Homicidios no son problema de una administración, sino de ciudad: Andrés Villamizar

Tan solo en febrero, en Cali, sicarios atentaron contra el director del Hospital Universitario del Valle y contra un juez. El secretario de Seguridad hace un balance sobre las implicaciones que esta seria problemática causa sobre la vida y la sociedad de la capital vallecaucana.

Andrés Villamizar llegó a la Secretaría de Seguridad de Cali en junio de 2018.Diego Sinisterra - Alcaldía de Cali

Si hay un problema del que Cali no se ha sacudido desde la época de narcotráfico de los hermanos Rodríguez Orejuela es el sicariato. Tan solo en febrero, uno tras otro, se conocieron los atentados contra Irne Torres, director del Hospital Universitario del Valle, y contra el juez penal municipal Jorge Eliécer Ospina Tamayo. En ambos casos se trató de hechos planeados, pues, por la forma como se dieron, los sicarios demostraron que conocían las rutinas de sus víctimas.

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Se trata de una compleja situación de orden público y de tejido social. Los asesinatos ocurren en cualquier lado: vías públicas, centros comerciales, restaurantes, bares. Ningún lugar parece ser del todo seguro en la Sultana del Valle. El Espectador envió un cuestionario al secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, quien respondió en detalle sobre este asunto y explicó, por ejemplo, que desde el fin del cartel de Cali, los atentados con sicarios dejaron de estar al servicio del narcotráfico y se pusieron al servicio del mejor postor, afectando no solo la seguridad de la ciudad sino la misma convivencia entre la gente en su día a día.

Cali tiene un problema de sicariato desde los tiempos del cartel de Cali. ¿Es para la Alcaldía este tema una prioridad?

Efectivamente, Cali tiene una historia compleja en materia de sicariato, relacionado con la presencia del cartel de Cali. Ahí hay que entender que después de que sus miembros fueron extraditados, quienes tomaron el poder criminal fueron los mandos medios relacionados con el cartel del norte del Valle. Las estructuras criminales que estaban vinculadas al cartel de Cali terminaron trabajando para el cartel del Norte del Valle, con una mayor autonomía. Esto incidió en que, cuando se dio de 2004 a 2008 la guerra entre Machos y Rastrojos, entre Wílber Varela (alias Jabón) y Diego León Montoya Sánchez (alias Don Diego), las estructuras de Cali optaran por uno u otro bando.

¿Ese cambió cómo influyó en la problemática del sicariato?

Al final de esa guerra, sin control criminal visible dentro de la ciudad, el sicariato quedó a merced de estas estructuras que tenían alto nivel de independencia y que empezaron a ofrecerlo como un servicio que iba más allá de los problemas criminales. Lo que inicialmente era una herramienta para la violencia entre mafiosos, se convirtió en un fenómeno que abarcaba fenómenos no criminales como un mal divorcio, una mala ruptura en una sociedad, un lío de tierras que se resolvía a través de mandar a matar uno de los involucrados. Hoy el problema de sicariato es menor que en años anteriores, pero los casos son de alto impacto y sigue siendo una preocupación habitual de los caleños.

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O sea, ¿ustedes han comprobado que no todos los casos de sicariato están relacionados con crimen organizado?

Sí, no todos los casos de sicariato tienen que ver específicamente con asuntos criminales. Hay muchos asuntos de convivencia que resuelven mal a través de este mecanismo. Hay un número de disputas entre personas que resuelven a través de violencia sicarial que, aunque es más bajo que en años anteriores, sigue siendo considerable. Hay otro asunto relacionado con problemas de convivencia entre miembros de estructuras criminales, a veces se cometen asesinatos porque viven y comparten en entornos que son altamente volátiles y dado que son personas que están armadas, que son personas que están dispuestas a ejercer la violencia, terminan asesinando a otro por razones que no tienen nada que ver con la criminalidad.

¿Qué se está haciendo para abordar esta grave problemática?

Nosotros tenemos como prioridad la protección de la vida en el marco de la política de seguridad ciudadana. Por esta razón, el homicidio es la prioridad central del tanto del alcalde Armitage como del Plan de Desarrollo y la Secretaría de Seguridad y Justicia. Ahora, en el homicidio hay muchos factores involucrados no son solo los de violencia sicarial, sino, en general, la violencia armada y los problemas donde se involucra la participación de un arma blanca, asuntos de intolerancia.

Entonces, como es prioridad, toda la estrategia de seguridad está dirigida a reducir el homicidio. Sobre el sicariato, como en muchos casos se trata de estructuras criminales parcialmente o muy organizadas, tenemos un esquema de trabajo conjunto y articulado con las especialidades  de la Policía Metropolitana (la Sijín y la Sipol) para una caracterización precisa de la estructura criminal que tiene dentro de su ‘portafolio’ el homicidio selectivo o que involucra el homicidio selectivo en otros ‘portafolios’, como el de drogas o extorsión, para que esa estructura sea priorizada y desarticulada.

¿Hay algún resultado ya sobre eso?

Hay muy buenos resultados contra estructuras delincuenciales dedicadas al homicidio selectivo, como son La Gallera o Los del Sampe, dos bandas que reunían más de 50 homicidios entre las dos, y lo que se busca es mandar un mensaje de que sí se está trabajando en torno a estas estructuras. Ellas, que involucran homicidios selectivos, que hacen uso del homicidio selectivo para consolidación de otras actividades criminales, son la prioridad de desarticulación de este año tanto de la Secretaría de Seguridad y Justicia como de la Policía Metropolitana de Cali.

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¿Cómo evitar que cunda el pánico entre los ciudadanos ante la frecuencia con que ocurren estos casos de sicariato en espacios públicos?

Hay un trabajo con la comunidad para evitar que el pánico se extienda. Son dos tipos de acciones diferenciadas, lo primero y más urgente una reacción inmediata de la policía y de los organismos de justicia para iniciar el proceso de investigación. La segunda es una comunicación muy clara por parte del secretario de Seguridad y el el comandante de policía de los detalles que se conozcan sobre el caso, salir a responderle muy rápido a la comunidad con datos precisos para esclarecer inicialmente cuál fue el contexto del caso de violencia armada.

Hay comunicación continua y muy cercana con la comunidad afectada para entender cuáles son las necesidades de fortalecimiento de esa vigilancia, se aumenta el número de reacciones de la Policía, hay una presencia efectiva del secretario y subsecretario de Seguridad en la zona del evento de alto impacto, del comandante de la Policía de Cali (el General Casas), que es muy diligente en esa articulación. Y de lo que se trata, por un lado, es de garantizar que la Policía está ejerciendo la labor de control y vigilancia, y por el otro, que no se difundan noticias falsas y datos errados sobre cada uno de los casos que tiene el lugar.

¿Cómo entender atentados contra el del director del HUV o un juez penal que no habían reportado amenazas en su contra ni parecen estar involucrados en temas tan delicados como para que aparezcan sicarios a matarlos?

Hay unos detalles específicos de la investigación de la Fiscalía que no conozco, porque son reservados, pero lo que ocurre en muchos casos similares es que no hay un reporte de denuncia y no hay una denuncia formal de amenazas o riesgos de algún tipo porque el nivel de riesgo puede estar involucrado con asuntos personales y no de función del cargo. Lo que sí ocurre en casi todos los casos es que cuando una persona asume el costo de su seguridad y de lo que implica no denunciar, se debe a que hay asuntos personales que pueden generar el nivel de riesgo y estas personas prefieren resolverlo de manera privada. Es un asunto muy complejo porque es precisamente la denuncia la que puede activar los mecanismos de protección y si no hay una denuncia o tampoco la voluntad de hacer público el nivel de riesgo, no se pueden activar esas rutas de las que disponen los organismos civiles a nivel local, como los organismos de seguridad y justicia a nivel seccional.

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¿Consideran esta grave problemática del sicariato un asunto de gobernabilidad de la ciudad?

En términos generales, la priorización del homicidio en la ciudad se debe no solo a un interés de tener buenos indicadores, sino de garantizar la protección de la vida como única y primera gran prioridad de la política de seguridad, en términos de racionabilidad, de dignidad humana, de derechos humanos, de vida en sociedad. Es decir, si no hay una garantía de protección de la vida no es posible pensar en ningún aspecto de convivencia de vida digna entre pares. Lo que se ha tratado de hacer en el caso de los homicidios es dar a entender que no es solo un problema de una administración, sino un problema de ciudad, y no es solo sicariato. Hay muchos asuntos relacionados con falta de tolerancia, hay muchos asuntos relacionados con violencia intrafamiliar que terminan en homicidios de mujeres que son y hay que resolverlos como problemas de ciudad y no solo de administración.

Entonces no lo consideramos un problema de gobernabilidad propiamente dicho, en el marco de lo que yo entiendo como concepto de gobernabilidad, pero lo vemos como una prioridad de la ciudad en presente y en futuro. Mientras Cali no tenga una conciencia y una visión claras de los individuos con historias y con capacidades individuales que le pueden aportar a la ciudad y que está perdiendo a causa de los problemas de violencia, va a ser muy difícil dar ese salto cualitativo en materia de desarrollo que hace falta. Entonces, nuestra estrategia de homicidios es patrullaje conjunto de Policía y Ejército. Priorización y fortalecimiento de las capacidades de investigación judicial e investigación criminal.

¿Qué implica esa estrategia?

Actuación de todos los actores de la administración civil en pro de la prevención y la reducción de la violencia a nivel de barrio. Están orientados a ser y a generar una conciencia en torno a lo que está perdiendo Cali a causa de la violencia. Es un compromiso mínimo de gobernabilidad, es un compromiso ético de la primera autoridad que es el alcalde y digamos en términos de priorización de la política de seguridad, es la primera y gran prioridad del documento que presentará dentro de unos días para el consejo municipal para su aprobación, que es la política seguridad ciudadana Cali 2019-2030. Ponemos el homicidio como primer punto, porque creemos que mientras no se resuelva ese problema, ese salto cualitativo en materia de desarrollo que necesita dar la ciudad no va a ser posible.

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¿Tiene la Policía algún plan específico para manejar esta situación?

La Policía funciona a nivel nacional y local, entonces hay unos lineamientos nacionales en torno a la reducción del homicidio orientados por el presidente Duque y su estrategia de seguridad. Al mismo tiempo hay unas prioridades locales, enfocadas en la capacidad local de la Policía para desarticular estas estructuras. Son estructuras de cuatro tipos: relacionadas con el homicidio selectivo, relacionadas con el tráfico de droga,  relacionadas con la extorsión y  relacionadas con el hurto agravado, que es el hurto donde hay uso de violencia o coerción para llevar a cabo el robo.

La Policía Metropolitana de Cali tiene un alto grado de efectividad en estas desarticulaciones y tenemos un alto grado de coordinación con organismos de seguridad y justicia, organismos civiles, para la sostenibilidad del impacto positivo que generan esas desarticulaciones en el territorio. Entonces, una vez que la Policía ha hecho su trabajo de caracterización, neutralización y judicialización de los actores más peligrosos en materia de uso de violencia en los distintos territorios, la Alcaldía accede a este territorio para acercar a las comunidades toda la oferta municipal. Es una estrategia conjunta, tanto del acercamiento de la oferta del Municipio como de potenciar las acciones de la Policía en materia de desarticulación criminal.

De igual manera, esta prioridad de desarticulación de unos grupos específicos que ejercen violencia en el territorio se replica en las prioridades de la policía de vigilancia en esos territorios específicos. Entonces ahí hay unos esquema diferenciados de patrullaje, hay unos esquemas diferenciados de interacción policía comunidad y de igual manera hay unos esquemas diferenciados de recolección de información por parte de la Alcaldía y otros organismos no gubernamentales, para garantizar que, una vez desarticulada la estructura, el territorio gane esos niveles mínimos  de convivencia y seguridad  para consolidar la oferta municipal  y las acciones de investigación criminal y judicialización de la Policía Metropolitana de Cali.

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¿Trabaja la Alcaldía con las familias víctimas?

Hay un trabajo a nivel micro territorial, no solo con las familias de la victimas sino en general con la comunidad más afectada por unos hechos específicos a nivel de violencia. En muchos casos, la familia de las víctimas no quiere tener ningún tipo de interacción con los organismos civiles o de Policía. Entonces nosotros creamos un esquema de presencia territorial continua que lleva a apoyar, por ejemplo, homenajes simbólico y otros actos que buscan generar mecanismos de reconciliación y de reconocimiento de una historia personal que se pierde en un homicidio. Es muy difícil en ocasiones poder acceder a un diálogo directo con la familia, porque también hay un escenario de respeto por el duelo y el dolor. Si podemos, acompañamos en términos de asistencia psicosocial, de vinculación laboral, de enrutarlos como familia en las necesidades que puedan tener de ofertas socioeconómicas y psicosociales. Es un punto muy complejo, son mínimos los casos en los que la familia sí quiere ese acompañamiento y apoyo.

Se ha hablado en muchas ocasiones en Cali de la necesidad de crear una ruta específica para esta atención, pero es muy complejo diseñar un esquema que pueda satisfacer de verdad esa necesidad. Por ahora garantizamos la presencia constante en el territorio para un trabajo con ellos. Que los casos de violencia no se repitan es lo que más nos interesa ahorita, que en esos escenarios en los cuales había concentrada una violencia constante durante los últimos 25, 30 años, los factores de riesgo sean cada vez menos para la comisión de estos delitos. Es un trabajo constante, un trabajo de todos los días, que una vez realizado con esa vocación de que las cosas se pueden hacer, funciona.

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Redacción Judicial

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