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Los casos de acoso sexual y laboral en la Universidad de Ibagué salieron a la luz pública el año pasado, tras la denuncia de la profesora Mónica Godoy, quien fue despedida del plantel educativo por la presión que ejerció al hacer públicos varios hechos de acoso laboral a las vigilantes de la institución. Aunque en el caso de Godoy, la Corte Constitucional ordenó su reintegro en la institución, los casos de acoso continúan con un objetivo: silenciarlas. El Espectador conoció el caso de Margarita*, una de las mujeres que ha sido víctima de este flagelo y en cuyo caso la Fiscalía ya logró una imputación de cargos en contra del presunto agresor, el pasado 16 de julio.
Margarita entró a trabajar a la institución en 2013 junto con otras cinco mujeres para integrar el equipo de seguridad de la universidad. Un equipo que, según contó Margarita a este diario, llevaba aproximadamente 32 años siendo conformado solo por personal masculino. El primer año de trabajo no hubo problemas y todo se manejó dentro de la normalidad. Sin embargo, pasado ese año, inició lo que sería un calvario para ella y sus compañeras, quienes empezaron a ser víctimas de presunto acoso por parte de algunos de sus colegas y, sobre todo, del supervisor.
“En algunos puestos de trabajo había teléfonos, más que todo en las porterías. Él llamaba y me decía que yo estaba muy buena. Me pedía que me diera media vuelta y que le sonriera, porque él podía verme desde las cámaras que supervisan todos los puestos de trabajo”, reveló Margarita a El Espectador. Para ella y sus compañeras era una situación que no tenía otra solución más que aprender a soportar. Soportar, aunque doliera, pues no podían perder su empleo. En su caso, era consciente de que debía responder por su hogar, ya que es madre cabeza de familia.
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Fue así como Margarita aprendió a callar. Con el tiempo las cosas fueron empeorando y ya no solo eran comentarios obscenos que debía recibir por teléfono y radio, sino que el supervisor se atrevió a tocarla. “Cuando él me saludaba me apretaba fuerte contra su cuerpo e incluso llegó a olerme el cuello. Fueron dos veces en las que tuve turno un domingo, él me pidió que llegara a un lugar en donde no había registro de cámaras y me tomó a la fuerza y empezó a realizar movimientos de cadera frotándose contra mi cuerpo”, contó Margarita.
Tal acción fue suficiente para que la mujer se atreviera a hablar. Antes de tomar acciones legales, presentó un informe ante el Comité de Convivencia de la Universidad de Ibagué en el que hablaba de presuntos acosos sexuales y laborales a ella y sus compañeras. Como respuesta empezó a ser víctima de acoso laboral por parte del supervisor y por lo menos seis compañeros más, quienes según ella describe, “empezaron a hacerles la vida imposible”. Humillaciones, malos tratos e injusticias labores, entre otros, son algunos de los actos que tuvieron que soportar Margarita y sus compañeras en ese periodo.
“No teníamos derecho a crecer personalmente o a querer aspirar a algo más que ser vigilantes porque ellos se burlaban, nos tenían apodos y aprovechaban cualquier excusa para molestarnos. Nos degradaron mucho”. Tiempo después, con aval de la Universidad, se abrió un espacio liderado por la docente Mónica Godoy, quien pudo escuchar de boca de las trabajadoras los constantes abusos a los que eran sometidas. Sin embargo, la universidad también le dio la espalda a la docente y la despidió en agosto de 2017. Ante esto Godoy presentó una tutela que fue seleccionada por la Corte Constitucional que, en un fallo histórico, amparó los derechos de la profesora y le dio espaldarazo a la lucha contra el acoso sexual y laboral en institucionales universitarias. Para la Corte Constitucional no había duda alguna de que el despido de Godoy fue consecuencia de su defensa de las mujeres de la universidad que habían denunciado. Este debate, visto desde la academia o los conductos regulares, puede tener múltiples respuestas, pero ante los abusos contra las vigilantes sigue quedándose corto.
Mónica Godoy denunció en su momento hechos que demostraban acoso sistemático, entrelazado por una inevitable relación de poder, ya que el supervisor era el principal agresor. Por eso, con el despido la docente fue temporalmente silenciada. Pero Margarita se atrevió a contar su historia, aunque su trabajo y estabilidad económica dependieran de ello, tomando la vocería sobre su caso y el de sus compañeras. Situación que, según ella relata, empeoró las cosas porque los abusos y las amenazas con ser despedida e incluso demandada por supuesta injuria fueron cada vez más frecuentes.
(Lea: Una decisión histórica contra el acoso sexual)
Fuentes cercanas a la Fiscalía aseguraron a este diario que se identificaron otros casos de acoso a las vigilantes que aún no han sido denunciados. “Sabemos de cuatro personas más que pudieron haber sido víctimas de ese acoso sexual y posterior persecución laboral. Hay que empoderar a las mujeres, que ellas puedan saber que sí pueden acudir a otras autoridades. Pueden ir a una comisaría de familia, a una Secretaría de la Mujer, a un consultorio jurídico, incluso a los mismos medios de comunicación.
La idea es que sean conscientes de que tienen derechos y deben ser respetados”, aseguró el funcionario cercano al proceso.Tiempo después, el supervisor involucrado no continuó trabajando en la universidad pues, según lo informó Margarita, la seguridad dejó de ser contratada directamente con la institución educativa y pasó a ser parte de una empresa mucho más grande. Algunos de los agresores, incluyendo el supervisor, fueron trasladados y ya no están en la Universidad de Ibagué. Por su parte, la institución, en respuesta a los cuestionamientos y los hechos relacionados con el despido de la profesora Mónica Godoy, envió un comunicado a la opinión pública asegurando lo siguiente: “La Universidad de Ibagué, conocedora del orden jurídico y respetuosa de los fallos judiciales, acata en su integridad la decisión tomada por la Corte Constitucional de reintegrar de manera inmediata a la profesora Mónica Godoy, así como reconocer el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta el momento de su reintegro”, explicó la institución en un comunicado.
Respecto a las denuncias de acoso sexual y laboral señaló: “La Universidad de Ibagué reconoce la importancia de continuar trabajando en la adopción de políticas, estrategias o rutas de prevención y mitigación de las actuaciones que constituyan violencia de cualquier tipo al interior de la institución, estableciendo una especial estrategia para la atención de casos de violencia de género que puedan ocurrir. Somos una institución de educación superior en la que el 55,4 % de nuestros estudiantes son mujeres, y el 56 % de quienes conforman el equipo directivo también lo son”.
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El proceso de Margarita sigue en pie. Pero el calvario para algunas de las trabajadoras continúa. Así lo aseguró una fuente cercana a las víctimas, quien señaló que varias de ellas siguen siendo hostigadas para que retiren las denuncias y no hablen. La investigación para determinar si el supervisor incurrió o no en acoso sexual y laboral aún continúa. Incluso, ya se compulsaron copias para iniciar una investigación para otros casos de personas que también pudieron haber sido víctimas de esta situación.
Sin duda, denunciar resulta ser un acto de valentía, de aceptación a una vulneración que con el tiempo y el silencio puede llegar a doler más. Puede costar, pero, según como lo contó Margarita, es un acto que al final vale la pena tan solo intentar. “Para mí fue importante exponer lo que estaba sucediendo. Sin duda es la mejor manera de liberarse de situaciones que duelen, que lo pueden llevar a uno hasta dejar de querer vivir. Sé que se vienen cosas más duras porque, al denunciar, una se vuelve la mala, la que daña la imagen de una empresa”.
*Los nombres de los personajes fueron cambiados por seguridad de las víctimas.