El cinco de abril 2016 fue detenido Luis Javier Rojas Morera, quien se movilizaba en un vehículo oficial del Congreso de la República con $613 millones de pesos en el norte de Bogotá. Aunque en su momento fue un escándalo, de este caso no se había vuelto a hablar hasta que este viernes, el Juez Noveno de garantías, decidió negar la solicitud de la Fiscalía de prorrogar la detención domiciliaria en favor del exfuncionario.
Pero el asunto va más allá, la defensa de Rojas Morera se amparó en la Ley 1786 de 2016, que pide resolver la situación jurídica de un sindicado, para solicitar su libertad al cumplirse un año en el proceso.
"El juzgado resuelve negar la solicitud de Fiscalía General de la Nación de prorrogar la medida de aseguramiento privativa de la libertad que en la actualidad pesa contra Luis Javier Rojas Morera”, narró, el Juez noveno de garantías.
El fiscal del caso apeló la decisión, por considerar que cumplía los requisitos para continuar privado de la libertad por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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Sin embargo, para el abogado Omar Jesús Cabarcas Flórez, defensor de Rojas Morera, el organismo investigativo no demostró la aplicación de la norma “y tampoco hizo un tipo de análisis, frente a los fines de la medida de aseguramiento, habló de manera genérica de un peligro para la comunidad sustentado en una probable vinculación con organizaciones criminales, pero como se dijo en la audiencia al señor Luis Javier Rojas Morera no se le ha echo ningún tipo de señalamiento en el escrito de acusación no hay una sola línea”.
Luis Javier Rojas Morera, por medio de su abogado, alegará vencimiento de términos en su condición de sindicado, tras llevar un año con detención domiciliaria, luego haber sido capturado en un puesto de control por parte del Ejército Nacional en el barrio el Chicó en el norte de Bogotá pues tenían información sobre la movilización del vehículo "con unos bienes de origen ilícito".
En el operativo el chofer, al no poder justificar el origen del dinero, le ofreció a los uniformados 50 millones para finalizar la requisa y así evitar la incautación del dinero, así como la detención. Acto seguido le ofreció 100 millones de pesos.
Las autoridades verificaron que los 12.999 billetes de 50 mil pesos incautados eran auténticos. Para el funcionario judicial el capturado no pudo justificar el origen de dicha suma de dinero que transportaba en dos maletas.