“Hacker” Andrés Sepúlveda pide ser incluido en la JEP

La defensa de Sepúlveda, condenado a 10 años de prisión, asegura que está en prisión por delitos políticos, que tuvieron relación con el conflicto armado colombiano y el proceso de paz con las Farc.

Cristian Garavito - El Espectador

Con la intención de beneficiarse de la Ley de Indultos y Amnistías de la Jurisdicción Especial para la Paz, la defensa de Andrés Sepúlveda entregó al juez tercero de ejecución de penas de Ibagué un documento de 42 páginas en el que argumenta que todos los delitos por los que el hacker fue condenado “son conexos con el delito político” y fueron cometidos con el fin de perpetuar el conflicto colombiano y torpedear el proceso de paz con la guerrilla de las Farc.

Sepúlveda fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, espionaje, uso de software malicioso, acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales, luego de que aceptara haber infiltrado el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc y haberse comprometido a colaborar en los procesos relacionados con las supuestas interceptaciones ilegales durante la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.

El “trabajo sucio” realizado por Sepúlveda se desarrolló, entre otros países, en Honduras, donde apoyó al expresidente Porfirio Lobo Sosa; en Costa Rica, trabajando para la campaña de Johnny Araya del Partido de Liberación Nacional en 2014 (quien no obtuvo la victoria); en Panamá con el candidato de izquierda Juan Carlos Navarro, también en las elecciones de 2014; en Venezuela trabajando en contra del chavismo y espiando los correos personales de Diosdado Cabello; y por supuesto en Colombia, trabajando para Álvaro Uribe Vélez apoyando su reelección a la presidencia en 2006 y la fallida campaña de óscar Iván Zuluaga que lo llevó a estar tras las rejas.

El hacker se convierte así en la cuarta persona cercana al senador Álvaro Uribe que pide pista en la JEP, luego del exministro Diego Palacio y los generales Jesús Arías Cabrales y Jaime Uscátegui, quienes una vez fue aprobada la justicia especial manifestaron su interés por que sus casos fueran tratados bajo la Jurisdicicón Especial para la Paz.