Gustavo Malo recusa a los magistrados que llevan su juicio por el cartel de la toga

El suspendido magistrado de la Corte Suprema de Justicia asegura que los tres magistrados de la Sala de Primera Instancia de ese mismo tribunal no pueden llevar su caso, por supuesta falta de garantías. La audiencia tuvo que aplazarse.

Redacción Judicial
27 de junio de 2019 - 03:26 p. m.
El suspendido magistrado Gustavo Malo Fernández llegó custodiado por el CTI a la Corte Suprema ya que se encuentra detenido. / Gustavo Torrijos - El Espectador
El suspendido magistrado Gustavo Malo Fernández llegó custodiado por el CTI a la Corte Suprema ya que se encuentra detenido. / Gustavo Torrijos - El Espectador

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia aplazó la audiencia de juicio contra el suspendido magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, quien es procesado por supuestamente estar involucrado en el caso de corrupción conocido como el cartel de la toga. La razón es que Malo y su abogado defensor, Antonio Luis González, recusaron a los tres magistrados que llevan el caso, alegando falta de garantías. La suspensión del caso impidió que este martes hiciera su declaración en el juicio el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, quien también está preso por este escándalo.

La primera recusación fue presentada por Gustavo Malo en contra del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera. De acuerdo con el acusado, Caldas Vera no puede hacer parte de su juzgamiento porque tenía conocimiento previo de algunas de las actuaciones incluidas en el proceso en su contra. El sindicado aseguró que en marzo de 2018 le ofreció el cargo de magistrado auxiliar de su despacho a Caldas Vera (que en ese momento se desempeñaba en la Procuraduría) en reemplazo de Camilo Andrés Ruiz, quien también ha sido mencionado en este caso.

(En contexto: Magistrado Gustavo Malo, a la cárcel mientras es investigado por cartel de la toga)

Según Malo, Ruiz fue desvinculado de sus funciones por estar presente en reuniones con investigados por la Sala de Casación Penal, entre los que estaban los exsenadores Otto Bula y Bernardo el Ñoño Elías, procesados por el escándalo de Odebrecht. Malo afirmó que, en el proceso de vinculación, que nunca se finalizó, le contó a Caldas Vera en reiteradas ocasiones las "verdaderas" razones por las que apartó a Ruiz de sus funciones. Y Caldas -según Malo- quien ahora es miembro de la Sala Especial de Primera Instancia, no habría comunicado o expresado las actuaciones del exmagistrado auxiliar cuando tuvo conocimiento de la acusación en su contra. 

En junio de 2018, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que investigara al exmagistrado auxiliar Camilo Ruíz por presuntamente recibir 200 millones de pesos para dilatar un proceso al interior de despacho del magistrado Gustavo Malo. De acuerdo a los señalamientos de la Fiscalía, durante el juicio al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, Ruiz habría recibido dicha suma como pago por su acción dilatoria en la investigación contra Nilton Córdoba Manyoma.  

Lea aquí: Cartel de la toga: Gustavo Malo es llamado a juicio en la Corte Suprema).

La segunda recusación fue presentada por la defensa en contra de los otros dos magistrados. Antonio Luis González señaló que no había las garantías de imparcialidad en el proceso ya que los magistrados resolvieron una hora antes de la audiencia y declararon dilatoria una solicitud de pruebas que la defensa había realizado con una semana de anterioridad. “No es posible que en horas de la mañana de hoy hayan resuelto una petición que se les hizo hace ocho días. Y de manera apresurada, en una hora, resuelvan diciendo que es un acto de dilación de la defensa”, declaró el abogado a la salida de la diligencia. 

Cabe recordar que Malo fue acusado por el Congreso de la República por, supuestamente, hacer parte del cartel de la toga, que acudía a congresistas y otros aforados que eran investigados para “favorecerlos con decisiones o impidiendo aperturas formales de investigación, a cambio de altas sumas de dinero” . Entre quienes habrían pagado, estarían el exsenador Musa Abraham Besaile, que habría dado $2.000 millones para dilatar la apertura de una investigación en su contra y el exsenador Álvaro Ashton, que habría entregado $1.200 millones con el fin de que se archivara una indagación preliminar en su contra, “adelantada por sus relaciones con el Bloque Norte de las Autodefensas.

Por Redacción Judicial

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