Gobierno sabía desde enero que menores en Caquetá corrían riesgo de ser reclutados

En San Vicente del Caguán, el riesgo de los menores de edad de ser reclutados se ha incrementado por la presencia de disidencias de las Farc en esa zona. / EFE

En el debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero, el pasado martes 5 de noviembre, se conoció que por lo menos ocho menores de edad murieron tras un bombardeo de las Fuerzas Militares al campamento en Puerto Rico (Caquetá) en el que se escondía el líder disidente de las Farc, Gildardo Cucho. Al dar explicaicones, el ministro Botero dijo que, cuando se ordenó la operación, no se tenía conocimiento de que en el campamento podía haber niños. Aunque el reclutamiento de menores en esta región había sido advertido desde enero de este año.

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A través de una alerta temprana dirigida a la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la Defensoría del Pueblo le advirtió hace nueve meses al Gobierno y a diferentes entidades del Estado la grave situación de seguridad que se vive en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta). En concreto, le dijeron en su momento al Gobierno, los Frentes 7, 40, 1 y la Columna Móvil Teófilo Forero (CMTF) seguían operando en la zona tras darle la espalda al Acuerdo de Paz y representaban un gran riesgo para la población.

Según el documento, las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc habían avanzado en el control territorial en la región y habían aumentado considerablemente las acciones bélicas. “Estas situaciones —se alertaba en ese momento— han generado temor e incertidumbre en las comunidades y podrían causar nuevos ataques indiscriminados, amenazas, exacciones económicas, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, desplazamientos forzados y homicidios selectivos”.

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De hecho, uno de los escenarios de riesgo advertidos en la alerta temprana era, precisamente, “reclutamiento forzado y utilización de niños, niñas y adolescentes”, con lo cual el organismo le pedía al gobierno tomar acciones urgentes. La Defensoría estaba particularmente preocupada, dado que los niños, por orden de la Constitución, deben recibir una especial protección, pero el panorama es gris para la infancia y adolescencia en San Vicente del Caguán.

Específicamente, el documento contiene un mensaje para la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y la Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, conformada por diferentes entidades de gobierno: “Coordinen las acciones necesarias, en términos de políticas y estrategias para prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de actores armados ilegales en el municipio de San Vicente del Caguán; en particular, se recomienda revisar y asistir técnicamente al municipio en mención, en el ajuste del plan de prevención de reclutamiento y el funcionamiento del equipo de respuesta rápida”.

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La controversia por este operativo, en el que murió el líder disidente Gildardo Cucho, inició desde el pasado martes 5 de noviembre, cuando el senador Roy Barreras mostró en el debate de moción de censura a Botero un informe de Medicina Legal. Allí se informaba que el pasado 2 de septiembre "se recibieron 16 bolsas de evidencias (...) de cadáveres completos e incompletos, junto con múltiples segmentos anatómicos de diferentes características". La veracidad del documento está confirmada por la Fiscalía, que señaló hoy que no son siete los menores que murieron en el bombardeo, como dijo inicialmente el congresista, sino ocho, y que las indagaciones continúan. 

Finalmente, los cuerpos fueron identificados por sus huellas dactilares y en el documentos revelado el pasado martes se lee que, entre los cuerpos que fueron entregados a la Fiscalía como bajas, había siete menores de edad: Aibimiller Morales, de 17 años; Wilmer Alfredo Castro, de 17; Diana Medina, de 16; José Rojas, de 15; Jhon Edison Pinzón, de 17; y Ángela María Gaitán, de 12. Del octavo menor que murió en el bombardeo todavía se desconoce su nombre.