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En cabeza de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, cinco entidades públicas solicitaron la revisión del fallo que la Corte Constitucional profirió el pasado 5 de agosto en el que reconoció como comunidad ancestral afrodescendiente a los pobladores de la Isla de Barú, jurisdicción de Cartagena.
Se trata de la sentencia T-485 en la que el Alto Tribunal acogió las solicitudes hechas por la Asociación de Trabajadores de Turismo de Playa Blanca, y por Wilfrido del Río, quienes presentaron una tutela en agosto de 2012 para que se les tuviera en cuenta en procesos de consulta previa, en el marco de los desarrollos de proyectos con el fin de potenciar las economías locales.
Según los argumentos de Guillén, este fallo afecta a cinco entidades más, además de la Agencia de Defensa del Estado: el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Cartagena, el Incoder, el Fonade y la Dimar. "El fallo fue proferido sin tener en cuenta el material probatorio solicitado por el mismo Tribunal, que adicionalmente ya había fallado en una instancia anterior negando las tutelas que solicitaban el reconocimiento de los comerciantes nacionales y extranjeros como grupo étnico", explicó la Agencia, quien puntualizó que las pruebas que no se tuvieron en cuenta fueron fotografías, videos y testimonios que demostraban que quienes pidieron el reconocimiento como comunidad ancestral afrodescendiente, no cuentan con esa condición.
Además, las cinco entidades que solicitaron la revisión explicaron que el fallo de la Corte Constitucional violó las normas del debido proceso, desconoció los precedentes sobre reconocimiento de comunidades étnicas y constituye un grave antecedente que podría abrir la puerta para la privatización de las playas en Colombia. “Esta decisión pone en peligro todas las playas del país que, eventualmente, podrían ser reclamadas por grupos de ciudadanos que invadas y se auto reconozcan como comunidad ancestral”, expuso la Agencia.
Con relación a los proyectos turísticos que se han tratado de desarrollar desde 1999 en esta isla cerca a Cartagena, Guillén aseguró que en este momento no existe ningún trabajo en este sentido y que es importante tener en cuenta que el fallo al que se le solicitó la revisión, soló está relacionado con las comunidades que se encuentran establecidas en las playas públicas de Barú, y no por la construcción de proyectos del Estado o privados.
“La Corte falló solo con fundamento en el auto reconocimiento como comunidad étnica de un grupo de comerciantes, obviando elementos de carácter objetivo como la continuidad histórica o al presencia de antepasado en ese territorio en particular”, explicó la Agencia en cabeza de Adriana Guillén, quien concluyó explicando que además existió otra irregularidad en el proceso: el auto que anuló la inspección judicial fue notificado de manera posterior al registro del proyecto de fallo aprobado, y no existió la oportunidad para que las entidades involucradas lo controvirtieran.