:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/mPbHq4loccC8IX9CitMRPdlKOoQ=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/7BRMXEJZSND4PEZEHAFFSY7PPE.jpg)
En las instalaciones del Palacio de Justicia en Bogotá se dio inicio a la audiencia pública que busca hacer un seguimiento a las órdenes que emitió la Corte Constitucional en 2017, limitando el uso del glifosato en Colombia hasta que no se diseñara una estrategia que tuviera en cuenta el impacto de este químico sobre la salud de las personas. Se trata de una prueba de fuego para el gobierno del presidente Iván Duque, que se da justo en medio de la controversia sobre la posible objeción que hará el mandatario de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
En su intervención el presidente Duque, dijo que no es su interés controvertir las decisiones de la Corte sobre el glifosato, sino pedirle que no limiten el uso del herbicida para contrarrestar la "amenaza" que representa para el país el incremento de cultivos de uso ilícito. En su visión, se trata de un tema de orden público y no un choque de trenes. “No nos digamos mentiras, desde 2013 al primero de agosto de 2018, el país tuvo el más rápido crecimiento de su historia en cultivos. Se quintuplicaron. La cifra no es menor, el crecimiento fue del 64% por año”, dijo. Además, aseguró que en los municipios donde hay más cultivos ilícitos, hay más amenazas y crímenes contra líderes sociales".
El mandatario señaló que ese incremento es la evidencia de una amenaza al orden público en las zonas en las que se ha presentado, generando afectación en derechos al medio ambiente y generando distorsiones económicas. “Es una expansión tenebrosa, el debate no se centra en el herbicida”, dijo Duque al solicitar que estén disponibles todas las herramientas necesarias para poder combatir la amenaza. El presidente señaló que la disminución de las áreas cultivadas en el pasado se logró con un andamiaje que tenía, entre otros, la aspersión aérea con glifosato, siguiendo protocolos de no afectación a las comunidades.
“Seamos claros, esa expansión se da en el marco de una situación que amerita una alerta: este negocio ha entrañado un aumento de la productividad de las cosechas”, dijo. El Jefe de Estado llamó la atención sobre la cantidad de químicos que se necesitan para la producción ilegal de cocaína en Colombia. “Si el debate gira entorno al uso de químicos, también deberíamos considerar los usos indebidos de químicos que también produce una afectación a nuestra selva tropical”, señaló. Duque señaló que la aspersión es más efectiva que la erradicación manual, siendo esta última más costosa.
“Yo no vengo a pedir cheques en blanco, no vengo a minimizar ningún riesgo”, dijo al tiempo que aseguró que no tiene interés en controvertir los fallos de la Corte.
Así, Duque aseguró que los químicos de la cadena del narcotráfico también afectan el medio ambiente y que el negocio ilegal genera presiones sobre las comunidades. “Hay que buscar la sustitución de las economías ilegales”, señaló. Y afirmó que la aspersión y la sustitución de cultivos no son asuntos antagónicos. “Enfrentar el narcotráfico también implica la defensa de la paz. Magistrados, no se pueden limitar las herramientas. Limitarlas puede afectar la capacidad del estado”, agregó el presidente quien se quedó en la audiencia tras su intervención.
A su turno, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, expuso a la Corte medidas tomadas sobre los efectos del glifosato en la salud humana, entre los cuales está la revisión de múltiples estudios académicos. Y anunció que se están haciendo tres documentos técnicos al respecto, como un modelo de seguimiento a posibles daños a la salud ante un eventual programa de aspersión con el herbicida.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, en la misma línea que el presidente Duque, señaló que el narcotráfico es una amenaza y que Nariño, Putumayo y Norte de Santander tienen el mayor aumento de cultivos. "Colombia volvió a ser el mayor productor de cocaína. Existe una correlación directa entre los departamentos con más cultivas y en donde han ocurrido la mayoría de homicidios de nuestros líderes sociales", agregó.
Comunidades piden atención
Los magistrados del alto tribunal escucharán al personero de Nóvita (Chocó), Jarrison Gómez, pues una queja de dicha entidad municipal ante varias entidades del Gobierno fue el origen del fallo de la Corte hace dos años. En su intervención, Gómez señaló que el Gobierno no ha cumplido con las necesidades de las comunidades, más allá de las buenas intenciones. "Que sea la Corte la que mantenga su posición y que cumpla", dijo al tiempo que pidió inversión social para carreteras.
Por su parte, Víctor Darío Luna, representantes de los consejos comunitarios de Nóvita, Chocó, denunció serias afectaciones en la salud de la gente por el uso del glifosato y señaló que no son delincuentes por dedicarse a actividades ancestrales como la minería y los cultivos. "No somos criminales, es nuestra ancestralidad. Le hace más daño al país la corrupción. En Nóvita no tenemos salud, el hospital no tiene herramientas suficientes para atender una emergencia. Somos una región olvidada", dijo.
Luna denunció falta de presencia estatal. "Somos cultivadores, somos agricultores. No tenemos como sacar nuestros productos. Esa mata (coca) no ha llegó hace mucho y llegó por unos pocos. Queremos que nuestros hijos tengan estudios. Por el hecho que ejercemos la minería o algunos tengan unas matas de coca no somos criminales", agregó.
Los organismos de control
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que "Colombia no es una sociedad viable con 200.000 hectáreas de coca". ¿La razón? Según el fiscal "porque la coca nos está expropiando los dividendos de las Farc". Martínez aseguró que los homicidios están creciendo a una tasa del 30% por el control territorial en las zonas en donde están los cultivos. El fiscal dijo que el 7.5 % de los estudiantes en Colombia declaran haber consumido alguna vez cocaína en Colombia y señaló que hay evidencias de una relación entre el narcotráfico y la política regional.
"Tenemos que apelar a todos los instrumentos disponibles", dijo Martínez. Y citó como ejemplo la sustitución de cultivos. No obstante, dijo que la erradicación de cultivos no podría hacerse como quedó pactado en el acuerdo de paz de La Habana, con las Farc, porque al parecer se estaría tergiversando la directriz que tienen los auxilios monetarios. "El glifosato es una alternativa eficiente, preserva las vidas humanas", agregó.
Hablan los gobernadores
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, señaló que la droga produce una "esclavitud social" e indicó que la tarea de erradicación es tortuosa: "erradicar una hectárea de coca cuesta $8 millones". "Estamos perdiendo la guerra en la lucha contra la expansión de los cultivos. El gobierno parece un bonsái peleando contra gigantes", agregó. Antioquia es una de las zonas del país que más registra presencia cultivos de uso ilícito.
A su turno, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, señaló que el Estado debe actuar de una manera diferente a los criminales para atender esta problemática y cuestionó que en el Plan de Desarrollo solo se plantee la sustitución de cultivos para 17.000 hectáreas, lo que implicaría que el gobierno le daría mayor énfasis al uso del glifosato. “No podemos caer en el falso dilema de la acción integral. No hay integralidad en la lucha contra el narcotráfico ¿dónde está la acción integral? Si en el Plan Nacional de Desarrollo todo está encaminado a la fumigación
"Hoy, de las hectáreas sustituidas de manera voluntaria, el 0.6% ha reincidido", dijo. "Las familias están a la espera del cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria, a las familias que le están poniendo el pecho no les podemos salir con un chorro de babas".