Gobierno venezolano dice que captura de Alex Saab fue arbitraria e ilegal

Veinticuatro horas después de confirmarse la captura del al empresario barranquillero Álex Naín Saab Morán, quien está en la mira de las autoridades por supuestamente estar al servicio de una red ilegal de lavado de dinero del erario en Venezuela, el gobierno de ese país se pronunció al respecto. En un comunicado, el canciller venezolano Jorge Arreaza señaló que el arresto del ciudadano colombiano cercano a ese régimen “corresponde a todas luces con las acciones de agresión y asedio contra el pueblo venezolano emprendidas por el Gobierno de los Estados Unidos”. Según el alto funcionario del vecino país, Saab se encontraba en ese país de manera transitoria (haciendo escala).

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Arreaza también señaló que este realizaba gestiones -no precisa en qué país- “para garantizar la obtención de alimentos para los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), así como medicamentos e implementos médicos y otros implementos de caracter humanitario para la atención de la pandemia del COVID-19”. Según, el Departamento del Tesoro en EE. UU. el control de los CLAP, que entregaba subsidios a más de seis millones de familias, fue una estrategia de control social del gobierno Maduro para ganar adeptos y castigar a la oposición.

Alex Saab fue incluido en la Lista Clinton junto con sus empresas, sus hijos, su socio Álvaro Pulido Vargas y su hijo y los hijos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Todos supuestamente participaron de un esquema que lavó millones de dólares producto de la corrupción en el programa de subsidio alimenticio que creó el gobierno de Nicolás Maduro en 2016. Según el portal venezolano Armando Info, en 2017, a través de un complejo entramado societario se apropiaron de los CLAP.

“Violando todas las normativas y procedimientos el Sr, Saab Morán fue detenido de manera irregular por parte de las autoridades de la Interpol en Cabo Verde el 12 de junio, pese que para el momento no existía código rojo vigente en el sistema de ese organismo de coordinación policial internacional. Tras su detención arbitraria, el día 13 de junio, la Interpol emite una extemporánea orden de captura para justificar la detención, sin tomar en consideración a la inmunidad diplomática que el derecho internacional le concede a un agente de un gobierno soberano”, señaló la Cancillería.

El 25 de julio de 2019, él y su socio Álvaro Pulido Vargas, fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de US$350 millones. Según el indictment (escrito de acusación) presentado ante una corte del Distrito Sur de la Florida, los dos empresarios habrían lavado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas localizadas en Estados Unidos, aprovechando el sistema de cambio regulado que existe en el vecino país.

Además, habrían sobornado a funcionarios venezolanos para “obtener ventajas injustas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados a la importación de materiales y bienes de construcción”. Estas coimas también habrían servido, según el Departamento de Justicia, para acceder al sistema de cambio controlado de Venezuela y garantizar que sus pagos fueran realizados en dólares americanos, basados en la misma documentación falsa y fraudulenta que habría sido aprobada por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.