'Hay 1.972 casos por delitos ambientales'

La fiscal Gloria Rangel, jefa de la Unidad de Delitos Ambientales, dijo que detrás de los recursos naturales siempre hay un interés económico.

Gloria Elsa Arias Rangel, jefa de la Unidad contra Delitos Ambientales de la Fiscalía, que fue creada el 29 de diciembre de 2011. / Liz Durán

La Unidad contra Delitos Ambientales de la Fiscalía ha comenzado a ser una de las grandes protagonistas para poner freno a los proyectos mineros que poca reglamentación tienen en el país. La jefa de la unidad, Gloria Elsa Arias Rangel, manifestó que el trabajo realizado ha permitido emitir 30 condenas el año pasado por daños generados al medio ambiente. Agregó que detrás de los recursos ambientales siempre hay un interés económico y que hay que diferenciar entre minería ilegal, ilícita y criminal.

¿El caso Drummond es uno de los primeros resultados de la Unidad?

La Unidad ha venido adelantando grandes investigaciones y hemos sido operativos, porque la parte ambiental no se conoce en escritorio. Hemos realizado más de 100 operativos que van desde la minería, incluyendo pesca ilegal y el tráfico de flora y fauna. Hemos tenido énfasis en la parte de minería por la difícil situación que representa.

¿Cuáles son los lineamientos de investigación de la Unidad?

Se trabaja el tema de tráfico de especies, tanto de fauna como de flora, minería, contaminación generada por empresa. Analizamos las 5.500 denuncias que tenía la Fiscalía. Entendemos el modus operandi y esto nos permite llegar a un plan de acción para determinar las tres líneas de investigación de delitos ambientales.

¿Cuáles son las tres grandes líneas de investigación?

La primera es la minería, ya sea por casos de oro, carbón o arena, con un 30% del volumen de procesos. En segundo lugar está el tráfico de especies y la afectación a la biodiversidad. Encontramos situaciones que afectan la fauna y la flora y tráfico ilegal de madera. En tercer lugar, que es lo que más se da pero que poco se denuncia, son los megaproyectos que generan grandes afectaciones a los recursos naturales. Por ejemplo, el caso de la hidroeléctrica del Quimbo.

¿Cuáles son los actores que predominan en el sector de los delitos ambientales?

El punto de partida es que alrededor de los recursos naturales gira el tema económico. Detrás de los recursos naturales está el dinero que estos proyectos mueven. Eso ha permitido que tenga apariencia de legalidad. Talar un árbol o llevar ciertos gramos de oro no es ilegal. Si usted lleva una libra de cocaína, se mete en problemas. Es ese hilo que va de lo legal a lo ilegal. En los procesos encontramos también una problemática con las bandas criminales que están detrás de los recursos.

¿En qué zonas del país se concentran estas denuncias?

Por minería, Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar y Nariño. Colombia está sobre una mina de oro.

¿En cuánto a los otros minerales?

El tema del carbón es diferente. Contra las multinacionales como Drummond y Cerrejón, se vienen trabajando sus procesos. También en Boyacá, donde se trabaja de forma artesanal.

¿Cómo afianzar la reglamentación ambiental con el tema penal?

Vine en hoja blanca. Es decir, tenemos que acudir a toda la reglamentación para poder completar un tipo penal. Si hablamos de minería tengo que acudir al Código Minero y eso lo hace más difícil.

¿Y una posible reforma legislativa?

Es lo que se está necesitando es en la parte minera. Todo mundo habla de minería ilegal y la confunden con minería ilícita y terminan hablando de minería criminal. Quien es minero ilegal termina siendo satanizado, porque no es criminal.

¿Cuál es la diferencia?

Para que un minero sea legal debe tener su título minero y su licencia ambiental. Si no lo tiene, es ilegal, pero no criminal. Para pasar a lo ilícito, que está contemplado en el Código Penal, es cuando causa graves daños a los recursos naturales, es decir, cuando utiliza medios que causan graves destrozos al medio ambiente, como grandes cantidades de mercurio. Cuando el minero hace parte de un grupo armado al margen de la ley, ya estaríamos hablando de criminalidad.

¿El caso Drummond sería ilícito?

El hecho de tener título minero no significa que sea legal, porque sus actividades no cumplen con el plan de manejo ambiental.

¿La Fiscalía se convertirá en un freno de la locomotora minera?

Lo que pasa es que si cada actor dentro del contexto de Estado cumple con su misión, si la autoridad ambiental cumple con lo que le corresponde y la autoridad minera hace lo propio, la Fiscalía no tendría que actuar. El ente investigador no va a ser el superpoderoso. Tampoco nos podemos convertir en la autoridad ambiental, porque esa no es nuestra misión.

¿Cuántos procesos adelanta la Unidad después de dos años de creación?

Llevamos 1.972 casos, y el éxito es que la ciudadanía tiene conocimiento de la Unidad. Llega mucho porque todo mundo quiere que se investigue. Queremos darles más fortaleza a los procesos.

¿Cuántas personas hay condenadas por minería ilegal?

En el año pasado logramos casi 500 capturas. De esas 500, logramos hacerles imputación a aproximadamente 400 personas. El año pasado logramos 30 fallos condenatorios, pero de esos treinta, 22 corresponden a condenas por minería en diferentes partes del país y procesos no solamente relacionados con el oro.

¿Alguna empresa o multinacional incluida en las condenas?

No. En esos casos sólo han sido sobrevuelos que se hacen en las zonas de explotación y encontramos alguna afectación.

¿Cómo evalúa los dos años que ha logrado la Unidad?

Es importante conocer un delito ambiental, porque involucra a toda la humanidad. El muerto, muerto está, pero como víctimas de estos delitos estamos todos y los que no han nacido.