que se resuelvan las denuncias que, durante los últimos años, comunidades afro, indígenas, campesinos y colectivos de abogados han denunciado contra la estrategia nacional. El despacho de Gobierno planteó, por ejemplo, que la Policía Nacional destruirá las plantaciones, solo cuando exista un “concepto favorable de los organismos encargados de velar por la salud de la población y por la preservación y el equilibrio del ecosistema del país”.