Gobierno negó extradición de guerrillero implicado en el secuestro de los tres contratistas estadounidenses

En septiembre de 2015 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había avalado la solicitud presentada por una Corte de los Estados Unidos.

Mediante el acuerdo 002 del 6 de enero de 2016 el presidente de la República, Juan Manuel Santos negó la extradición de Octavio Orrego Sánchez, quien es requerido por las autoridades de los Estados Unidos por los delitos de concierto para participar en el delito de secuestro, secuestro, concierto para suministrar material de apoyo a terroristas y concierto para suministrar material de apoyo a terroristas.

Alias ‘Sebastián’ es investigado por su participación en la planeación y ejecución del secuestro de los contratistas Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes en hechos registrados el 12 de febrero de 2003 luego de que la avioneta en la que se movilizaban fuera derribada por las Farc en el Caquetá. Fueron liberados en la Operación Jaque el 2 de octubre de 2008, tras permanecer seis años y cuatro meses privados de su libertad.

En el decreto se indica que Orrego Sánchez, quien es requerido para comparecer a juicio por delitos mayores, hace parte de la guerrilla de las Farc “con quienes se están negociando un proceso de paz”, y si bien no hay un acuerdo final o definitivo. “se están sumando esfuerzos para aferrar los objetivos de la paz”.  (Ver Corte avaló extradición de guerrillero de las Farc por secuestro de tres estadounidenses)

“En uso de la discrecionalidad que le otorga la ley, el Gobierno Nacional negará la extradición del ciudadano Octavio Orrego Sánchez por los cargos de concierto para participar en el delito de secuestro, secuestro y ayuda y facilitación para el mismo, uso y porte de arma de fuego en un delito con violencia, concierto para suministrar material de apoyo a terroristas”, indica la decisión.

Se indica además que una vez “ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias. En septiembre del 2015 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había avalado la solicitud de extradición.