Gustavo Moreno: el testigo clave que fue extraditado

Luis Gustavo Moreno fue escoltado ayer por integrantes de la Dijín y de la Interpol. / Cortesía Dijín

“La lucha contra la corrupción es global y ya no existe refugio para la impunidad”. Con esas palabras, cuando apenas cumplía dos meses como fiscal general, Néstor Humberto Martínez le comunicó al país uno de los propósitos de su “plan de gobierno” en la Fiscalía: extraditar a los corruptos. Martínez habló de hacer con ellos lo mismo que se empezó a hacer con los narcotraficantes desde los años 80, enviarlos a cárceles en el extranjero –principalmente Estados Unidos–, sometidos a justicias más duras y eficientes que la colombiana, para que así se enviara el mensaje de que la corrupción en Colombia no iba a ser tolerada más.

Este jueves 17 de mayo, a la 1:20 de la tarde, salió en un avión rumbo a Estados Unidos la primera persona con quien el fiscal general vio cumplida su iniciativa de extraditar a corruptos. Era, además, la persona que él mismo escogió como jefe anticorrupción dentro de la Fiscalía, uno de los cargos más sensibles en la entidad y que más confianza requiere. Se trataba de Luis Gustavo Moreno Rivera. Apenas horas antes, un juez de la República había aceptado su principio de oportunidad, lo cual confirmó que Moreno será testigo de cargo en varios procesos que aún están en curso por el cartel de la toga.

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Vestía de forma impecable, con un traje azul oscuro, una camisa azul claro y el chaleco antibalas con el que se hizo habitual verlo en las diligencias a las que asistió en la Comisión de Acusación, la Fiscalía o la Corte Suprema. Fue capturado el 27 de junio en su propia oficina, ante los ojos atónitos de sus subalternos y otros funcionarios de la Fiscalía que no salían del asombro al ver que uno de los suyos, cuya misión era combatir el crimen, podía hacer parte del bando de los criminales. Algunos, incluso, lo defendían. Se negaban a creer que Moreno mereciera ser investigado o detenido.

En menos de cuatro días, Moreno mismo sacó a todos de las dudas: “Padre, perdóname porque no supe lo que hice”, escribió en una carta que terminó en manos de todos los medios de comunicación. “Me equivoqué y asumiré mi error”, dijo entonces. Y cumplió. Moreno se convirtió en el testigo clave de la justicia para tratar de desenmarañar hasta dónde había llegado el poder corruptor del llamado cartel de la toga, esa “organización criminal” –palabras de la Fiscalía– que pedía dinero a cambio de influir en decisiones judiciales que salían principalmente de la Corte Suprema.

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Gracias a las delaciones de Moreno se empezaron a conocer detalles de la red de corrupción de la que habrían hecho parte dos expresidentes de la Corte Suprema: Francisco Ricaurte y José Leonidas Bustos. El primero era muy cercano a Moreno, al punto que el magistrado Gustavo Malo, quien también ha sido muy amigo de Ricaurte, le admitió a este diario que siempre que vio a Moreno fue en eventos organizados por Ricaurte –que eran claros indicadores de una relación estrecha entre ambos–, como cumpleaños o invitaciones a la finca del exmagistrado.

Ricaurte, quien ha negado su responsabilidad en estos hechos y sostiene que es inocente, fue detenido en septiembre pasado y llamado a juicio en diciembre del año pasado. Su arresto y posterior traslado a la cárcel La Picota fue una de las consecuencias de las confesiones de Moreno. La Comisión de Acusación también abrió investigaciones contra José Leonidas Bustos y contra Gustavo Malo. Ellos dos han tildado a Moreno de mentiroso, hasta de “protagonizar su propio libro”, en referencia a la obra Los falsos testigos, en la que Moreno documentó casos de gente que había llegado a enfrentar procesos penales debido a confesiones engañosas de testigos malintencionados.

Hasta antes de su detención, Moreno era un tipo popular. Había trabajado como asesor en el Congreso, había abierto una oficina de abogados con exmagistrados como Ricaurte y como Ruth Marina Díaz; los medios lo presentaban como un hombre ampliamente estudiado; fue asesor de la fiscalía de Eduardo Montealegre –a quien Moreno también salpicó en sus delaciones y Montealegre, en respuesta, lo denunció–. El Moreno que fue trasladado ayer a Estados Unidos era un abogado paria, del que pocos querían saber. “Tengo el convencimiento, como ser humano y como persona privada de la libertad, de mi arrepentimiento”, dijo en la última audiencia en que tuvo el chance de hablar.

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En Estados Unidos, la Corte del Distrito Sur de la Florida lo requirió por los delitos de conspiración para lavar de dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario. En su mismo proceso iba Leonardo Pinilla, quien también fue enviado ayer al país norteamericano y, hasta su captura –fueron arrestados el mismo día–, fue un hombre de toda su confianza. El caso por el que cayeron fue el de Alejandro Lyons: la DEA los grabó pidiéndole dinero al exgobernador de Córdoba a cambio de frenar las investigaciones en su contra. Pero, una vez capturados, quedó claro que ese caso era apenas el principio de lo que se convirtió en el peor escándalo de la justicia colombiana