Imputan cargos a exdirector del Fondo de Seguridad del Distrito por compra de motos eléctricas

César Augusto Manríquez Soacha se declaró inocente de los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y celebración de contratos sin el cumplimento de los requisitos legales. Se solicitará medida de aseguramiento.

Ante el juez 74 de garantías la Fiscalía General le imputó cargos al exdirector del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, César Augusto Manríquez Soacha en el marco del proceso que se le adelanta por las irregularidades en la celebración del contrato para la compra de 100 motos eléctricas para la policía en agosto de 2012.

El fiscal del caso aseguró que se presentaron irregularidades puesto que no se adelantó la licitación pública para la celebración de este contrato que tuvo un costo de 4.357 millones de pesos, y la empresa beneficiada no tenía la capacidad jurídica para ejecutar dicho convenio contractual por lo que se presentaron falencias administrativas.

"No se cumplieron los trámites exigidos", señaló el fiscal al indicar que se presenta un agravante puesto que se trata de un funcionario público. En este sentido aseguró que conocía que estaba incurriendo en irregularidades y así firmó dicho multimillonario contrato.

"Esta probado que hay un detrimento de 1.100 millones de pesos", aseguró el delegado del ente investigador sobre el hecho que estos eran fondos de Estado de los cual presuntamente se apropió en beneficio propio o de un tercero "puesto que es te dinero le fue pagado a la empresa beneficiaría".

En su intervención el fiscal aseguró que el valor unitario de cada moto en el mercado era de 2.566 dólares. Al revisar el cambio de moneda, los costos de importación entre otros el costo de cada vehículo era de 22 millones de pesos. "Pero cada fue una venda en 43 millones de pesos".

Además en el contrato se explica que cada moto tenía una caja de poder por un valor de 5 millones cada uno. Al hacer la experticia técnica se encontró que el costo de las mismas no superaba el millón de pesos. "Se presentó un detrimento patrimonial para el Estado".

"Con su comportamiento se afecta la credibilidad en las instituciones del Estado", señaló el delegado del ente al manifestar que es evidente que este caso hace referencia a delitos contra la administración pública.

Manríquez Soacha se declaró inocente de los delitos de peculado por apropiación, celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y celebración indebida de contratos.

Debido a la gravedad de los delitos imputados la Fiscalía General le solicitó al juez que lo cobije con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Esto con el fin de garantizar la presencia en el juicio, así como influenciar en los testigos dentro del proceso penal y la destrucción de elementos materiales probatorios. “Se debe garantizar la protección del erario”.