Gobierno objeta informe pericial de la Universidad Nacional sobre fracking

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A instancias del Consejo de Estado, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó reparos al estudio que presentó la universidad exponiendo reparos a la polémica técnica.

El Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol presentaron ante el Consejo de Estado objeciones a dos informes que presentó la Universidad Nacional sobre el fracking a petición del alto tribunal que estudia una demanda que busca que en Colombia no se pueda realizar la polémica técnica de extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Así lo anunciaron sus apoderados en el marco de una audiencia pública que se realizó este jueves en el proceso que, cabe recordar, tiene suspendida la práctica desde 2018.

Se trata de dos documentos: uno de 460 páginas firmado por seis peritos que advierten los riesgos de usar fracking para la extracción de hidrocarburos y de iniciar proyectos piloto de investigación, con base en evidencia científica. Y otro firmado por tres expertos que, aunque identifica riesgos potenciales de la actividad, estima que es posible manejarlos y mitigarlos. Las entidades oficiales presentaron “objeciones por error grave” y, además, presentaron un dictamen pericial contradictorio a los presentados por la Universidad.

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“Esas objeciones fueron radicadas este jueves por escrito y serán sustentadas. El Ministerio de Minas, acudiendo a los derechos que le asisten, ha preparado en conjunto con Ecopetrol una contra dictamen pericial en el que intervienen los profesionales Diego Andrés Rosselli, que es médico; el doctor Andrés Escobar, economista; el doctor Andrés Escobar (economista); el doctor José María Jaramillo (geólogo); el doctor Darío Naranjo Fernández, ingeniero sanitario; la licenciada química Yurani Carvajalino; y el ingeniero de petróleos Ricardo Osorio”, señaló el apoderado del Ministerio.

Los informes presentados por la Universidad Nacional respondieron a varias preguntas que realizó el magistrado Ramiro Pazos, quien tiene a cargo definir este trascendental asunto. Por ejemplo, si existe una aceptación científica de que el fracking afecta el medioambiente y la salud. Los expertos respondieron que en los países donde se ha prohibido o incluso en los que se sigue llevando a cabo esta técnica se ha evidenciado la contaminación del suelo, el aire y el agua “con los productos químicos utilizados en el fracking, varios de ellos demostradamente cancerígenos, con otros efectos adversos a la salud humana y animal”.

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El despacho también preguntó que pasaría si se aprobara el “fracking” en el país, es decir, cuáles serían sus beneficios económicos versus su costo en el medioambiente. Y los expertos concluyeron que “debido a las afectaciones al medioambiente, a la salud, a los sistemas de producción agrícola y ganadera y a la forma de vida de las comunidades, además de daños en la red nacional de carreteras y mayores gastos de los gobiernos locales en salud educación y administración de justicia, los beneficios económicos y sociales para el país se ponen muy seriamente en duda”.

Al hablar de impactos regionales, los expertos dijeron que la construcción de carreteras generalmente no pavimentadas propias de la industria del petróleo y el gas que levantan polvo que afecta a las comunidades; asimismo, la instalación de campamentos de perforación que someten a los vecinos a ruido, luz, gases tóxicos, entre otros, y las vías arteria del país verían un incremento en el transporte de carga.

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Además, le aclararon al alto tribunal, que “los riesgos de contaminación no provienen solamente del transporte de hidrocarburos (pues existen los gasoductos y oleoductos), sino del transporte y disposición de aguas de desecho, transporte y disposición de fragmentos de roca extraídos en la perforación, válvulas de alivio de presión de gasoductos”.

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