Grabaciones delataron a Emilio Tapia

El detenido excontratista, clave en develar los tentáculos del carrusel de Bogotá, fue imputado en los juzgados de Paloquemao.

Emilio Tapia al momento de ingresar a los juzgados de Paloquemao en Bogotá. / Gustavo Torrijos - El Espectador

La Fiscalía está convencida de que el excontratista Emilio Tapia, al tiempo que confesaba su participación en el saqueo a Bogotá y enfilaba su dedo acusador contra la plana mayor del exalcalde Samuel Moreno y varios concejales que ya aceptaron su responsabilidad, también estaba buscando esconder la millonaria fortuna que ganó ilícitamente a través de una red de testaferros. Grabaciones en poder del ente investigador evidenciarían esta movida: la compra de lotes, fincas, casas y hasta aviones y helicópteros habría quedado documentada en las interceptaciones.

Al cierre de esta edición, en los juzgados de Paloquemao se legalizaba la captura de él y de su socio Carlos Joli Herrera, mientras el CTI de la Fiscalía trataba de ubicar a otro señalado testaferro llamado Jesús David Sierra Aldana, primo de Tapia, y de otro particular del que aún no se ha revelado su nombre. Paralelamente, el fiscal de la Unidad de Lavado de Activos que adelanta la investigación, también legalizaba el allanamiento que se hizo a la residencia del excontratista del club Los Nogales, al norte de Bogotá. La Fiscalía indaga si Tapia hizo millonarios giros al exterior a través de terceros.

Los investigadores interceptaron durante seis meses el teléfono de Tapia y fueron constatando que alrededor de él, al parecer, se movía una gigantesca red de contactos para mover negocios, licitar en contratos públicos y servirse de empresas fachadas para darles visos de legalidad a los dineros que obtuvo gracias al pago de coimas en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá. Al llegar a los juzgados de Paloquemao su abogado, Jesús Albeiro Yepes, insistió en que a Tapia se le violó el debido proceso. A puerta cerrada un juez de garantías escuchaba anoche las evidencias de la Fiscalía y las refutaciones de la defensa del cuestionado excontratista.

Desde que estalló el escándalo por el millonario desfalco a Bogotá, el nombre de Emilio Tapia Aldana comenzó a circular en las pesquisas de la Fiscalía y en los medios de comunicación. Por sus mismas confesiones se pudo determinar que en el entramado de corrupción era el hombre de confianza de los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, al punto de tener línea directa con ellos, definir el pago de comisiones o negocios que debían ser repartidos para “engrasar” concejales con el fin de que no hicieran debates de control político; además oficiaba como enlace de otros contratistas y, como si fuera poco, licitaba con sus propias empresas de construcción. Sus confesiones le permitieron a la Fiscalía armar buena parte del rompecabezas del cartel.

Sin embargo, hoy Tapia se enfrenta no sólo a un nuevo delito por lavado de activos, sino a que la Fiscalía lo procese por otros tres delitos sobre los que ya había conseguido un preacuerdo que todavía no había sido avalado por un juez. Desde hace más de un año estaba Tapia en negociaciones con el objetivo de que por su colaboración se le redujera sustancialmente la oferta de sentencia que había hecho la Fiscalía, que era de 13 años de prisión domiciliaria. No obstante, esta investigación paralela fue llevando a la cúpula de esa entidad a mantener sus reservas sobre Tapia y sus delaciones.

Después de meses de pesquisas, de confrontar los audios interceptados, su presunta red de testaferros y los movimientos financieros que estaba haciendo aparentemente ilegales, se determinó capturarlo en la misma Fiscalía mientras adelantaba una diligencia con el fiscal del caso del carrusel, Juan Vicente Valbuena. A pesar de que desde distintos sectores sociales se venía pidiendo una especie de tatequieto a Tapia, quien solía pasársela en conciertos privados, de rumba en rumba, de compras para su matrimonio al que asistirían 250 invitados, entre otro largo etcétera de eventos, la Fiscalía, sin ocultar su molestia por tratarse de un confeso procesado, mantuvo los acuerdos pactados en vista de las revelaciones del excontratista.

Hoy el panorama para Emilio Tapia está cuesta arriba. Podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión, su negociación con la justicia quedó frenada en seco, sus socios procesados y su credibilidad en el limbo. Al cierre de esta edición aún se legalizaban las capturas y allanamientos en Paloquemao. Esta nueva imputación lo puso por fin contra las cuerdas. A pesar de que hay consenso en la propia Fiscalía sobre la efectividad de su colaboración, también es cierto que si se constata que seguía delinquiendo, se demostraría que las confesiones de Tapia, además de develar la mano larga del cartel, pretendían desviar la atención de las autoridades mientras seguía