'Por hacinamiento se podrá declarar emergencia carcelaria'

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, explica puntos claves del nuevo Código Penitenciario y Carcelario que radicará este jueves en el Congreso de la República.

La ministra Ruth Stella Correa asegura que aumentar penas no ha incidido en la percepción de seguridad.  / Óscar Pérez
La ministra Ruth Stella Correa asegura que aumentar penas no ha incidido en la percepción de seguridad. / Óscar Pérez

Hoy, a las 8 a.m., la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, estará en el Capitolio Nacional para radicar uno de los proyectos de ley más importantes para su cartera: el nuevo Código Penitenciario y Carcelario. En entrevista con este diario, la alta funcionaria señaló que su propuesta prioriza la integración de los internos en la actividad económica del país y asegura que el Ministerio está trabajando en un documento Conpes para que cualquier reforma penal futura tenga que ser aprobada previamente por el Consejo de Política Criminal.

¿Cuál es la columna vertebral de este nuevo Código Penitenciario y Carcelario?

Apunta fundamentalmente a rescatar la misión resocializadora de la pena. Esta propuesta está dirigida a que los centros de reclusión sean mirados incluso por el sector empresarial como un foco de mano de obra importante para el desarrollo de la actividad industrial, como sucede hoy con la cárcel La Badea de Pereira, donde las reclusas ofrecen maquila al sector industrial.

La resocialización, se supone, siempre ha sido el objetivo de los castigos penales. ¿Qué es lo nuevo que ofrece este proyecto?

Se establecen obligaciones claras por parte de varias entidades para cumplir con esa finalidad resocializadora, como impartir educación en los centros de reclusión o consagrar el trabajo como un derecho y un deber. La idea es que el estudio y el trabajo, más que como una forma de redimir penas, sean vistos como una manera de resocializar al individuo, para que cuando salga tenga un oficio que le permita alejarse del crimen y la delincuencia.

¿Usted cree que los medios pedimos demasiada cárcel?

Creo que piden cárcel en los casos necesarios. El Congreso va a tener que reflexionar si vale la pena aumentar penas, porque lo que uno ve es que en los últimos dos años más de 31.000 personas han sido recluidas y esto en nada ha incidido en la percepción de seguridad. Está fallando la política criminal del Estado.

¿Y qué se está haciendo para solucionar esa falla?

El Ministerio de Justicia viene trabajando en un proyecto de política criminal que espera convertir en documento Conpes. La idea es tener en cuenta todas esas variables al momento de determinar si un hecho debe o no ser elevado a la categoría de delito y cómo debe cumplirse la pena.

Pero el Congreso en los últimos años se ha dedicado a aumentar penas, no hace estudios financieros, las cárceles no dan abasto y el crimen sigue ahí, intacto.

En el proyecto que se elevará a documento Conpes se propondrá que antes de que un acto sea calificado como crimen tiene que obtenerse un concepto favorable del Consejo de Política Criminal, que será vinculante. Se va a incluir también que el impacto económico y la capacidad de respuesta estatal sean tenidos en cuenta en el momento de aprobarse una ley que tipifique una conducta o aumente penas.

¿Se ha contemplado declarar el estado de emergencia carcelaria?

Si nos vamos a lo que el actual Código Penitenciario define como estado de emergencia carcelaria, no hay elementos para salir de la situación presente. El Ministerio de Justicia viene trabajando en los problemas carcelarios desde mucho antes de que los medios lo visibilizaran, como en la ampliación de cupos o en la estructuración de las seis megacárceles, cuya contratación para ser construidas será una realidad este año a través del sistema de asociación público-privada.

¿Qué incluiría el nuevo Código Penitenciario sobre el estado de emergencia carcelaria?

Que la superpoblación en los centros de reclusión sea uno de los supuestos para declarar el estado de emergencia y la posibilidad de que pueda ser declarado en todo el país o puntualmente en el centro afectado. Se adiciona la posibilidad de celebrar distintos contratos, como construir cárceles nuevas.

Una de las causas del hacinamiento son las solicitudes de libertad represadas. ¿Qué se está haciendo al respecto?

Desde el año pasado hemos solicitado de manera reiterada a la Judicatura que se nombren nuevos jueces de ejecución de penas. Nos dijeron que con el plan de descongestión de este año se van a nombrar 73. La propuesta que hacemos en el Código Penitenciario también comprende que haya suficientes jueces para atender esas solicitudes y que además sean resueltas a través del sistema oral para dar celeridad al trámite. Adicionalmente, se habilitarían espacios para que en los centros de reclusión funcionen algunos juzgados de ejecución de penas.

¿Crear la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios ha servido?

Esa unidad se creó para quitarle al Inpec las funciones de administración ‘hotelera’ de las cárceles, como la alimentación. Su arranque ha sido incipiente, con un presupuesto insuficiente, pero hay que dejar que despegue, ha cumplido lo que le corresponde.

¿Se agrega en la propuesta del nuevo Código algo sobre contrataciones directas?

Proponemos modificar una norma del Estatuto de Contratación que establece cuáles son los casos en que se puede contratar de manera directa por seguridad nacional, para incluir la construcción de establecimientos de reclusión y la contratación de sistemas de vigilancia como eventos de seguridad nacional.

En Colombia no existe una prisión de máxima seguridad, ¿se piensa construir alguna?

La modificación al Código Penitenciario propone la construcción de una cárcel de máxima seguridad que cumpla con todas las especificaciones necesarias para albergar una población carcelaria compleja que hay en Colombia.

¿Usted diría que somos una sociedad vengativa?

Creo que somos una sociedad que se ha sentido atemorizada frente a muchos hechos, que cree que la única forma de purgar una condena es la cárcel, que únicamente está preparada para que la acción penal se traduzca en prisión intramuros. Creo que el tema es cultural y más inversión social puede llevar a cambiar esa mentalidad.

¿Cómo transformar esa percepción colectiva de que justicia sólo es cárcel?

Ese es un proceso que no se da de manera mediática, sucederá lentamente y exigirá una cultura ciudadana que tenga en cuenta las condiciones que implica la privación de la libertad, y que tenga en cuenta que la justicia restaurativa también es una opción. Esto, por supuesto, no aplica para todos los delitos porque hay delitos que atemorizan.

En Twitter: @dicaduran