Hoy se vence el plazo para reparar a los desaparecidos del Palacio de Justicia

Hace dos años, la Corte IDH condenó al Estado por la desaparición de 11 personas el 6 y 7 de noviembre de 1985. Aunque el pagó ya se efectuó, familiares de las víctimas están inconformes. El Ministerio de Defensa dice que actúo conforme a la ley.

El Estado colombiano, según la Corte IDH, es responsable de la desaparición de 11 personas el 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la toma al Palacio de Justicia. / Andrés Torres

A finales de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una condena histórica sobre los hechos que ocurrieron hace 31 años, el 6 y 7 de noviembre de 1985 en pleno centro de Bogotá. El alto tribunal explicó en una sentencia de 235 páginas que el Estado colombiano era el responsable de la desaparición de once personas en la toma del Palacio de Justicia y que por esa razón debía pedirles perdón y repara simbólicamente y económicamente a todas las víctimas en un plazo de dos años que justamente se cumple hoy. (Lea más sobre la condena aquí)

El año pasado, en el aniversario número 30 del holocausto, el gobierno cumplió una de las órdenes más importantes de la Corte IDH. En un acto público en el centro de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos pidió disculpas por los desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales y por la falta de investigaciones por parte del Estado para dar con el paradero de quienes nunca regresaron a sus casas. “Aquí se presentó una acción lamentable, absolutamente condenable, del M-19”, expresó el mandatario y agregó una frase con un “si” condicional que molestó a más de una víctima: “Pero, si hubo fallas en la conducta y procedimientos de los agentes del Estado, así debe reconocerse”. (Lea aquí una crónica sobre el día en que el Estado pidió perdón)

Además de este acto de perdón, en los últimos dos años las investigaciones judiciales han avanzado y noticias como el hallazgo de varios cuerpos de quienes duraron desaparecidos durante tres décadas han acaparado titulares. El año pasado, por ejemplo, la Fiscalía dio con el paradero de los restos de Luz Mary Portela, William Arturo Almonacid y Cristina Guarín, entre otros. Pero además, el ente investigador también ha revelado que hay varios restos que no fueron entregados a las familiares correctamente. (Lea aquí un relato sobre al entrega de los restos de Cristina Guarín)

En julio de este año, la Fiscalía exhumó los restos del magistrado auxiliar Emiro Sandoval y encontró que en esa tumba se encontraban los restos de por lo menos dos personas más. Por eso, la Fiscalía ha ordenado la exhumación de otras diez personas que murieron en la toma del Palacio de Justicia pero que en medio del caos de la situación, sus necropsias y la entrega de los restos a sus familiares no cumplieron con los estándares adecuados. (Lea aquí más información sobre el caso de Emiro Sandoval)

Otra de las órdenes que el Estado colombiano debía cumplir antes de hoy, 10 de diciembre de 2017, era el de reparar económicamente a las víctimas.  Son ellas las que han expresado su inconformidad con lo que el Ministerio de Defensa, el entidad encargada de hacer la liquidación, está realizando con los pagos. El Espectador habló con varias de ellas quienes explicaron esta semana que la cartera que dirige Luis Carlos Villegas no está cumpliendo con lo que dice la condena. (Lea aquí más sobre la inconformidad de las víctimas)

El problema radica en una interpretación jurídica. El fallo de la Corte IDH, en su párrafo 603, dice textualmente: “la Corte estima pertinente fijar, en equidad, la cantidad de US$100 mil a favor de las once víctimas de desaparición forzada, incluyendo a Carlos Horacio Urán Rojas”. Dice además que US$40 mil se deben destinar a favor de los hermanos de las víctimas y US$80 mil a favor de las madres, padres, hijos, cónyuges y compañeros permanentes de las víctimas del holocausto.

Los abogados de los afectados aseguran que el Ministerio de Defensa está interpretando ese párrafo como si ese monto de dinero se tuviera que repartir entre todos y no uno para esposa, hijo, mamá o hermano de cada familia, y que por eso están cometiendo un error. Consultado por El Espectador, el Ministerio de Defensa explicó que nunca se interpretó la sentencia sino que su obligación “reside en el cumplimiento de acuerdo a la literalidad de la misma”.

“Dicho esto, es de advertir, que los pagos dinerarios efectuados por esta cartera ministerial, se ajustan en estricto sentido a la orden del fallo internacional, sin aplicación a criterios interpretativos de ninguna naturaleza”, agregó el Ministerio. Sin embargo, las víctimas insisten en que “la posición actual del Ministerio de Defensa deja la duda de que esto no deriva de un error o falta de interpretación, sino que devuelve la sensación de la negligencia, falta de voluntad y consideración del Gobierno en este caso, donde los interrogantes abundan”, agrega Juan Francisco Lanao, hijo de Gloria Anzola de Lanao.

Tras la publicación de El Espectador y la insistencia de las víctimas de aclarar este problema, la Cancillería y el mismo Ministerio de Defensa enviaron una solicitud a la Corte IDH para que aclare la sentencia. Fuentes de la cartera ministerial le aseguraron a este diario que, de ser incorrecta la manera en que se está indemnizando a las víctimas, harán todos los correctivos necesarios para cumplir a cabalidad con el fallo. Al cierre de esta edición, el pronunciamiento de la Corte no ha sido recibido en Colombia y se esperar que llegue entre el próximo lunes o martes.