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Hoy a las 9:00 a.m., la jueza 30 de garantías reanudará la audiencia del expresidente Álvaro Uribe, tras haber suspendido la primera sesión el pasado 16 de septiembre, considerando que se necesitaba más tiempo para analizar los argumentos presentados por las partes y decidir, de fondo, bajo qué sistema judicial se llevará el proceso del también exsenador: si por Ley 600 o por Ley 906. El expediente ha estado en poder de la Fiscalía desde el pasado 31 de agosto, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió que, al renunciar al Senado, Uribe debía ser juzgado por la justicia ordinaria.
La semana pasada, de manera virtual, la primer sesión de la audiencia inició con la presentación de las partes y enunciando el propósito que dio lugar a la diligencia: la solicitud de la defensa de Uribe para que le levanten la medida de aseguramiento de casa por cárcel y la petición del exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo de ser reconocidos como víctimas en el proceso que se le sigue a Uribe. Además, la petición del senador Iván Cepeda, quien es víctima acreditada en el expediente, a la que se sumaron Montealegre y Perdomo: que el proceso continúe su curso en la Ley 600, como venía en la Corte, y no en la Ley 906, como pidió la Fiscalía.
Reynaldo Villalba, abogado de Iván Cépeda, sustentó su petición de que el proceso se quede bajo la Ley 600, que es la que se aplica a aforados constitucionales como lo era Uribe por ser congresista. Es conocido como un sistema “inquisitivo”, con menos garantías procesales para los indagados. El mismo funcionario que investiga puede decidir si el investigado va a la cárcel de manera preventiva, por ejemplo. la discusión, sin embargo, puede irse por otro lado: el de qué pruebas recogidas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema serán (o deberán ser) tenidas en cuenta por la Fiscalía.
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El exfiscal general Eduardo Montealegre, después, respaldó la solicitud de la defensa de Cepeda de que el proceso se quede en Ley 600. “Comparto la tesis de Villalba de que esto no es tránsito, sino la coexistencia de dos modelos (o códigos penales) que están vigentes en Colombia”, aseguró. En contraste con Montealegre, Gabriel Jaimes -fiscal que lleva el caso de Uribe- afirmó que el proceso debía seguir su curso por Ley 906 o sistema penal acusatorio. Según Jaimes, “en la justicia ordinaria el factor temporal de la ocurrencia de los hechos es el que determina el procedimiento aplicable”, y, como el expresidente es investigado por hechos ocurridos en 2018, debería, según esa visión, ser investigado por la Ley 906 de 2004.
Por otro lado, la procuradora del caso, María Lourdes Hernández, también pidió que el expediente se tramite en sistema penal acusatorio. Según la representante del Ministerio Público, este método “está basado en el debido proceso”, mientras que la Ley 600 es “inquisitiva”. El abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, también se opuso a que el caso continúe por la Ley 600 de 2000. En su concepto, en concordancia con lo expuesto por la procuradora Hernández, el proceso del sistema penal acusatorio es mucho más garantista y, en su criterio, la Corte Suprema no ofrecía las suficientes garantías procesales a Uribe.
Una vez escuchados los argumentos de las partes, a la 1:00 p.m., la jueza 30 de garantías suspendió la audiencia. La funcionaria judicial la retomará hoy, después de una semana, y anunciará sus primeras decisiones, o eso es lo que se espera. Los involucrados ya pusieron las cartas sobre la mesa y la jueza se tomó el tiempo que consideró necesario para analizar qué pasará con el proceso judicial, en este momento, más importante del país.
El camino del expediente
Todo comenzó el 11 de abril de 2012, cuando el senador Iván Cépeda, del Polo Democrático, celebró un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara. El caso expuesto por Cépeda, desde entonces, ha tenido una trascendencia nunca antes vista, pues hizo de Uribe el primer exjefe de Estado en estar detenido por orden judicial. Cepeda habló sobre la presunta participación del expresidente en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el municipio de San Roque, cuando, el 13 de junio de 1996, fueron asesinadas 6 personas.
De acuerdo con Cepeda, los exparamilitares Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, y Juan Guillermo Monsalve -testigo clave- le habrían rendido testimonio sobre hechos que vincularían al expresidente con la conformación del Bloque Metro de las AUC y, por consiguiente, las masacres en San Roque (1996), La Granja (1996) y El Aro (1997). Además, según ellos, estarían involucrados también su hermano Santiago, Santiago Gallón y los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas Uribe.
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Juan Guillermo Monsalve es hijo de Óscar Antonio Monsalve, quien fue administrador de la Hacienda Guacharacas, lugar donde el padre de Álvaro Uribe fue asesinado por las Farc. De acuerdo con el testimonio de Monsalve, allí el expresidente se habría reunido con miembros de las AUC, lo cual él ha negado hasta la saciedad. En septiembre de 2012, tras el debate de control político, Monsalve sostuvo su palabra ante la Fiscalía. “Cuando Monsalve se entrevistó con Cepeda Castro, no obstante las amenazas, estaba decidido a contar su verdad y, por ello, contactó con la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín, que documentaba el bloque Metro, sin obtener la receptividad que esperaba”, dijo la Corte, en el posterior auto que ordenó la investigación de Uribe.
Luego, el 17 de septiembre de 2014, el senador Iván Cépeda retomó sus denuncias contra el expresidente Álvaro Uribe, quien, para la fecha, se había posicionado como el senador más votado de la historia -2 millones de sufragios para su partido recién creado, el Centro Democrático-. En un nuevo debate de control político, cuyo antagonista era el propio expresidente, Cépeda arremetió con una intervención nombrada “Álvaro Uribe Vélez: narcotráfico, paramilitarismo y parapolítica”. Enseñó fotografías, recortes de periódicos, documentos escaneados y los testimonios de Monsalve, argumentando la presunta actividad paramilitar de su oponente político.
Pero, antes de que Cépeda terminara su intervención, el expresidente Álvaro Uribe se retiró del recinto y se dirigió a la Corte Suprema de Justicia. A eso de las 11 de la mañana, el entonces senador radicó una denuncia ante la Secretaría de la Sala Civil, asegurando que era víctima de “difamación”, en actuaciones auspiciadas, dijo él, por las Farc. Tiempo después amplió su denuncia en la Procuraduría.
Aquellos alegatos de Uribe no tuvieron el resultado esperado. El 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia anunció que no investigaría a Cépeda a raíz de las denuncias del expresidente y, al contrario, anunció que comenzaba una indagación preliminar contra el senador del Centro Democrático. Después de eso, en mayo del mismo año, la Sala Penal de la misma corte declaró de lesa humanidad las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María del Valle, quien murió denunciando la ocupación paramilitar en Antioquia -cuando Uribe era gobernador-. Y en julio, la Corte Suprema le abrió investigación por fraude procesal y soborno.
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Tras más de un año de investigaciones y testimonios recogidos por la Corte Suprema de Justicia, Uribe renunció al Senado el 19 de agosto alegando falta de garantías y pidió que su caso se fuera para la Fiscalía, solicitud que encontró eco en el Ministerio Público. “No hay prueba de que el doctor Uribe Vélez –con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió-, hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder”, dijo la Procuraduría. Algo similar manifestó la defensa del expresidente cuando pidió a la Corte soltar el proceso.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema investigaba al exmandatario porque, sostuvo en su momento, Uribe trató de ejercer presión sobre testigos que han declarado en su contra, como Juan Guillermo Monsalve, con el fin de que se retratactaran o cambiaran su versión; y porque habría tratado por medio de su abogado, Diego Cadena, de “comprar” a exparamilitares para que hablaran en su favor. Tanto Uribe como Cadena, quien se encuentra detenido por estos mismos hechos, han negado que así se dieran los hechos.
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Cuando la Sala de Instrucción ordenó la detención domiciliaria de Uribe, el pasado 3 de agosto, la controversia fue exactamente como se esperaba: mayúscula. Miembros del Centro Democrático salieron a hablar de la necesidad de una constituyente o de reformar las altas cortes; Uribe recalcó que él era una víctima de sus enemigos políticos; y el asunto escaló aún más cuando él quedó oficialmente detenido el pasado 12 de agosto en su extensa finca El Ubérrimo, ubicada en Córdoba.
La Corte, por su parte, guardó silencio y se remitió a su decisión de 1.554 páginas. En ellas, con base en declaraciones, indagatorias, videos e interceptaciones telefónicas, señaló que las evidencias contra Uribe eran “abundantes, claras, inequívocas y concluyentes”; que él se había beneficiado de un esquema de sobornos a testigos para esquivar acciones judiciales en su contra y que de ese esquema él mismo fue “determinador, inductor y beneficiario”. Incluso, que utilizó a miembros de su UTL para favorecerse en este proceso.
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Por la posibilidad de que siguiera sobornando testigos, dijo la Corte, debía ser privado de la libertad. Y con esa determinación fue Troya. La defensa de Uribe pidió que el expediente se hiciera público, algo a lo que el alto tribunal, por ley, no podía acceder. Una semana después de haber quedado detenido, Uribe renunció al Senado y, una vez la Corte remitió el expediente a la Fiscalía, lo cual ocurrió el pasado 31 de agosto, llegó su primera gran solicitud al ente investigador: que lo dejaran en libertad.
Una vez en la Fiscalía, el jefe del ente investigador, Francisco Barbosa, le encomendó el caso al despacho del coordinador de fiscales ante la Corte, Gabriel Jaimes, un curtido servidor judicial que ha sido cercano al exprocurador y embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez. Y, mientras Jaimes negaba la solicitud de Uribe de libertad, el senador Cepeda recusó al fiscal Barbosa, a la vicefiscal Martha Mancera y, días después, al propio fiscal Jaimes. Todos negaron estar impedidos y la recusación del fiscal general y vicefiscal pasó a manos de la Sala Plena de la Corte Suprema.
El alto tribunal, a su turno, negó la recusación contra Barbosa y Mancera porque los argumentos de Cepeda, “no corresponden a una de las causales de recusación prevista en el ordenamiento jurídico. Ello, bajo el entendido de que las mismas son taxativas y deben ser interpretadas restrictivamente, como se explicó en los numerales anteriores”, según reza la decisión. Y, la recusación del fiscal Jaimes la tuvo que resolver su jefe, el fiscal general, que negó el recurso.
En paralelo, se ha desatado un debate jurídico sobre las pruebas del proceso: ¿qué pasará con todo lo que se ha actuado en el proceso en contra del expresidente? Los abogados Jonatan Abisaad y Felipe Peláez aseguraron en un análisis de redes sociales que “en ninguna circunstancia podría mantenerse la connotación de prueba de lo ya practicado a instancias de la Sala Especial de Instrucción, pues en la Ley 906 de 2004 únicamente ostenta esta calidad aquello que es practicado en el juicio oral”.
El abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, tiene una posición diferente: “Todo lo actuado se mantiene. Todas las pruebas decretas y decisiones que se han tomado se mantienen. Se recibe el proceso en el estado en el que está. Si hay pruebas ordenadas, se deben practicar. Si hay nuevas para decretar, se harán”. Todas estas decisiones, claves para el futuro del expresidente, están ahora en manos de los jueces.