ICM, la “cruz” de Álvaro Cruz

La Fiscalía realizó una inspección judicial en la residencia y la oficina de Álvaro Cruz, en la Gobernación de Cundinamarca. Se investigan presuntos sobornos en un contrato del año 2009 por un valor de casi $23 mil millones.

El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, ha dicho que no tiene nada que ver con el carrusel de Bogotá. / Archivo
La entrega de un contrato por $15.689 millones a la Unión Temporal Asfaltos 2009, el 2 de diciembre de 2009, tiene al hoy gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, bajo sospecha dentro de la investigación por el llamado escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Esa Unión Temporal estuvo conformada por las firmas Incoasfaltos e ICM Ingenieros. Esta última fue asesorada por Cruz hasta 2010 y, según han relatado varios testigos, el gobernador era el verdadero dueño.

Por esa razón, este lunes agentes del CTI allanaron la oficina del mandatario regional, su residencia y las oficinas de las firmas ICM e Incoasfaltos con el objetivo de encontrar documentación sobre los negocios que pudieron desarrollarse entre Cruz y las empresas salpicadas en los tiempos de la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, así como verificar, tal como lo han expresado algunos declarantes, si actualmente la Gobernación de Cundinamarca tiene negocios con ICM e Incoasfaltos. O si las distintas alcaldías del departamento firmaron algún tipo de convenio interadministrativo para adelantar proyectos de construcción en sus municipios.

Estas diligencias se realizaron tras las declaraciones que desde el año 2013 han venido entregando a la Fiscalía el abogado Manuel Sánchez, los excontratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, así como el condenado exconcejal de Bogotá, Hipólito Moreno. Todos los testigos narraron los detalles de cómo la mano larga del cartel se apoderó de la Unidad de Mantenimiento Vial del Distrito a cambio de sobornos en varios contratos para el reparcheo en las localidades de Suba, Barrios Unidos, Kennedy, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar, Mártires, San Cristóbal y Tunjuelito.

Precisamente en mayo de 2013 El Espectador publicó que Emilio Tapia, Manuel Sánchez y Julio Gómez señalaron a la firma ICM Ingenieros y a Cruz como un enlace del carrusel, una versión que ha sido vehementemente desmentida por el mandatario local. El asunto se circunscribe en específico al contrato 129 de 2009, cuyo objeto social fue el suministro de emulsiones asfálticas y de asfalto sólido para la conservación de las vías en Bogotá. Este contrato fue entregado por la UMV en diciembre de 2009 y, además de los $15.689 millones, tuvo tres adiciones por más de $8.200 millones. Según la ficha técnica del contrato, éste terminó de ejecutarse el 18 de diciembre de 2011.

El lío es que Emilio Tapia, Hipólito Moreno, Manuel Sánchez y Julio Gómez le han dicho al ente investigador que se pagaron comisiones por parte de la Unión Temporal para garantizar la adjudicación de ese contrato. Coimas de las que se habrían beneficiado el exdirector de la UMV, Iván Hernández, y los entonces concejales que manejaban esa entidad: Orlando Parada (condenado a nueve años de prisión por estos hechos), Hipólito Moreno y Andrés Camacho Casado. Aunque todo parece indicar que la ejecución del contrato 129 de 2009 no tuvo inconveniente alguno, la Fiscalía indaga si hubo un soborno de por medio.

El gobernador Álvaro Cruz, en reciente entrevista con este periódico, manifestó que “el sistema penal da beneficios a quienes logran involucrar a personas de jerarquía alta. Como yo soy gobernador, me están involucrando para ver qué logran. Que prueben con documentos si he cometido algún delito. Cualquiera puede revisar si en mi campaña hay un peso de estas personas”. Además, resaltó: “Hay varias personas procesadas por el carrusel que tenían contratos con la Gobernación, y cuando yo llegué puse muchos en orden, los acabé y cobré multas. Por eso varios de ellos están bravos conmigo. Con esos antecedentes es evidente que quieren debilitarme”.

No obstante, la Fiscalía tiene varios filones que no le cuadran. Otra veta que se indaga, por ejemplo, es que, muy a pesar de que Cruz ha dicho en todos los tonos posibles que jamás ha sido representante legal de ICM, sino apenas su asesor, hay documentos de una compra que realizó en Estados Unidos que prueban lo contrario. Una investigación de Noticias Caracol hace dos semanas así lo evidenció. A lo que se sumó la columna que escribió Daniel Coronell en Semana este domingo. En ambos informes se reseña que Cruz apareció como cabeza de ICM firmando la compra de unas tierras en Florida, EE.UU. De allí que Coronell asegure: “Todo este negocio probaría que Cruz sí está íntimamente ligado con ICM”.

Precisamente la misma empresa que, tal como Cruz, está bajo sospecha en el accidentado expediente del carrusel de Bogotá.