‘Hay acercamientos con los Rastrojos y el Clan Úsuga’: Fiscal

Eduardo Montealegre dice que con la nueva política de sometimiento de las bandas criminales buscan evitar que los jefes de las organizaciones se entreguen en el exterior.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, radicó el proyecto el pasado jueves. / Archivo - El Espectador

El pasado jueves la Fiscalía presentó, junto al Ministerio de Justicia, un proyecto de ley que busca reformar el Código de Procedimiento penal. Entre las propuestas hay una particularidad: crear una política de sometimiento para las bandas criminales. En entrevista con El Espectador, el fiscal general, Eduardo Montealegre, explicó que desde comienzos del año han tenido acercamientos con emisarios de los Rastrojos y del Clan Úsuga. Agregó que se busca agilizar los procesos, desarticular organizaciones criminales, lograr preacuerdos colectivos y que la propuesta no incentiva la impunidad.

¿Cuál es el proyecto de sometimiento de las bandas criminales?

La Fiscalía logró en los últimos tres años la captura de 5.714 integrantes de organizaciones criminales, de los cuales 775 personas aceptaron cargos y 2.356 fueron condenados. Los resultados son positivos pero necesitamos más. Y para esto es esencial herramientas jurídicas que permitan hacer más ágil la investigación, el sometimiento y la eliminación de las organizaciones criminales. Por esta razón hemos propuesto una reforma al Código de Procedimiento Penal, que involucra distintas cosas: la realización de audiencias colectivas como las de imputación o aceptación de cargos, además la aplicación de formas de terminación anticipada del proceso, como por ejemplo, los preacuerdos o la aceptación de cargos colectiva .

¿Cuál es el vacío en la ley que no permite esta situación?

Hoy en día el Código de Procedimiento Penal contempla la posibilidad de realizar acercamientos con la Fiscalía, ofreciendo beneficios judiciales a cambio de colaboración. Sin embargo, estos mecanismos están ideados para aplicarse de forma individual. La nueva propuesta cambia este paradigma, pues permite aplicar estas mismas herramientas en casos donde hay pluralidad de procesados. Con esta reforma se fortalecerá el poder punitivo del Estado colombiano a través de una estrategia jurídica que pueda desarticular organizaciones criminales en el marco del procedimiento penal ordinario.

¿Cuáles serían los beneficios para los que se sometan a la justicia?

Las personas que se sometan a la justicia con este nuevo mecanismo jurídico tendrán mayores beneficios que los que ya existen para los casos individuales. Como sucede actualmente, los beneficios que se otorguen dependerán de muchas variables. Por ejemplo, se considerará el nivel de colaboración que ofrezca el grupo. Además, dependerá de las condiciones o la situación particular de cada caso.

¿Eso implicará rebajas de penas excesivas como en la época de César Gaviria?

Las rebajas de pena en ningún caso serán excesivas, ya que la propuesta no reforma este punto para los casos de sometimiento colectivo. No queremos amnistiar estos graves delitos. Esto es un imposible ético y jurídico. Pero sí buscamos tener herramientas que permitan agilizar la administración de justicia, contar con información de personas que quieren dejar de delinquir y que pueden ayudarnos a desmantelar estas organizaciones. Las políticas de sometimiento del Presidente Gaviria fueron muy exitosas y debemos seguir el camino trazado en su Gobierno en la lucha contra el crimen organizado.

¿Hay similitud con Justicia y Paz?

No hay ninguna similitud. Este procedimiento no es una forma de justicia transicional. Esto es muy claro, especialmente si se tiene en cuenta que los miembros de este tipo de organizaciones no pueden ser considerados como parte del conflicto armado. Un proceso de justicia transicional se sostiene bajo la premisa de ceder o flexibilizar la justicia con la finalidad de lograr un estado de paz. Por el contrario, el proyecto de sometimiento consiste en la aplicación de mecanismos con el objetivo de desarticular bandas criminales, agilizar la administración de justicia y fortalecer el poder punitivo.

¿Qué se exigiría?

Se les impondrá el cumplimiento de todas las obligaciones legales que se exigen cuando se aplica alguna de las actuales figuras en el actual sistema penal acusatorio. Asimismo, el proyecto introducirá la entrega de toda la información vinculada con las posibles víctimas, lo que deberá incluir aspectos de modo, tiempo y lugar de la ejecución de los delitos, y la entrega de armas. Además, que nos permitan identificar la estructura económica que sustentan a esas bandas.

¿Cuáles son las diferencias con la propuesta que en su momento hizo Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, cuando era jefe de las Autodefensas Gaitanistas?

En su momento, las Autodefensas Gaitanistas pretendían obtener un estatus político con el objetivo de que fueran considerados como grupos de insurgencia y lucha política y así acceder a la justicia transicional. Tal solicitud nunca fue aceptada porque se trata de situaciones muy distintas. En este caso, tampoco habrá ningún reconocimiento político. Las bacrim jamás tendrán ese estatus. El Estado jamás permitirá que se disfracen de actores del conflicto para entrar a la justicia transicional. Si bien la propuesta del proyecto incluye una etapa de acercamientos colectivos, ésta se realizará con base en los fundamentos de la justicia ordinaria, pero con herramientas que agilicen su aplicación, como la realización de audiencias colectivas.

¿Hay acercamientos con bandas criminales, como el Clan Úsuga?

Efectivamente hay bandas criminales que se han acercado a la Fiscalía y han planteado su posible sometimiento a la justicia. Los acercamientos se han dado bajo la regulación penal vigente y con el objetivo de buscar una colaboración eficaz de manera masiva. Concretamente hemos tenido contactos, siempre a través de emisarios, con los Rastrojos del extraditado Javier Antonio Calle Serna, alias Comba. Calculamos que tienen unos 600 miembros. Nos ha contactado el Clan Úsuga de Dayro Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien inexplicablemente y en varias ocasiones se ha escabullido de grandes operativos. En la Fiscalía tenemos evidencia de que cuentan con 2.300 hombres.

¿Qué se ha propuesto?

En ambos casos los emisarios han propuesto la entrega de armas, bienes y la real desactivación de sus estructuras con el sometimiento de las personas que las conforman. Es un asunto de suma importancia que estamos manejando en mi despacho, bajo total confidencialidad, desde comienzos de este año. Esperamos, en caso de concretar algo, contar con el acompañamiento de la OEA y del Comité Internacional de la Cruz Roja. También en estos contactos hay algo adicional que nos llama la atención: abogados que representan a esas bandas ilegales le han manifestado a la Fiscalía que una vez desmovilizados los Comba y los Úsuga se podría facilitar otros sometimientos de bandas que tienen menor tamaño pero impactan notablemente la seguridad en regiones como los Llanos Orientales, Putumayo y Chocó.

¿Cómo evitar que prefieran negociar con EE.UU.?

Las normas incluidas en el proyecto que presentamos contienen herramientas efectivas para enfrentar este tipo de situaciones. Estaríamos ante un escenario de seguridad jurídica y reglas claras en el proceso de sometimiento. Es posible que si en el ordenamiento jurídico colombiano se contaran con las herramientas que faciliten la negociación judicial de estos líderes, ellos preferirían negociar con las autoridades de su país y no con las extranjeras. Considero que si las bandas criminales se desarticulan y se someten a la justicia colombiana, el Gobierno debería ofrecerles la garantía de no extradición.

La Policía dice que tiene acorralado a “Otoniel”, ¿no es una ventaja una política de sometimiento?

Todo lo contrario. La lucha contra las bandas criminales por parte del Estado no debe dar tregua ni siquiera en estos casos. Es el Estado el que impone las condiciones y no los criminales. No puede afirmarse que tendrán una ventaja con esta política, porque la forma como puede someterse un grupo delincuencial será una cuestión que siempre será guiada por el Estado, responderá a las particularidades en cada caso y un grupo tendrá menos opciones para negociar, porque no podrá ofrecerle mucho a cambio. El sometimiento será para quienes den información realmente relevante: la entrega de bienes, armamento, estructura económica, bienes y, en general, el cumplimiento de obligaciones que disponga la ley, pero nada diferente a lo que el Código de Procedimiento Penal actualmente contempla.

Si hay una tregua con las Farc, ¿no es obligación del gobierno combatir con la fuerza de la ley a las bandas criminales?

Completamente de acuerdo. La lucha contra las bandas criminales debe partir de una estrategia integral. Al aplicar las normas del capítulo sobre sometimiento se les estaría combatiendo con la fuerza de la ley. Se estaría haciendo uso de todas las herramientas legales disponibles en tiempos de normalidad, y no de regímenes transicionales. La Constitución Política es muy clara en el mandato a la Fuerza Pública de defender la integridad del territorio nacional y el orden constitucional con la fuerza de la ley. La creación de este tipo de herramientas legales hace parte de la estrategia en materia de seguridad para combatir crimen organizado en el post conflicto.

¿Puede llegar a considerarse un ‘mico’ que va a permitir impunidad?

No. Las normas contenidas en el proyecto están diseñadas para someter a la justicia y para acabar definitivamente con su estructura. No pretenden generar ningún tipo de impunidad. Esto quiere decir que se les dará el mismo tratamiento que si se hubieran entregado a la justicia de forma individual. Esta propuesta facilita y agiliza el tratamiento cuando el sometimiento se efectúa de forma colectiva. La regla es que las personas que se sometan a la justicia deben responder efectivamente por sus actos.