Habeas Data pasó en la Corte Constitucional

El alto tribunal avaló con consideraciones el proyeto que dicta disposiciones generales para la protección de los datos personales.

La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló con consideraciones el proyecto de Habeas Data, haciendo serias observaciones al inciso segundo del artículo 31 el cual fue declarado inexequible, considerando que se debe revisar el aparte que mencionaba la posibilidad de entregar datos sin que medie orden de autoridad competente pone en juego el derecho a la intimidad y al buen nombre de los ciudadanos.

Según la decisión de la Corte la forma en cómo estaba redactado este inciso dejaba las puertas abiertas a graves trasgresiones al buen nombre, y al derecho a la intimidad de los ciudadanos. Advierte que el mismo artículo establece la regla general y las excepciones, lo cual es irrazonable e inaceptable en términos constitucionales.

Agrega que si un dato se obtiene sin el consentimiento previo de su titular, y salvo que se trate de uno de las excepciones previstas en la ley, se está ante una vulneración del artículo 15 de la Constitución. El mismo riesgo correría el dato obtenido, cuando se lo haga circular. Por esta razón, la Corte lo eliminó de la norma.

El alto tribunal hizo énfasis en el hecho de que el artículo 31 regula los casos en que no es necesaria la autorización del titular, que la información sea requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, y que se trate de datos de naturaleza pública, no presentan mayor inconveniente.

La Corte explica que el primer evento está en cumplimiento de deberes legales, caso en el cual la protección de datos debe ceder en lo estrictamente necesario para ejercer dichas funciones o acatar los mandatos judiciales.

En el segundo, al ser de naturaleza pública, no hay objeto de protección del derecho ya que según la Constitución, pueden ser obtenidos y ofrecidos sin reserva alguna y sin importar si la misma sea información general, privada o personal.

En este punto se explica que como ocurre con los actos normativos de carácter general, los documentos públicos, en los términos del artículo 74 de la Constitución, y las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas, los datos sobre el estado civil de las personas o sobre la conformación de la familia.

Según el presidente de la Corte, Juan Carlos Henao, se "tumbó" además el artículo 29, que establecia que el Departamento Administrativo de Seguridad DAS o cualquiera que ejerciera su función tendrá a su cargo los registros delictivos y al expedir los certificados por petición ciudadana, se abstendrá de incluir como antecedente penal los registros delictivos del solicitante cuando este haya cumplido su pena o la misma haya prescrito.

Igualmente se tumbó el artículo 27 en el que el Gobierno Nacional regulaba el manejo de datos personales sin previa autorización del titular o de autoridad competente.

Además se declaró inexequible el artículo 30, el cual señalaba a que las bases de datos de inteligencia o archivos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia, deberán guiarse por los tratamientos de datos establecidos en el plan nacional de inteligencia y por la junta de inteligencia conjunta, así como en las demás normas legales aplicables. Agrega que la autorización de una orden de operaciones o misión de trabajo solamente podrá ser emitida por un servidor público del nivel directivo, comando o su equivalente.