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A las 10 de la mañana de hoy jueves, la Comisión Segunda del Senado está citada para la autorización de los ascensos de 18 miembros del Ejército, cinco de la Armada Nacional, otros cinco de la Fuerza Aérea y 11 de la Policía Nacional. Sin embargo, la ONG internacional Human Rights Watch, lanzó un llamado de alerta por la posibilidad de que varios de estos postulados estuvieran relacionados con asesinato de jóvenes que se hacen pasar por bajas en combate, conocido en Colombia como falsos positivos.
La organización internacional señaló que “el 10 de octubre de 2016, el Ministerio de Defensa divulgó las hojas de vida de los miembros de la Fuerza Pública que tiene previsto ascender. Entre estos se incluyen a al menos cinco generales o coroneles sobre quienes Human Rights Watch ha identificado evidencias creíbles y convincentes de que estarían implicados en casos de “falsos positivos”. (Lea también: Radiografía de los falsos positivos en Casanare)
José Miguel Vivanco, vocero de HRW para las Américas, hizo un enfático llamado a la Comisión Segunda del Senado, la encargada de evaluar las hojas de vida de los militares candidatos a ascenso, para que impida el avance de quienes estén cuestionados por episodios de violación de los derechos humanos. “De lo contrario, se reforzaría el mensaje de que en Colombia los oficiales no deben rinden cuentas por sus crímenes”, dijo.
Si bien Vivanco reconoció la presunción de inocencia que protege a los militares, explicó que “considerando la gravedad de los casos de falsos positivos y las evidencias en contra de estos militares, ascenderlos antes de que concluyan los procesos penales transmitiría el mensaje de que las autoridades colombianas no tienen un compromiso serio de garantizar que haya justicia por estos aberrantes delitos”.
Para sus afirmaciones, al organización defensora de derechos se basó en el informe “El rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles”, que esa organización publicó en junio del 2015. Asimismo, la Ong revisó procesos de investigaciones por “falsos positivos” que adelanta la Fiscalía general. (Lea: “Altos niveles del Ejército facilitaron falsos positivos”: HRW)
Los militares en cuestión
Los miembros del ejército que serían ascendidos y que según HRW podrían tener responsabilidad penal por falsos positivos son los brigadieres generales Emiro José Barrios Jiménez y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, quienes serían ascendidos al grado de mayor general, y los coroneles Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez y Adolfo León Hernández Martínez, quienes serían ascendidos a brigadier general.
El brigadier general Emiro José Barrios Jiménez, quien en la actualidad dirige la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, sería ascendido a mayor general. Según Humans Rights Watch, mientras él fue comandante de la Octava Brigada, entre 2007 y 2009, ocurrieron por lo menos 19 casos de falsos positivos que actualmente tienen investigaciones penales en Fiscalía. De hecho, el general Barrios Jimenez ya fue citado a interrogatorio.
Por su parte, el segundo en la lista que aspira al máximo grado en el Ejército, brigadier general Jorge Enrique Navarrete Jadeth, fue la mano derecha de Emiro José Barrios Jiménez cuando comandó la Octava Brigada. “Navarrete Jadeth se encuentra bajo investigación penal por homicidios cometidos por la Octava Brigada, así como por su presunta cooperación con grupos paramilitares”, señaló en su documento la organización.
El coronel Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, quien podría legar a ser brigadier general, fue comandante del Batallón Magdalena de la Novena Brigada entre 2006 y 2007 y bajo su mando harían ocurrido por lo menos 22 ejecuciones extrajudiciales. También aspirante a general, el coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo comandó el mismo Batallón que Rodríguez entre diciembre de 2007 y julio de 2008. En su período habrían ocurrido 19 casos de falsos positivos.
Finalmente, la organización cuestionó el ascenso del coronel Adolfo León Hernández Martínez, quien estuvo al frente del batallón Popa de la Décima Brigada al menos entre enero de 2008 y 2009. A la fecha, diez militares bajo su mando han sido condenados por tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas mientras él se encargó del batallón.
Una advertencia muy seria
Se trata de una advertencia que no se puede tomar a la ligera. Ya en el pasado hubo un escándalo por el intento de ascender a general de la Policía a Francisco Barrera, quien estaba relacionado con el oscuro caso del asesinato del joven grafitero, Andrés Felipe Becerra, que en confusos hechos fue acusado de hurto y luego se demostró que fue asesinado por la espalda.
Pero antecedente más preocupante y que hace que los miembros de la Comisión Segunda del Senado se tomen más en serio la denuncia de HRW, es el caso del general Mauricio Santoyo quien fue condenado en Estados Unidos por vínculos con paramilitares. Este es el miembro de la Policía de más alto rango que ha sido extraditado.
En este caso pesó más que Santoyo fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus buenas relaciones con los congresistas de la Comisión Segunda del Senado. Porque, aunque habían ruidos sobre su transparencia, en esta Comisión se dio el ascenso sin mayores reparos.