Grupo Nule busca reversar fallo que les duplicó condena por el 'carrusel'

Los contratistas fueron sentenciados en segunda instancia a 14 años de prisión por el delito de peculado por apropiación.

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la defensa de los miembros del Grupo Nule radicó una acción de casación que pide la revisión de la decisión emitida por el Tribunal Superior de Bogotá.

En la acción judicial se le pide al alto tribunal que tome una decisión sobre el fallo emitido a mediados de este año y el cual les aumentó la pena por el delito de peculado por apropiación en el proceso por el llamado carrusel de la contratación.

En su argumentación señalaron que con dicha decisión les fueron vulnerados sus derechos puesto que han colaborado con la justicia entregando información para desenmarañar el llamado escándalo de los contratos en Bogotá.

Vale recordar que en la decisión de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá aumentó a 14 años y 11 meses de prisión la pena de Miguel, Manuel y Guido Nule por su participación en las irregularidades que rodearon la obtención y ejecución de tres multimillonarios contratos viales en Bogotá.

Por su parte, Mauricio Galofre, considerado el principal socio del Grupo Nule, fue condenado a 10 años y seis meses de cárcel, puesto que solamente participó en la celebración de dos contratos viales en la capital de la República.

Igualmente en los últimos días se conoció la radicación de una acción de tutela que busca reversar la decisión del fiscal General, Eduardo Montealegre, para anular las negociaciones del preacuerdo a mediados de este año.

En este sentido la defensa de los contratistas argumentan que el ente investigador les vulneró su derecho a su defensa luego de tumbar el cese de la acción judicial en su contra por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento privado y cohecho.

La Fiscalía buscaba otorgarles dicho beneficio a cambio de información clave sobre los contratos viales, sin embargo después de un análisis se determinó que dicha colaboración no había sido tan efectiva y los documentos entregados eran ya conocidos por la Fiscalía.