Imputan cargos a tres policías por asesinato de joven futbolista en Cartagena

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Los uniformados Juan Esteban Gómez, Iván Darío Olivo y Octavo Darío Porras se entregaron a las autoridades el pasado 17 de diciembre. Los tres se declararon inocentes en la audiencia de imputación por el asesinato de Harold Morales.

El pasado 24 de agosto, en el barrio San Francisco de Cartagena, un disparó acabó con los sueños de un joven de 17 años, Harold Morales, quien buscaba en el fútbol un proyecto de vida y, además, una salida a los problemas económicos que enfrenta su familia. Luego de cuatro meses, una Fiscalía de la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos imputó a los tres presuntos responsables por el crimen, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena, a quienes vinculó a un proceso penal por los delitos de homicidio agravado, favorecimiento al homicidio y falsedad en documento público.

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Morales había ingresado a las inferiores de un equipo profesional de fútbol en Cali, sin embargo, con el exponencial crecimiento de la pandemia por COVID-19, que paró los entrenamientos y competencias deportivas, tuvo que regresar a Cartagena donde vivía su madre, Liseth Payares. El 24 de agosto, el joven futbolista salió a trabajar a un lavadero de carros del barrio San Francisco. Según su hermano menor, de 14 años, fue abordado por tres policías que lo redujeron con violencia en el lugar, sin razón alguna.

Liseth Payares, madre de la víctima, atendió el llamado de la comunidad por un caso de abuso policial a plena luz del día. “Se formó una trifulca y llegaron policías de todas partes. Yo en medio de mi angustia no sabía qué hacer y solo le decía a la gente que grabara todo lo que estaba pasando. Yo escuchaba que la gente les gritaba: ‘Así no es, eso que ustedes hicieron no se hace’”, explicó el diálogo con El Espectador, el pasado 1° de septiembre.

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Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los patrulleros de la Policía Metropolitana de Cartagena Octavio Darío Porras, Iván Darío Olivo De Ávila y Juan Esteban Gómez Ricard. Los procesados se entregaron a las autoridades el pasado 17 de diciembre, tras conocer la orden de captura que se profirió en su contra. Ante un juez de control de garantías se declararon inocentes del crimen, aunque recibieron medida de aseguramiento intramural.

“La investigación da cuenta de que el día de los hechos, el patrullero Olivo De Ávila, al parecer, golpeó al menor de edad sin justificación alguna. Posteriormente, Porras Vides le habría disparado con el arma de dotación. Los tres uniformados en el reporte oficial señalaron que la víctima hacía parte de una pandilla y les había disparado con un arma artesanal, la cual fue sometida a cadena de custodia por el patrullero Gómez Ricard”, agregó la Fiscalía.

Pero, a raíz de esa versión, las indagaciones del ente investigador llevaron a otras conclusiones: “Las pruebas periciales de balística concluyeron que el artefacto ‘hechizo’ que supuestamente usó el adolescente no era apto para disparar”, puntualizó Deicy Jaramillo Rivera, directora especializada contras las Violaciones de Derechos Humanos de la Fiscalía.

La ONG Temblores, en su momento, denunció lo que consideró como un caso de “violencia policial”. La organización convocó dos plantones en el lavadero del barrio San Francisco (Cartagena), donde trabajaba Harold, y en una cancha de fútbol en un sector conocido como Las Gaviotas. La protesta se sumó a la impulsada por amigos, vecinos y familiares, quienes durante más de una semana pidieron justicia por las calles de Cartagena.

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Solo dos semanas después del caso de posible abuso policial contra Harold Morales, en Bogotá se presentó otro episodio con características similares. La madrugada del 9 de septiembre, en el CAI Villaluz (Bogotá), el abogado Javier Ordóñez fue golpeado con violencia hasta la muerte, tras un procedimiento policial liderado por los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda. Por estos hechos, ambos fueron destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos por 20 años, mientras, al tiempo, están bajo investigación en la Fiscalía, pues la Justicia Penal Militar aclaró que no se trataba, en modo alguno, de un acto del servicio.

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