Henry Villarraga tiene ganas de llevar su caso a la JEP

Henry Villarraga estuvo en el Consejo Superior de la Judicatura cinco años, de 2008 a 2013. / Foto: archivo El Espectador

Está a punto de empezar una nueva controversia sobre quiénes pueden aspirar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta vez, el protagonista es el exmagistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, investigado por, supuestamente, haber hecho “negociaciones” con el coronel (r) Róbinson González del Río, condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales y ejecuciones extrajudiciales, proceso en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. 

El caso de Villarraga llegó a la Comisión en 2013, luego de que Noticias Uno revelara unos audios en los que se escuchaba hablar al exmagistrado con el militar retirado, al parecer, para que los casos en contra del coronel (r) fueran investigados por la justicia penal militar y no por la justicia ordinaria. El expediente para determinar si el exmagistrado incurrió en algún delito se movió a paso lento. Sin embargo, El Espectador pudo confirmar que hoy se podrían tomar decisiones claves en este expediente.

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Según fuentes consultadas por este diario, este miércoles se podría conocer si el caso es archivado o si va a discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. Con un ingrediente más: el propio Villarraga les dijo a los miembros de la Comisión que, si el caso no es archivado, va a postularse a la JEP. En su opinión, siendo magistrado de la Judicatura actuó como agente del Estado. Les dijo además que su trabajo en el alto tribunal fue fundamental, pues quiso construir una línea jurisprudencial para ayudar a dirimir conflictos entre la justicia ordinaria y la militar.

Villarraga les dijo a los comisionados que si sigue vivo su caso no va a reconocer a la Comisión como su juez natural porque, para él, los magistrados de la JEP son quienes deben definir su responsabilidad en un caso tan grave que lo llevó a renunciar a la Judicatura. No era para menos. Dentro de las tareas que debía cumplir el exmagistrado en su despacho era definir, precisamente, los conflictos de competencias entre la justicia ordinaria y militar. 

En cuanto se supieron los detalles de las conversaciones, en las que se hablaba de un supuesto pago de $400 millones a alguien no identificado a cambio de ayudar González del Río en sus investigaciones, el caso llegó a la Comisión de Acusación. El turno de iniciar las pesquisas fue del representante a la Cámara, Nicolás Guerrero, quien hasta ahora ha adelantado el proceso. A paso lento, el congresista comenzó a escuchar testigos, a recopilar información y pruebas que la Fiscalía le envió. Hasta hoy, poco se sabía de la investigación.

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