“Haré mi trabajo independientemente de lo que piensen los investigados”: Superindustria

Pablo F. Robledo, quien viene denunciando un presunto cartel que habría conformado ocho empresas de seguridad privada, explica por qué se debe seguir investigando el supuesto cartel de seguridad.

Pablo Felipe Robledo es el Superintendente de Industria y Comercio. Archivo
Pablo Felipe Robledo es el Superintendente de Industria y Comercio. Archivo

¿Qué opina de que Moreno lo haya denunciado penalmente?

Esa historia es muy larga. Cuando yo llegué a la Superintendencia de Industria y Comercio en octubre de 2012, una de las investigaciones importantes que se estaban adelantando en la administración del exsuperintendente José Miguel de la Calle era la relacionada con un presunto cartel en la seguridad privada en Colombia. Dicha investigación se encontraba en indagación preliminar en ese momento. (Lea: “Pablo Felipe Robledo es un mentiroso”: Jorge Moreno)

Para abril del año 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio (Sic) tenía prácticamente listo el acto administrativo mediante el cual se le formularía pliego de cargos a ocho empresas de seguridad privada y a varias de las personas naturales vinculadas a esas empresas bien sea como socios, como administradores o bien como controlantes ocultos de esas empresas.

¿Y qué pasó? ¿Por qué solo se formuló el pliego hasta más de un año después?

A raíz de la expedición del Estatuto anticorrupción en abril de 2011, las colusiones en licitaciones públicas se convirtieron en delito castigable con pena privativa de la libertad (entre 6 y 12 años) y por esto, la Superintendencia se abstuvo en ese momento de formular el pliego de cargos y le comunicó a la Fiscalía General de la existencia de esa investigación preliminar, para que adelantara la investigación que diera lugar por la comisión del delito de prácticas restrictivas de la libre competencia al interior de licitaciones públicas. La Superintendencia con el ánimo de no interferir en las pesquisas de la Fiscalía aguantó la expedición del pliego de cargos en la presunta cartelización.

¿Cuándo entra Orlando Barrios en el panorama, antes o después de lo que me comenta?

Año y medio después, a finales del año 2014, la Sic recibió al señor Orlando Barrios que había sido representante legal de una de las empresas involucradas en el presunto cartel. ¿Por qué ese señor nos buscó? Él mismo me manifestó que fue porque para ese momento la Superintendencia ya le había formulado pliego de cargos a las empresas productoras de pañales y a varios de sus directivos y exdirectivos en lo que se conoce como el presunto cartel de los pañales; así como ya se habían formulado pliego de cargos contra empresas involucradas en lo que se conoce como el presunto cartel del papel higiénico. Ese señor entendió que los ex directivos de las empresas podrían ser vinculados en cualquier momento a las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y se acogió al programa de beneficios por colaboración. Él habló personalmente conmigo y me manifestó su interés de someterse al programa y durante tres días rindió declaración ante la Superintendencia y firmó el convenio de colaboración. Pero adicionalmente la Fiscalía lo recibió en varias declaraciones y lo vinculó por medio de un principio de oportunidad a sus indagaciones. Incluso hubo gestiones para vincularlo al programa de protección de testigos, pero finalmente no lo hizo. Varios meses después el señor Jorge Moreno denunció al Superintendente de Industria y Comercio y a varios de sus funcionarios bajo el argumento de que en la Sic lo habíamos presionado para que se suscribiera en el programa de beneficios por colaboración. Nosotros no conciliamos, Orlando Barrios, si concilió con Jorge Arturo Moreno Ojeda y procedió a retractarse de todo lo que había dicho ante la Fiscalía y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

¿Usted por qué cree que él se retractó de lo dicho?

La situación es bastante confusa. Porque entre otras cosas, como él se retractó, yo personalmente lo denuncié penalmente por el delito de injuria y calumnia. Yo soy denunciante por lo que él dijo en su retractación sobre los funcionarios de la Superintendencia y del papel que yo como superintendente jugué en su proceso de delación. Le repito que fueron más de tres días, ¿cómo va a decir que nosotros lo obligamos y que luego lo obligó la Fiscalía? Por esta denuncia que yo puse hubo una audiencia de conciliación en la que yo propuse, como denunciante, que dijera la verdad, que es que él había ido por sus propios medios a la Fiscalía y a la Superintendencia. Pero él no aceptó.

¿Usted sabe si Orlando Barrios estaba mencionado en las investigaciones que ya había adelantado la Sic cuando él fue a declarar?

En 2011, cuando yo aún no estaba en la Sic, se hicieron visitas administrativas de inspección a la empresa en la que Orlando Barrios era gerente, Cobasec. Allí, un agente no quiso mostrar el computador, ese agente era Orlando Barrios. Cuando eso pasa la Superintendencia abre una sanción por obstrucción de la investigación, y Barrios, para evitar la sanción, llevó el cmputador a los pocos días a la Sic. Los funcionarios le preguntaron antes de la entrega si había borrado algún archivo y él les dijo que no. Pero la Superintendencia tiene todas las formas para rastrear los archivos borrados, y los expertos lograron recuperan una serie de correos electrónicos que son en gran medida los más importantes de la investigación. En septiembre de 2014, tres meses antes de Barrios fuera a declarar, yo como superintendente le puse una multa a Cobasec por obstrucción de la investigación por un valor de $1.330 millones. Es evidente que ese señor es clave en la investigación, y nosotros desde el primer momento lo teníamos listo para formularle pliegos. Lo más importante de sus declaraciones fue que le entregó de nuevo a la Superintendencia los correos que ya teníamos desde 2011, es decir, quedábamos doblemente asegurados de esas pruebas.

¿Estuvo usted en algún interrogatorio de Orlando Barrios?

Jamás. Yo fui la primera persona en recibirlo en la Superintendecia, pero él no rindió declaraciones ante mí, porque esa no es mi función. Yo le expliqué el programa, le dije en qué consistían los beneficios, le dije que lo pensara muy bien si quería vincularse porque eso podía tener alguna repercusión en su contra en materia penal, le dije que si estaba seguro, que me preocupaba su seguridad porque estaba declarando en contra de unas personas vinculadas a unas empresas que tienen armas, pero él me dijo que estaba dispuesto a colaborar. Eso fue en las horas de la mañana de un viernes. Su declaración empezó en las horas de la tarde de ese día, y se prolongó durante sábado y lunes. Duró tres días.

Moreno dice que usted tiene una bronca personal contra él porque él reveló que el testigo clave de la Sic, Orlando Barrios, era falso. ¿Cuál es su posición al respecto?

Entre el momento en que se hicieron los operativos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y el momento en que apareció el delator, transcurrieron más de tres años. Y año y medio antes de que apareciera Barrios, la Sic ya había denunciado ante la Fiscalía General la existencia del presunto cartel de la seguridad privada, y además, ya tenía listo el pliego de cargos, sin la necesidad de que hubiera ningún delator. No es verdad que la Superintendencia de Industria y Comercio basara sus investigaciones en la llegada de un delator. Él colaboró con algunos hechos y ayudó a esclarecer algunos hechos y a confirmar algunos de los hallazgos preliminares de la Superintendencia. La investigación se inició tres años antes y además, no se inició durante mi administración. Esa averiguación preliminar se hizo en virtud de una denuncia que hizo el instituto colombiano de Bienestar Familiar en el año 2011 y en la administración del doctor De la Calle. Este es un caso heredado por mí.

Moreno asegura que la Sic tiene correos personales de él ilegalmente obtenidos, ¿ustedes tienen correos de él y cómo fueron obtenidos?

Nosotros tenemos muchísimos correos en esta investigación y en todas las demás. Si usted revisa las investigaciones por presuntos carteles en sectores como el papel higiénico, el cemento, cuadernos o el azúcar, va a encontrar correos electrónicos de las empresas y de las personas naturales que estarían involucradas en los actos que investiga la Superintendencia. También hay documentos que se extraen de los computadores y todo tipo de comunicaciones que la Sic adquiere en virtud de sus funciones de inspección, vigilancia y control, las cuales le permiten exigirle a cualquier persona que es objeto de investigaciones, que exhiba las comunicaciones o documentos digitales y físicas que considere pertinentes. Tener correos de este señor o de las empresas de seguridad privada no es ninguna novedad. Acá es importante mencionar que el señor Jorge Moreno y las empresas de seguridad privada han promovido más de 120 acciones de tutela alegando todo tipo de violaciones al debido proceso y las han perdido todas.

¿Por qué asegura que Moreno había tenido injerencia en el proyecto de ley sobre vigilancia privada?

Yo he dicho una cosa que es parecida, pero distinta. Yo lo que he dicho es que objetivamente, leyendo la norma que estaba en el artículo 85 del proyecto de ley de seguridad privada que se hundió esta semana, había una norma que sepultaba las investigaciones de presunta cartelización en el sector y que beneficiaba a una persona: Jorge Moreno. Independientemente de cómo llegó ese artículo ahí, de lo cual no tengo ninguna certeza, es claro que sepultaba las investigaciones de la Fiscalía.

Moreno niega tener relación con cualquier otra empresa que no sea Guardianes, ¿qué evidencia tiene la Sic de lo contrario?

La línea de investigación de la Superintendencia indica que él sería el controlador oculto de varias empresas de seguridad privada en Colombia. Cuando a un lo acusan de controlador oculto, no está formalmente en los documentos, porque precisamente de eso se trata esa figura.

¿Cuáles son las pruebas que ustedes tienen para comprobar que él es este controlador oculto?

La investigación no está a mi cargo, eso lo tiene el superintendente delegado, entonces en eso habría que revisar el expediente para ver cuáles son las pruebas específicas en que se soporta la investigación. Lo único que le puedo decir es que si hay pruebas se procederá de conformidad.

Después de los anuncios públicos que usted ha hecho en el tema de Jorge Moreno, ¿se considera imparcial para revisar el caso una vez llegue a su despacho?

Si yo no tengo la suficiente imparcialidad, cuando el expediente esté en mi despacho tendré que considerar si me declaro impedido o no. Si hay alguna circunstancia que me genere impedimento, pues así lo haré. En el caso contrario no podré hacerlo.

¿Por qué tiene sentido investigar a Moreno?

Si un presunto cartel empresarial que estaría involucrado en 252 procesos de contratación estatal ante 149 entidades, y en presupuestos que superan los $300 mil millones, no es un caso para investigar en Colombia, entonces, ¿cuál sería?

Jorge Moreno dice que es un mentiroso, ¿qué le responde?

Que soy un funcionario público que hace y hará su trabajo con absoluta independencia de lo que piensen que manera favorable o desfavorable las personas que la Superintendencia investiga.