“He sido perseguida adonde voy”: exfiscal del proceso Plazas Vega

La penalista Ángela María Buitrago, exfiscal del proceso Plazas Vega -coronel del Ejército finalmente absuelto de los delitos que se cometieron en la retoma del Palacio de Justicia, en 1985-, recuerda los azarosos incidentes de este caso y la campaña de desprestigio a que ha sido sometida por el que fuera su investigado y su círculo cercano, en momentos en que la Corte Suprema profiere sentencia a favor de ella. Y comenta la visita de la Corte Interamericana para verificar el cumplimiento de los fallos de condena al Estado colombiano por crímenes contra los derechos humanos.

La exfiscal Ángela María Buitrago. / El Espectador

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) vino esta semana a examinar si el Estado colombiano ha cumplido sus órdenes en 14 sentencias condenatorias, entre otras, una en que lo responsabilizó de las torturas y la desaparición de personas en la retoma militar del Palacio de Justicia. Usted fue fiscal importante de algunos hechos de ese caso. ¿Cómo califica la reciente posición de la Fiscalía, según la cual no hubo desaparecidos durante la retoma?

Las declaraciones a las que usted alude, que fueron rectificadas por el fiscal del caso, eran ambiguas. Sin embargo, al final, la misma Fiscalía confirmó la realidad de los desaparecidos en el Palacio de Justicia.

Pero, ¿no es escandaloso frente al dolor de las víctimas, que 34 años después de los trágicos hechos del Palacio, todavía haya, siquiera, dudas de que hubo personas que estaban en esa edificación y que no han aparecido ni vivas ni muertas en estas tres décadas?

En mi criterio, no solo es aberrante sino que niega una realidad que está probada en los expedientes de la Comisión de la Verdad para los hechos del Palacio de Justicia, del año 2006; de la Corte IDH, en su sentencia de 2014, y de los procesos judiciales que todavía están en la Corte Suprema, en Colombia, surtiendo recursos de casación.

Si los Estados no acatan las sentencias de la Corte IDH, ¿esta puede sancionarlos de alguna manera, por ejemplo, a Colombia?

La Corte puede verificar que no se han cumplido sus sentencias. Esto implica, en el caso colombiano, que vuelva a ordenarle al Estado adelantar una búsqueda efectiva de las personas que desaparecieron y que la Corte admitió como tales en el proceso que adelantó cuando lo promovió la Comisión Interamericana que actuó en condición de fiscal. La Corte IDH entonces ordenó, en 2014, buscar y ubicar a los desaparecidos del Palacio de Justicia y determinar lo que sucedió con ellos. Hoy todavía hay desaparecidos y existen nuevos nombres que se han agregado a esa lista. Tampoco se ha establecido lo que les ocurrió a las víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados. La sentencia de la Corte IDH no es debatible: está en firme.

Los miembros de la Corte IDH escucharon a los familiares de los desaparecidos el viernes pasado. De esa audiencia, que fue reservada, salieron las víctimas reiterando la queja de que el Estado no parece tener, hoy, voluntad política para adelantar las investigaciones sobre la conducta de los militares que estuvieron al frente de la retoma del Palacio. ¿Exageran o tienen razón?

La propia Fiscalía reconoció, según reportes periodísticos, que no han avanzado las investigaciones para establecer las responsabilidades de los presuntos responsables.

Precisamente, usted era fiscal delegada ante la Corte y, como tal, investigó y acusó al coronel Alfonso Plazas Vega por los delitos que habría cometido ese trágico noviembre de 1985. Plazas fue condenado en primera instancia, pero fue absuelto, después, por la Corte Suprema. Y él, en cuanto pudo, la denunció a usted por falsificación de pruebas y otros ilícitos. Usted también acaba de ser absuelta. ¿Por qué investigado e investigadora resultaron inocentes sin que haya contradicción entre las dos decisiones?

La Corte Suprema de Justicia absolvió al señor Plazas Vega por no tener certeza; o lo que es lo mismo, por duda sobre la responsabilidad del entonces comandante de la Escuela de Caballería. Pero hubo tres salvamentos de voto, lo que significa que tres magistrados de nueve que componen la Sala Penal no estuvieron de acuerdo con la decisión de absolución. Plazas Vega me denunció, como fiscal de su caso que yo era, desde el mismo momento en que decidí acusarlo. Esto fue a finales del año 2007, y lo hizo porque supuestamente yo habría cometido delitos que nunca existieron, según acaba de confirmar la propia Corte Suprema, que dice que mi comportamiento siempre estuvo ajustado a la Constitución y la ley.

¿Con base en cuáles hechos la denunció Plazas Vega?

La denuncia se originó por una declaración que rindió el suboficial Édgar Villamizar Espinel, que era integrante del Comando Antiextorsión y Secuestro (CIAES), del Ejército de Colombia, que a su vez pertenecía a la Brigada Séptima de Villavicencio, en 1985. El mismo cabo Villamizar pidió declarar en el proceso, dado que, según dijo, tenía información sobre lo que había ocurrido con los desaparecidos del Palacio de Justicia. Él contactó a la Fiscalía e indicó que era testigo directo de algunos hechos.

Entonces, ¿por qué se enredó ese testimonio, tanto que hoy existen todavía repercusiones judiciales por el mismo, a pesar de que data de 2007?

Diría no que se enredó, sino que lo enredaron a propósito aprovechando una equivocación de digitación en el apellido del testigo, en el documento en que quedó escrita su declaración. Aprovecharon para armar una serie de historias sin ningún fundamento. Hoy, casi 13 años después, vuelve a ratificarse, por parte de la Corte Suprema, que esas historias carecen por completo de veracidad.

Recuerdo que en esa época se dijo que Villamizar nunca declaró y que la fiscal, o sea usted, casi que inventó todo respecto del testigo para hacerle daño a Plazas Vega.

Todas las instancias han confirmado que el señor Villamizar sí declaró y sí dijo lo que dijo ante mí; que los hechos que quedaron en la declaración fueron narrados por él, y que, además, muchos de los detalles que contó llevaron a confirmar la participación de unidades de otros departamentos en los sucesos del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, así como el involucramiento de algunos de sus compañeros y otras cosas más que sería interesante recordar.

Al enredo del caso también se prestó el hecho de que el cabo Villamizar declaró una vez ante usted, pero después desapareció y nunca quiso volver a rendir testimonio. ¿Cabe la posibilidad de que fuera un mitómano o, más bien, temía por su vida por las amenazas que habría recibido?

El cabo Villamizar declaró y después no volvió a comparecer porque, según él mismo dijo, estaba siendo perseguido, su apartamento había sido saqueado y había sufrido seguimientos de carros desconocidos. Por eso consideraba que estaba en peligro. Todo está documentado en el proceso en donde consta que tanto la fiscal como la jueza ordenamos que se le brindaran medidas de protección para evitar un atentado contra él.

Años después y, prácticamente viviendo en clandestinidad, Villamizar murió sin volver a declarar. ¿Conoce las circunstancias en que ocurrió su fallecimiento?

No. Nunca conocí esas circunstancias. Un trino de una parte interesada que se colgó en las redes y un programa de radio informaron sobre la muerte de Édgar Villamizar. No me consta si su deceso fue cierto. Ahora bien, parte del misterio sobre lo que sucedió en la toma y retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, se develó en esa declaración de Villamizar que, para mí, sigue siendo creíble porque sus declaraciones permitieron encontrar personas, datos e información que llevaron a confirmar detalles del operativo adelantado en el Palacio, por ejemplo, la existencia de helicópteros que hacían traslados de personas que estaban en ese sitio hacia instalaciones militares en otros lugares de la ciudad y otras acciones más.

¿Sabe si los abogados de Plazas Vega apelarán la decisión de la Sala que la favoreció hace un par de semanas (ver parte superior de la pág. 14)?

La decisión ya fue apelada por el apoderado suplente del señor Plazas. La decisión debería conocerse, según los términos establecidos, a más tardar el año entrante.

Son públicas y muy conocidas las referencias del coronel Plazas Vega contra usted. Incluso, se publicó que viajó a México cuando usted cumplía, en ese país, una labor de investigación de un caso judicial muy importante. ¿Es cierto que tuvo que retirarse debido a la campaña negativa que le hicieron en medios mexicanos, Plazas y su esposa, Tania Vega, exsenadora del Centro Democrático?

No, no me retiré, en primer término, porque tenía un compromiso profesional en el conocido caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México, en 2014. Y debía cumplir con el mismo. En segundo lugar, porque debía sobreponerme a los ataques de que fui objeto, dado que para mí era más importante trabajar en el caso que nos habían encomendado en ese país a pesar de la virulencia de los ataques que afectaron mi nombre y mi imagen, y con los que pretendieron cuestionar mi ética y mis valores.

¿Cómo se hizo esa “campaña” contra usted en medios extranjeros? ¿No exagera?

No. Puede corroborarse que durante algo más de una semana el señor Plazas y su esposa -que lo acompañaba en su viaje pese a que era congresista y debía asistir a las sesiones ordinarias en el Senado-, usaron muchos medios para hacer manifestaciones virulentas contra mí. Y estuvieron hasta en espacios académicos para denostar de mi integridad y mi nombre, así como de mi desempeño como fiscal. Esa campaña de difamaciones fue reproducida en prensa, radio y foros, lo que llevó a algunos medios a cuestionar mi permanencia en el Grupo de Expertos para el caso de los estudiantes mexicanos. Esos medios reprodujeron las versiones de estos señores sin ni siquiera confrontarlas conmigo ni con los hechos del proceso que se adelantó aquí.

¿En la sentencia en que la Corte Suprema absuelve a Plazas Vega también se admite que la declaración del testigo Villamizar existió y fue ajustada a los procedimientos legales?

Sí. Reconoce que Villamizar asistió y que el procedimiento para tomarle declaración fue correcto y ajustado a la ley. En esa decisión de absolución se deja, también, categóricamente especificada la concurrencia del testigo y se dice que no hay duda de su comparecencia ante la fiscal, es decir, ante mí. Y como le dije, todo lo anterior se corrobora y reconfirma en la sentencia en la que la misma Corte Suprema precluye la investigación contra mí.

Plazas, además, puso una queja disciplinaria contra usted en el Consejo de la Judicatura al que le pidió que la sancionara por mal ejercicio profesional. ¿Qué sucedió en ese proceso?

Hubo quejas, en plural: tuve que enfrentar más de tres indagaciones disciplinarias en las que se investigó mi conducta y las archivaron por no existir ninguna falta en mi desempeño como abogada y como funcionaria pública. Así lo certifican todos los autos proferidos en donde el órgano disciplinario confirmó que mi actuación de fiscal del caso fue legal, legítima y, además, adecuada procesalmente hablando.

¿Se considera perseguida y temerosa de su seguridad por este y otros casos que tuvo que enfrentar como fiscal?

No solo me he sentido, he sido perseguida en Colombia, en México y en cualquier parte adonde llegue internet por las campañas de desprestigio que han generado contra mí el señor Plazas y sus allegados. En la actividad judicial, sabe uno que existe el riesgo de que se creen odios y venganzas. Como fiscal, asumí esa función con seriedad y de manera independiente y autónoma; por tanto, de conformidad con la prueba, acusé a muchas personas que fueron condenadas por los jueces competentes. Algunas hicieron manifestaciones públicas de disconformidad. Pero la persecución que se hizo por parte del señor Plazas Vega no la sufrí de ninguna otra persona que hubiera investigado, incluidos quienes fueron sentenciaron por paramilitarismo, homicidio, contratación indebida u otros graves delitos.

¿Diría que ha sufrido daño profesional o personal tangible?

Quizá nadie alcance a dimensionar lo que significa que nacional o internacionalmente digan contra uno lo que se les ocurre respecto a la condición ética, profesional y personal de otro. El daño que se le hace a una persona cuando empiezan a sembrar hechos falsos para acabar con la imagen, las posibilidades laborales, el honor y el nombre es incalculable. Porque no solo implica un daño moral, psicológico e incluso físico, sino un desgaste físico, emocional y profesional tremendo.

Pero ahora, cuando una Sala de la Corte Suprema avala la rectitud de su conducta, ¿se siente aliviada y cree que este episodio quedará por fin atrás?

Contesto algo que, para mí, es categórico: más que nadie sé y siempre supe que mi comportamiento era y es correcto. Por eso la preclusión proferida este pasado mes de agosto por la Sala de Instrucción y Juzgamiento de la Corte Suprema es un bálsamo que reafirma que no había ninguna razón para estar sometida a investigaciones durante14 años. Esperaría que este episodio terminara, pero temo que continúe porque es evidente la enorme animadversión que existe contra mí.

 

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Cecilia Orózco Tascón

Judicial

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