'Hemos obrado de manera transparente': Tomás Uribe tras acusaciones por fraude a la Dian

El pasado 14 de junio un juez de control de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía General y el empresario James Francisco Arias Vásquez, más conocido como el “zar de la chatarra”. En el documento presentado el procesado se comprometía a colaborar con las autoridades judiciales en el desarrollo de la investigación que se adelanta por el desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Arias Vásquez entregará información sobre las irregularidades que habrían rodeado la presentación de documentos ante la Dian para lograr una devolución de renta por exportaciones de chatarra a diferentes países de Centroamérica, Europa y Sudamérica por exportaciones que nunca se realizaron y las cuales fueron ejecutadas por empresas fachadas encargadas de defraudar al Estado mediante estas peticiones.

Por un año cesará la acción penal en contra del ‘zar’ por los delitos de lavado de activos y falsedad en documento privado mientras colabora en los procesos penales e investigaciones que se adelantaron por solicitud de la Dian que tras revisar cuentas de un grupo de empresas notaron que existían seria falencias en sus estados contables y las exportaciones que presuntamente habrían hecho.

En esa lista apareció la empresa Ecoeficiencia S.A.S de los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del senador Álvaro Uribe Vélez, la cual habría celebrado contratos con las empresas de Vásquez Arias para la compra de chatarra. La base de la petición fue la declaración de renta de 2010 en el que se encontraron irregularidades contables, en el pago de proveedores y contratistas.  

La Dian estableció que 12 de los 150 proveedores que aparecían en la lista no existían tributariamente. Cuatro de ellos fueron llamados por el organismo para que detallaran los negocios que sostuvieron con la empresa de los hermanos Uribe Moreno; sin embargo, todos ellos aseguraron que nunca habían hecho negocios puesto que sus profesiones estaban muy alejadas de hacer esas actividades.

Según una investigación de Noticias Uno, los proveedores detallados en la declaración de renta los cheques a estas ocho personas por la venta de chatarra aparecen como cobrados por otras personas, entre ellas un trabajador de la empresa Ecoeficiencias identificado como Olimpo Angulo, quien fue denunciado por la defensa de los hermanos Uribe Moreno.

En el informe periodístico se reveló que en la declaración de renta se registraron ingresos cercanos a los 43.300 millones de pesos. Esto le permitió a la sociedad reclamar ante la Dian la devolución de 353 millones de pesos por concepto de IVA. (Ver Tomás y Jerónimo Uribe aseguran que existen presiones para vincularlos en proceso judicial)

La Dian encontró que la empresa le debía a la Dirección de Impuestos una suma de 1.857 millones de pesos al considerar que los datos de la declaración eran inexactos y contradictorios. Debido a esto citó a las personas que aparecían en la lista quienes respondieron que no tenían información sobre esos negocios puesto que nunca los habían hecho.

Sobre estos hechos, en una comunicación dirigida a El Espectador, Tomás Uribe Moreno aseguró que los proveedores de chatarra no declararon lo que le habían vendido a su empresa, “cosa que nosotros sí hicimos, dando cumplimiento estricto a la norma tributaria”.

"Al darnos cuenta de esto, denunciamos a los proveedores e iniciamos una detallada investigación que nos permitió establecer que había un empleado involucrado, a quien también denunciamos. La primera denuncia la interpusimos en 2011, luego en 2013 radicamos una ampliación de denuncia. Entre 2011 y 2016 enviamos tres solicitudes de imputación y yo personalmente estuve dos veces en la Fiscalía solicitando el impulso del proceso", agregó Uribe Moreno.

Sobre los ingresos de la compañía por la venta de chatarra, Tomás Uribe Moreno manifestó que la mayor parte de los recursos de la organización provienen de negocios diferentes a la compraventa de chatarra.

“Todos los años (incluidos el pasado y el antepasado) nuestra empresa solicita devolución de impuesto de renta pues el margen del negocio es bajo y los clientes son en su gran mayoría autorretenedores. Esto sistemáticamente genera un saldo de renta a nuestro favor. La solicitud de devolución de 2010 no fue por IVA sino por renta”, indica.

Ya en entrevista con Blu Radio, Uribe Moreno aseguró que fueron víctimas de un fraude por parte de uno de sus empleados y un proveedor que aprovechándose del nombre de la empresa hizo estos recobros por exportaciones ante la Dian, hecho que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General en 2011.

"Hemos actuado con transparencia", aseguró Uribe Moreno al explicar la declaración de renta presentada en el año 2010. “Todos los años nuestra compañía tiene un saldo a favor de renta, todos los años al momento de pedir la declaración tenemos un saldo a favor, en 2010 la DIAN encontró que unos terceros que reportamos como proveedores no nos habían reportado a nosotros".

En la entrevista radial añadió que según la denuncia presentada por su abogado ante el ente investigador y otros organismos el “empleado se pone de acuerdo con los proveedores, nos sobrecobra la mercancía, pagamos eso con cheques, todo rastreable por el sistema financiero, los cobró el empleado y otra parte fueron endosados y cobrados por terceros”.

“Luego de que investigamos pudimos establecer que había una red cuyo objetivo era defraudar empresas entre ellas la nuestra, en 2013 ampliamos esa denuncia legal, hicimos una investigación con análisis dactiloscópico”, precisó. "Fueron usados por un proveedor de la compañía que utilizó su formación tributaria para poder cobrar a nombre de ellos, no sabemos si fue de manera gratuita o si los utilizó para recibir un beneficio, hay relación de parentesco entre los proveedores”.