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La imparcialidad de la magistrada Cristina Lombana Velásquez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue cuestionada por sus propios compañeros, quienes alegaron que actualmente tiene una doble condición: la de jurista de alta corte y la de mayor del Ejército Nacional. Así lo dejaron plasmado al momento de estudiar una recusación que presentó el senador Iván Cepeda y separarla de dos procesos que se adelantan en contra el senador Álvaro Uribe, lo que generó que Lombana presentara una tutela asegurando que estaba siendo discriminada.
Pero la pelea la perdió en el Consejo de Estado que ratificó que la ley de administración de justicia estableció una prohibición a los militares en servicio activo para ocupar cargos dentro de la Rama Judicial. Con ese panorama, Lombana deberá enfrentar nuevas recusaciones que se han presentado en su contra pidiendo que la magistrada no haga parte de sendas investigaciones. Así lo hicieron recientemente los congresistas Gustavo Bolívar y Alberto Castilla.
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¿En qué casos? Gustavo Bolívar tiene un proceso en la Corte Suprema por la serie de televisión de Caracol Televisión llamada El Bronx, escrita por él. Esto ya que Andrés Gutiérrez, persona en quien se basa la historia, lo señala de haber plagiado su vida. Para Bolívar, no es garantía de imparcialidad que Lombana sea miembro activo del Ejército Nacional. A su juicio, se vulnera “la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución".
En documento conocido por El Espectador se indica que por la doble condición de Lombana “las investigaciones de las que ella haga parte no brindarán las garantías judiciales que entrega la Constitución, especialmente a los parlamentarios que nos declaramos en oposición al gobierno nacional”. Lo propio hizo el congresista Alberto Castilla quien enfrenta un proceso judicial por supuestos vínculos con la guerrilla del ELN desde marzo de 2018 cuando la Fiscalía compulsó copias en su contra.
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Aunque Castilla insiste en su inocencia, para él no tiene presentación que una mayor activa del Ejército lleve el caso o haga parte del proceso investigativo. Ya que, si lo están señalando de tener supuestos vínculos con el ELN, es un hecho que esa organización se ha opuesto ideológicamente al orden institucional que representa el Ejército Nacional. “Su calidad de oficial, sus deberes como tal y su interés de desempeñar un buen cargo sesga su objetividad y parcializa su postura ante el asunto que hoy es investigado”, señaló su abogado Juan David Albarracín.
“Más cuando se investiga delitos en los que se vinculan a los investigados como presuntos miembros del ELN, enemigo natural de la institución del poder Ejecutivo. Esta calidad es incompatible con el concepto y principio de independencia judicial, así como al principio de separación de poderes”, agregó el abogado en la recusación. A estas dos se suma una que presentaría en su contra el periodista Daniel Coronell quien está enfrentado con el senador Álvaro Uribe en un caso de injuria y calumnia y pesa otra más de la periodista Claudia Julieta Duque. ¿Cuál es la situación de Lombana en la Corte?
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Fuentes consultadas por El Espectador aseguran que la controversia sobre la magistrada Lombana es el episodio más grave que actualmente enfrenta la Corte Suprema de Justicia y hasta se ha pedido tratar el asunto en la Sala Plena. Lombana fue elegida por esa Sala Plena y antes de posesionarse ante la Presidencia, realizó una declaración juramentada de que no tenía incompatibilidad alguna para ejercer el cargo. La controversia reside en si Lombana está ejerciendo dos cargos al mismo tiempo o no.
La magistrada está en una comisión administrativa de servicios permanente, por un término indefinido, de acuerdo con la resolución N° 7182 de 5 de octubre de 2018 del Ministerio de Defensa. Lomaba ha asegurado que esto es posible gracias al decreto 1790 de 2000 que dice que se puede destinar al personal de las Fuerzas Militares en comisión en distintas entidades públicas.
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De hecho, el 28 de septiembre de 2018, fue la propia Lombana Velásquez quien solicitó al comandante del Ejército Nacional que iniciara el trámite para la “expedición de la resolución que disponga la comisión administrativa (…) para adelantar los trámites ante la Presidencia de la República para la correspondiente posesión”. A esto se suma que la magistrada recibe su sueldo $34 millones entre las Fuerzas Militares y la Rama Judicial. Este diario estableció que la Rama le descuenta uno poco más de $2 millones, por motivos de primas, que recibe de parte del Ejército cada mes.
De acuerdo con allegados a la magistrada, los señalamientos en su contra serían injustos porque en ningún momento se expresó por parte de sus compañeros de la Sala de Instrucción un hecho concreto que indicara que ella tenía un interés en favorecer al Ejército Nacional o Álvaro Uribe en los procesos que se le adelantan en contra del expresidente por presunta manipulación de testigos. Ni tampoco se especificó un beneficio personal en el fallo que la sacó de esos casos.
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Para Lombana según estableció este diario, los pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que apuntan a que la justicia penal militar no es el mecanismo idóneo para investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, no tienen en cuenta reformas legales colombianas recientes. Ni tampoco el hecho que ella no ha tenido nunca mando, ni ha ordenado operaciones militares pues desde que llegó al Ejército ha sido juez. Por ahora, Lombana deberá responder las nuevas recusaciones en su contra y la Sala de Instrucción deberá pronunciarse nuevamente.