La impunidad de un estafador

Pablo Antonio Vaca, condenado por estafa, es experto en no pagar deudas. Debe más de $500 millones al Fondo Premium de Interbolsa. Un extrabajador de Acerías Paz del Río lo denunció por apoderarse de $340 millones.

Pablo Antonio Vaca Murcia. /Tomado de video
En 2013 dos hermanos se comieron una gallina en un piqueteadero de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Dijeron que no tenían los $35.000 para pagar la cuenta y hoy Luis Alberto y Éber Jerez Moncada están en la cárcel Modelo de Bogotá. Fueron condenados por los delitos de hurto agravado y calificado a 4 años y 9 meses de prisión. En cambio está libre Pablo Antonio Vaca Murcia, quien quedó debiendo más de $1.000 millones.
 
Sobre Pablo Antonio Vaca Murcia recae una condena por estafa agravada, que profirió el Tribunal Superior de Bogotá en 2010. Pero la suerte le sonríe. No ha pagado un día de cárcel, ha vivido en un apartamento en el exclusivo sector de Rosales y en una finca en Facatativá. Sus carros son de alta gama. Sus víctimas le conocen un Nissan último modelo y un BMW azul de placas BHF771.
 
Sus hijos han estudiado en la Universidad de los Andes. Aparece con ellos y con su esposa en cocteles de sociedad, como en la entrega de los Premios Cemex en 2012. Su foto sale publicada en revistas como Jet-Set. Pero lo han embargado por lo menos dos bancos y media docena de compañías a las cuales les quedó debiendo plata. El Fondo Premium que ofrecía Interbolsa le prestó US$154.000 a través de su filial Valores Incorporados. Vaca adeuda más de $500 millones por ese crédito, según el interventor de Premium, Alejandro Revollo.
 
También le está debiendo $340 millones a José Antonio Romero, un operario de Acerías Paz del Río que se jubiló siendo supervisor de esa empresa, donde trabajó 33 años. Por esta deuda la Fiscalía imputó a Vaca y a su esposa, Susana Guerrero, el delito de estafa agravada. Según Romero, Vaca lo estafó. “Ni siquiera sabemos dónde fue a parar la plata. Todo fue un engaño, un montaje. Como andan en las altas esferas bogotanas manejan muchas influencias”, dijo.
 
La esposa de Romero, Isabel Delgado, añadió: “La justicia nos desamparó. Llevamos siete años y ya ha pasado tiempo suficiente para que algo se hubiera avanzado. La justicia ayuda más al que está haciendo las maldades. Duele mucho. Los hijos de ellos sí están en las mejores universidades. ¿A costa de quién? De nosotros”.
 
Sobre la deuda a Romero, Vaca Murcia le dijo a El Espectador: “Hay gente que prefiere cobrar las obligaciones civiles por la vía penal”. Pero se abstuvo de dar detalles alegando reserva sobre el expediente. Cuando el Sindicato Antioqueño se retiró de Paz del Río, la empresa fue adquirida por los trabajadores, a los cuales les financiaron las acciones descontándolas del salario. José Antonio Romero compró acciones a $2. Los trabajadores las vendieron a $130 a una compañía brasileña, el grupo Votorantim. Romero obtuvo un dinero para invertir: $300 millones.
 
A raíz de la venta apareció Susana Guerrero en Paz del Río, Boyacá. Era asesora comercial de Porvenir, el fondo de pensiones. Fue en 2007. Romero pasó el dinero que ganó con las acciones al plan de pensiones voluntarias. Pero en diciembre de ese año Guerrero volvió a visitarlo para que retirara su plata y la invirtiera en otra cosa. Recordó Romero: “Susana Guerrero ofrecía una simulación en un computador, no era una inversión de Porvenir, ella llevó un montaje, dijo que posteriormente nos iba a entregar la papelería. Ella dijo que eran activos innominados. Mi contador me dijo: ‘¿Qué es eso?’, y ella le dijo que el contador no sabía porque era muy joven”. Romero autorizó el retiro de $300 millones que tenía en Porvenir.
 
En ese momento empezó el viacrucis de Romero y su esposa. Él fue a Porvenir en Bogotá y le dijeron que Susana Guerrero ya no trabajaba allá y que Vaca, su esposo, tenía minas de yeso en Santander. Susana Guerrero les dijo que trabajaba con Estraval. La esposa de Romero entregó $100 millones para invertir en Estraval. “En Estraval, una señora Diana León nos dijo que esa plata no estaba allá”, dice Romero. Luego Guerrero dijo que el dinero estaba en Link Global Ltda., firma que expidió un certificado al respecto. Agregó Romero: “Susana llegó a Paz del Río con un contrato firmado por el señor Luis Carlos Crispín, gerente de Link Global. Llamé a Crispín y dijo que no, que Susana no había traído el cheque. Susana siempre era con mentiras, achaques, evasivas”. Link Global Ltda. es una captadora ilegal, según la Superintendencia Financiera.
 
Romero se reunió en Tunja con Pablo Antonio Vaca. Dice que Vaca le mostró un contrato firmado por el gerente de Cemex para transporte de material. “Él hablaba de portafolios, decía que tenía una oficina de geominería en la carrera 14 en Bogotá. Nos firmó un documento en el que nos devolvía la plata”. No obstante, en 2010 Romero denunció penalmente a Vaca y a su esposa por los incumplimientos. Hubo una conciliación y se pactaron cuotas de pago, pero Romero solamente recibió un cheque de $60 millones del Helm Bank.
 
“Nos tomaron del pelo”, agregó. Luego, Vaca ofreció un lote en Cartagena, promesa que no se materializó. De los $400 millones que dieron, Romero y su esposa no han podido recuperar $340 millones. “Ellos no tienen nada en Colombia, no tienen cuentas en Colombia”, indica Romero. “Mi abogado en Tunja dice que hay que seguir el proceso. Es un desgaste muy feo, tanto psicológico como moral y económico para la familia”. Un abogado de Vaca le dijo a Romero: “Usted es socio de él (Vaca) en la mina”. Pero no era cierto.
 
La esposa de Romero dice que ella vivía ilusionada con pagarles los estudios a sus dos hijos, incluyendo los del menor, que quería entrar a la Fuerza Aérea. Y habla de otro engaño de Susana Guerrero: “Ella decía que me iba a programar una segunda luna de miel en San Andrés”. Recuerda también que Guerrero le llevaba descuentos para restaurantes de McDonald’s en Bogotá, pero los cupones estaban vencidos.
 
Vaca Murcia dijo a El Espectador que tuvo una quiebra en una mina por el fenómeno de La Niña, pues no pudo sacar la producción porque la mina tenía acceso por un río. “Tuve una crisis económica muy fuerte, se me reventó el negocio en las manos por situación climática. Yo estaba necesitando recursos y me recomendaron que tenían líneas de crédito para minería, y por eso llegué a Valores Incorporados”, señaló. Afirmó que pidió el préstamo a tres o cuatro mesas de dinero similares a Valores. Mesa de dinero es una oficina que negocia divisas o papeles del Gobierno. Dijo que no conoce a Juan Carlos Ortiz ni a Tomás Jaramillo, fundadores de Premium —quienes serán imputados hoy por la Fiscalía—, y que el crédito se lo tramitaron una persona llamada John (podría ser John Muñoz), otra llamada Natalia (podría ser Natalia Zúñiga, representante legal de Valores) y un abogado. El crédito lo solicitó en 2009, indicó. Sobre la suma que adeuda a la filial de Premium dijo que el asunto está en un juzgado. “No sé ni con quién hablar en Valores Incorporados”.
 
Pablo Antonio Vaca Murcia ha sido embargado en los últimos años por el Banco Coopdesarrollo y por el extinto Banco Ganadero. Por el no pago de deudas ha sido demandado en procesos ejecutivos por Agroexport de Colombia, Mayorista Agrícola S.A., Alí José López y Transportes Calderón. Cuando el abogado de Agroexport —Vaca quedó debiendo $62 millones por unos fertilizantes— fue a embargar unos cuadros en el apartamento de Vaca en Rosales, el administrador del edificio le informó que debía tres años de administración.
 
La condena vigente contra Vaca Murcia por estafa agravada se deriva de su actuación como vicepresidente de la Promotora El Faro, sociedad que lesionó económicamente a un grupo de personas que invirtieron en un proyecto turístico en Punta Canoa, al norte de Cartagena. Según el Tribunal Superior de Bogotá, Vaca Murcia y otros funcionarios incurrieron en “maniobras engañosas, destinadas a causar grave daño patrimonial a los incautos compradores de los sueños vacacionales ofrecidos por las directivas de Promotora El Faro de Cartagena y su filial Cartagena Time Share”. La condena fue a 22 meses de prisión, aunque en primera instancia la sentencia había sido de 40 meses.
 
Vaca Murcia dijo que trabajó para El Faro, empresa de su suegro, pero que no era accionista ni representante legal sino que estaba en la parte comercial, atendiendo clientes. “Eso hizo que la gente me persiguiera”, indicó. “Eso no era mío, era de mi suegro, me pagaban un sueldo por trabajar allá”. No estuvo detenido, agregó, pues se aplicó la libertad condicional. Dijo que a su suegro “se le descalabró el negocio” y que cuando sucedieron los hechos él tenía 32 años. Precisó que la condena por estafa quedó en firme después de que la filial de Premium le otorgara el crédito.
 
En el año 2009 el Ministerio de Minas inhabilitó a Vaca Murcia por cinco años como concesionario de una mina de yeso en el municipio de Los Santos, Santander. “Pido reparación, que se haga justicia”, dice José Antonio Romero.