Grabación de agosto de 2015: ecos de un diálogo sobre el caso Odebrecht

La revelación de una conversación privada entre Jorge Pizano y Néstor Humberto Martínez, antes de ser fiscal, abre un nuevo capítulo en la investigación contra la firma brasileña en Colombia.

Néstor Humberto Martínez y Jorge Enrique Pizano. Archivo El Espectador.

La revelación del audio de una conversación entre el ingeniero Jorge Pizano y el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, realizada en agosto de 2015, en la cual el primero advertía a Martínez sobre irregularidades en la contratación de la Concesionaria Ruta del Sol, tiene alborotado el mundo judicial y político. En esencia, el diálogo plantea que Martínez, quien acababa de dejar el Ministerio de la Presidencia y ya sonaba para fiscal, sabía, por vía de Pizano, sobre pagos irregulares de Odebrecht a la concesionaria, aunque no era claro cuál era el propósito de esos pagos.

Pizano falleció el pasado jueves 8 de noviembre en su finca de Subachoque, aferrado a su versión de que fue él, en calidad de controller de la Concesionaria Ruta del Sol, la primera persona que advirtió sobre esos pagos irregulares. De hecho, preocupado por la orientación judicial del caso, en agosto pasado buscó a Noticias Uno para entregarle la conversación con el abogado Martínez, condicionando su publicación a que se hiciera si él moría o si terminaba convirtiéndose en testigo protegido en Estados Unidos.

La Concesionaria Ruta del Sol fue una alianza empresarial entre la firma brasileña Odebrecht y la colombiana Episol, filial de Corficolombiana, perteneciente al Grupo Aval. Esta concesionaria se ganó en 2009 la licitación para la construcción del segundo tramo de la vía Ruta del Sol, que unía al centro del país con la región Caribe. Las declaraciones de Pizano contradicen la versión que los directivos del Grupo Aval han dado sobre este caso: que nada sabían de los sobornos que pagó Odebrecht. Esas mismas palabras se las dijeron a sus accionistas en Estados Unidos.

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Sobre la muerte de Pizano, la primera información es que se trató de un infarto. Pero la tragedia para la familia Pizano no terminó ahí, pues tres días después, el domingo 11 de noviembre, su hijo Alejandro murió en la misma finca. El joven arquitecto llegó de Barcelona para acompañar a su madre y sus hermanas, y ese domingo fue hasta Subachoque a recoger las pertenencias de su papá. En medio de esa tarea, al parecer, tomó agua de una botella que estaba en la mesa de noche del cuarto en el que murió Jorge Pizano, y minutos después empezó a convulsionar. Camino al hospital murió. Medicina Legal determinó que Alejandro Pizano murió por ingesta de cianuro, por lo que la Fiscalía anunció que abrirá una investigación para determinar las causas de su muerte, al igual que la de su padre.

El audio y la defensa del fiscal

El audio que dejó Pizano fue grabado en la oficina de Néstor Humberto Martínez en agosto de 2015. En la conversación, Pizano, el controller de la Concesionaria Ruta del Sol, le explicó al hoy fiscal que había hecho una investigación durante varios años en la que se dio cuenta de varios contratos que presentaban anomalías y que, aunque había intentado presentarles sus hallazgos a los directivos, tanto de Odebrecht como de Episol, no había obtenido respuesta. El ingeniero, uno de los principales responsables del control y monitoreo de la información financiera y contable de la concesionaria, entregó la documentación que recopiló entre 2010 y 2017. Martínez, a su vez, le hizo llegar el paquete de pruebas a Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Tal fue el impacto de lo que Pizano le entregó al fiscal que su respuesta fue: “Pero, entonces, no sea hijueputa, son unos pícaros, marica, entonces... se putió esta compañía, esta compañía se putió, hermano”. Martínez insistió en preguntarle cuál era el destino del dinero de los contratos que cuestionó el controller. Preguntó si era para financiamiento de grupos paramilitares, para corrupción e incluso si era para pagarles coimas a gobiernos extranjeros o a funcionarios en Colombia. La respuesta de Jorge Pizano fue que no tenía la certeza para afirmar quién era el destinatario de esa plata.

Al trascender la conversación entre Pizano y el entonces abogado Martínez, el jefe del ente investigador, a través de un comunicado de prensa, respondió a los señalamientos. Martínez aclaró que la información que le dio Pizano la recibió el propio Sarmiento Angulo y con base en ella “los consorciados llegaron a un acuerdo por virtud del cual Odebrecht se obligó a reintegrar al Consorcio Ruta del Sol la suma de $33.000 millones de los contratos cuestionados”. Para lograr este acuerdo, tanto Odebrecht como sus socios en Colombia le encargaron al hoy fiscal la redacción de un contrato de transacción en el que, además de concretar el mecanismo para devolver la plata, pactaron que cada empresa renunciara a acciones o reclamaciones judiciales para asegurar gobernanza a futuro.

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Con carácter confidencial, el contrato fue fortalecido con un otrosí en abril. Martínez agregó que, en su asesoría para el contrato de transacción, la empresa brasileña no reconoció “que dichos pagos fueran ilícitos, al extremo que —se me dijo— habían presentado un informe de una firma de auditoría internacional en ese sentido, pero que para mantener el acuerdo de asociación se había llegado a dicho reintegro. Solo con la investigación de la Fiscalía en 2017 se pudo establecer con certeza que los ‘hallazgos’ de Pizano estaban relacionados con coimas”.

Además de explicar que la reunión con Pizano se concretó por su vieja amistad con el ex controller, y que su actuación no fue otra que la de actuar de intermediario entre el ingeniero y Sarmiento, el fiscal señaló que el ente investigador nunca investigó a Pizano por este asunto. En cambio, desde 2014 la Fiscalía adelantaba pesquisas en su contra por supuestas irregularidades en el contrato para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas cuando oficiaba como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. En octubre de 2017 le anunciaron imputación de cargos por los delitos de peculado, cohecho e interés indebido en celebración de contratos.

Sin embargo, la audiencia contra Pizano nunca se realizó y en noviembre lo echaron de la concesionaria. “Solicité al presidente de la concesionaria (Eder Ferracuti) que me explicara cuáles fueron las razones de la junta directiva para mi retiro. Creo que fue una forma de retaliación por parte de los administradores de la concesionaria por los informes que presenté”, recalcó Pizano el 23 de enero ante un Tribunal de Arbitramento en el que la Concesionaria Ruta del Sol 2 pidió una indemnización de $750.000 millones. Antes de morir, el ingeniero presentó una demanda contra la concesionaria por su despido, según él injustificado. Su argumento es que, ante las alertas emitidas, se convirtió en una persona incómoda para los empresarios.

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Las alertas de Pizano

Antes de esa reunión con el fiscal general, en su función como controller Jorge Pizano emitió alertas de presuntas irregularidades en la contratación de la Ruta del Sol 2 desde 2012. Esos informes fueron presentados al entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, hoy preso por el pago de coimas al exviceministro Gabriel García Morales durante la adjudicación del contrato en 2009. Jorge Pizano entregó información no solo a la Fiscalía, sino a la Procuraduría, a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y también al Tribunal de Arbitramento.

Entre las pruebas que facilitó Jorge Pizano hay correos electrónicos en los que advertía al presidente de la Concesionaria Ruta del Sol, Eder Ferracuti, y a otros directivos de Corficolombiana sobre aprobaciones irregulares para el pago de obras que no se ejecutaron. Por eso señaló que varios de los funcionarios de la concesionaria en las áreas administrativas, financieras, contractuales y de operación no estaban cumpliendo con el manual de contratación que se implementó desde septiembre de 2012. Según Pizano, no quedó registro de los contratos firmados tanto por la concesionaria como por Consol, el consorcio creado para manejar el desarrollo de las obras.

Así corrieron los años y Pizano nunca fue escuchado, a tal punto que, según él, se volvió “cansón” exigiendo el cumplimiento de los procesos de calidad. Todo cambió el 19 de junio de 2015, día en que cayó Marcelo Odebrecht, el presidente de la multinacional brasileña, por el esquema de corrupción que montó en 12 países del mundo. Las alarmas en Corficolombiana se encendieron y por fin escucharon a Pizano. La prueba es que seis días después, el 25 de junio, Pizano envió un documento a Corficolombiana con información de los contratos en los que había encontrado reparos. Ese informe llegó a manos de José Elías Melo, de los representantes del Grupo Aval en la junta directiva de la Concesionaria Ruta del Sol, Alberto Mariño y Gustavo Antonio Ramírez, y del vicepresidente contralor del grupo económico, Rafael Eduardo Neira.

En su informe, Pizano alertó sobre 18 “casos especiales” en los que se hallaron pagos irregulares entre marzo de 2013 y abril de 2015. Pizano continuó buscando ayuda y en agosto de ese mismo año llegó a las oficinas de Néstor Humberto Martínez, quien era asesor jurídico del Grupo Aval. Martínez le dijo que toda esa información llegaría a manos de la familia Sarmiento. Esa es la razón por la cual le siguieron pidiendo explicaciones a Pizano, quien elaboró un segundo informe que entregó en octubre de 2015. En ese reporte agregó más empresas con contratos sospechosos que sumaban más de $21.000 millones en pagos.

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En medio de esa búsqueda por las irregularidades encontradas, su par en Consol, Javier Mejía, le solicitó ayuda para verificar la información financiera. En total, Pizano encontró pagos en entredicho en la Ruta del Sol 2 por algo más de $55.000 millones. Varias de las empresas mencionadas en los reportes del controller ya son hoy conocidas por haber servido como vehículo para el pago de sobornos a funcionarios y políticos que colaboraron con los intereses de Odebrecht. Inversores Profesionales, Gestora de Proyectos de Infraestructura, Profesionales de Bolsa, Ingream S.A.S., Consorcio Sion, RGQ Logistics, Consorcio Torrosa, Asesores Presoam S.A.S. y Consultores Unidos fueron algunos de los mencionados.

El ambiente de tensión entre Odebrecht y Corficolombiana creció a tal punto que se decidió firmar un contrato de transacción en marzo de 2016. Ocho meses después de firmado estalló el escándalo en Colombia. Martínez ya era candidato a la Fiscalía y hasta inicios de 2017 se declaró impedido por su cercanía con el Grupo Aval. A Jorge Pizano lo sacaron de su puesto como controller, según él, de forma injustificada. Luego le anunciaron la imputación de cargos por el caso Tunjuelo-Canoas y fue entonces cuando decidió contar su verdad.

El Grupo Aval envió un comunicado en el que lamentó la muerte de Jorge y Alejandro Pizano y aseguró que lo afirmado por Pizano en la entrevista que salió al aire este fin de semana no es nuevo: “Como Grupo Aval lo ha expresado en sus llamadas con accionistas y en entrevistas a medios, a mediados de 2015 se tuvo conocimiento del reporte de Pizano en el que alertaba acerca de ciertos contratos efectuados a través de Concesionaria que, a su modo de ver, parecerían ser cuestionables pues se referían a objetos duplicados y a obras que no se llevaron a cabo. Ni el informe de Pizano, ni ninguna otra información conocida en aquel momento permitían que ni Corficolombiana ni persona alguna pudiera afirmar que dichos contratos y los pagos efectuados como consecuencia de éstos estuvieran relacionados a los sobornos”.

Un panorama no tan favorable en Estados Unidos

Jorge Pizano decidió colaborar con las autoridades norteamericanas. El FBI llegó hasta Colombia y le tomó su declaración. Su idea era ser testigo protegido en ese país, donde la justicia está tras la pista de presuntas irregularidades que se cometieron en el escándalo de Odebrecht. Por el momento, el único episodio que se conoce que podría tener implicaciones en Estados Unidos es un pago de US$2,7 millones que recibió la empresa de Eduardo Zambrano, Consultores Unidos, en Panamá y que luego se movió por el sistema financiero estadounidense. Ese dinero sería parte de las coimas que se repartieron en Colombia.

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Lo que se sabe también es que un grupo de agentes de la justicia de Estados Unidos está en Colombia recopilando información sobre si se les escondió información a accionistas estadounidenses y que Jorge Pizano era una de sus principales fuentes humanas. A su vez, el Grupo Aval explicó que en febrero de 2017, mediante una llamada de conferencia, informó a sus accionistas y analistas de lo que conocía hasta ese momento y señaló que solo se enteraron de los pagos de sobornos cuando la Fiscalía inició sus pesquisas. “Rechazamos cualquier afirmación que pretenda señalar que Grupo Aval conoció, antes de diciembre 21 del año 2016, que Odebrecht había efectuado pagos de sobornos para obtener los mencionados contratos”, dijo en su comunicado, y agregó que están dispuestos a cualquier requerimiento de las autoridades.