Los abogados que representan los intereses de las siete personas investigadas por los hechos que rodearon el asesinato del agente de la DEA, James Terry Watson, estudian presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si se avala la extradición de sus defendidos.
En este sentido consideran que se estaría en una violación de los derechos fundamentales y del tratado internacional que firmó el Gobierno de Colombia en el que se prohíbe la extradición por crímenes de personas protegidas internacionalmente.
En este caso, la Fiscalía y la Procuraduría General le solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que de concepto favorable a la extradición de estas personas que habrían participado en el robo y posterior asesinato del agente del organismo internacional.
Se espera que en los próximos meses el alto tribunal de a conocer el fallo en este caso, después de negar la práctica de pruebas solicitadas por los abogados de las personas que se encuentran recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá.
Una Corte de los Estados Unidos presentó a mediados del año pasado una solicitud de extradición por los delitos de asesinato en segundo grado, secuestro y conspiración para secuestrar, asalto y destrucción de evidencia.