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Mientras el país celebra la mayor reducción de la historia en las cifras relacionadas a los homicidios en el marco del conflicto armado, los asesinatos de defensores de derechos humanos siguen siendo una constante. Hasta septiembre de este año se tiene registro de 54 muertes, una menos en comparación a 2015. Además, diversas organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y Somos Defensores tienen registros de que las amenazas contra estos líderes de derechos humanos han continuado pese a esfuerzos de paz como el cese bilateral al fuego.
Defensores de derechos humanos de pueblos indígenas, de comunidades campesinas, que adelantan procesos de restitución de tierras o relacionados con la minería, y que luchan por el reconocimiento de las minorías como los LGBT, han sido los blancos principales. Sin embargo, algo positivo de lo corrido en 2016 es que las amenazas si han disminuido respecto al año anterior en un 41%. Este año, según las denuncias registradas, durante el primer semestre fueron 232 líderes los amenazados, principalmente, por grupos paramilitares que surgieron de posteriormente a la desmovilización como las Águilas Negras, el Clan del Golfo y los Rastrojos.
Que los homicidios no disminuyan continúa generando inquietud, pues la ong Somos Defensores calcula que desde 2010 han sido asesinados unos 400 defensores de derechos humanos y que en este año cada cinco días han matado a uno. “Son preocupantes las cifras de homicidios, porque se declaró cese al fuego, pero al parecer no fue para los defensores de derechos humanos. Es particular que estén en disminución todas las cifras de homicidios en Colombia, especialmente los derivados del conflicto y otros, pero los únicos que no disminuyen son los asesinatos contra los defensores”, manifestó Carlos Guevara, coordinador del sistema de información de Somos Defensores.
El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, tiene una mirada diferente. Expresa que la violencia del conflicto se confunde con la violencia política, pues no necesariamente la segunda está inmersa en la primera. “Al parar el conflicto, eso no necesariamente quiere decir que se vaya a detener la violencia política, que tiene sus lógicas y dinámicas propias, que tiene un grado de autonomía a la del conflicto a pesar de estar relacionada. Me sorprende es que no haya subido la violencia de defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras y activistas políticos, porque usualmente en situaciones de posconflicto eso sucede”.
Sobre los responsables de los homicidios de defensores de derechos humanos, Guevara sostiene que son desconocidos porque hay varios actores con diversos intereses económicos, como la minería ilegal, el microtráfico y la restitución de tierras. Pero, un dato que no deja de llamar la atención sobre las cifras de Somos Defensores es que hay tres casos en los que se menciona a la Policía como presunto responsable de los hechos, en su mayoría, ocurridos en medio de la protesta social.
El primero de ellos ocurrió el 30 de mayo de 2016, en Trujillo (Valle del Cauca), donde asesinaron a Willington Quibarecama Naquirucama, un líder del resguardo Dachini, del pueblo indígena embera. Según el reporte de Somos Defensores, los hechos ocurrieron en el marco de las protestas de la Minga Agraria Social Étnica y Popular en Buenaventura, cuando se enfrentaron comunidades indígenas y la Fuerza Pública. Al parecer, Quibarecama fue arroyado por una tanqueta de la Policía cuando intentaba cerrar la vía. Mientras las autoridades sostienen que se trató de un accidente, la comunidad indicó que fue un asesinato. Ambas versiones coinciden en que el joven de 26 años cayó desde un puente de 40 metros luego de ser atropellado.
El siguiente caso en el que salpican a la Fuerza Pública es el de Gersain Cerón y Marco Aurelio Díaz, dos guardias indígenas que murieron en medio de enfrentamientos con el Esmad de la Policía el pasado 2 de junio. Mientras Cerón falleció luego de que fuera impactado por un tiro recalzado en su pecho, Díaz recibió dos impactos de arma de fuego. El tercer hecho en el que se vio implicada la Policía fue en similares circunstancias, en una protesta en Chiriguaná (César), donde Naimen Agustín Lara, líder de las comunidades negras de la Sierra, El Sucre y la Estación Conesice, murió en hechos confusos en un choque con el Esmad.
Según el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la mayor preocupación radica en que ante la crisis que generó el resultado del plebiscito y que dejó al país en incertidumbre, “la violencia de los enemigos de la paz sigue cobrando vidas y amedrentando a quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos en el país”. Opinión a la que se suma Somos Defensores, al advertir que desde el pasado 22 de junio, cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció “el último día de la guerra”, los defensores de derechos humanos siguen siendo foco de ataques y que sus crímenes se convierten en el talón de Aquiles de la paz, pues el gobierno ha fallado en su protección.
Para el director de Cerac son varios los hechos que pueden explicar las cifras de asesinatos de defensores humanos. La primera, es que la guerrilla dejó de ser el actor que resolvía los conflictos de forma violenta, a través de las amenazas, por lo que algunas personas buscaron otros proveedores de violencia. “Eso da surgimiento a la violencia política. Básicamente buscan quién pueda matar y en Colombia hay muchos proveedores de violencia”, precisó Restrepo. Agregó que el renacimiento de otras formas de violencia política, que antes se asociaban al paramilitarismo, hoy son ejecutadas por bandas de crimen organizado. “Por eso creo que más que una violencia de violencia contra defensores de derechos humanos, hay que calificarla como violencia política”.
“El problema es que el Gobierno ha tenido una respuesta intermitente en la protección de defensores. Hace menos de un mes el fiscal general presentó resultados muy buenos en las investigaciones sobre crímenes contra defensores, lo que demuestra que es cuestión de voluntad política. Se es intermitente al inventar una comisión de alto nivel cada vez que sacamos cifras o cuando el nivel de homicidios sube. Esas comisiones funcionan por unos meses y luego desaparecen. No existe una política integral de prevención contra agresión de defensores humanos en Colombia. Se preocupan por apagar incendios cada vez que hay muchos muertos. Tenemos que preocuparnos por generar prevención en un posconflicto, porque este puede ser el talón de Aquiles de la paz”, concluyó Guevara.
Al pensar sobre una solución al problema, el director del Cerac coincide con la conclusión a la que llegan algunas organizaciones que advierten que en el país no hay una estrategia que permita enfrentar este fenómeno de violencia. “Para evitar esta violencia política hay que mejorar la judicialización de las amenazas. Aquí no hay un sistema de protección que funcione por parte de la Policía, la Unidad Nacional de Protección o la sociedad civil, si no hay una efectiva acción judicial que prevenga estos actos. Esto se logra resolviendo los casos de amenazas y de asesinatos. Además, hay que ofrecer una oferta de justicia que permita resolver estos casos con celeridad”.
Los homicidios de defensores de derechos humanos siguen ocurriendo, principalmente, en las zonas históricas del conflicto armado colombiano. “Los asesinatos siguen ocurriendo en zonas que son de alto conflicto, no solo armado, sino con nuevos conflictos sociales. No son solo los líderes que están inmersos en temas de paz, sino también los que están relacionados con defensa de nuevos derechos, como la resistencia a la minería, la estigmatización contra LGBT, proceso de tierras y otro tipo de agresiones que antes eran invisibles pero con la baja del conflicto lo son ahora más”, dijo Guevara.