Durante la pandemia

Imputarán cargos al gobernador del Chocó y a la sobrina de Dilian Francisca Toro

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El anuncio lo hizo el fiscal general, Francisco Barbosa, quien indicó que se han abierto más de 100 indagaciones por presuntos hechos de corrupción en el marco de la crisis del COVID-19.

Por irregularidades en contratación de servicios y productos para atender la crisis generada por la propagación del COVID-19, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos al suspendido gobernador del Chocó, Ariel Palacios, así como a cuatro alcaldes y a tres integrantes del Ejército Nacional. Así lo indicó el fiscal Francisco Barbosa, quien explicó que se han abierto 177 indagaciones por presuntos hechos de corrupción en tiempos de crisis en todo el país. Asimismo, se le imputarán cargos a la secretaria de Desarrollo del Valle, Nataly Toro Pardo, sobrina de la exgobernadora Dilian Francisca Toro.

En el caso del gobernador del Chocó, se cuestiona el contrato N°198 del 15 de abril de 2020 suscrito con la Fundación Chocó Saludable para la elaboración de pendones, afiches, pasacalles, cartillas, plegables y cuñas por valor de $2.091′500.000. Ese contrato se firmó de manera directa, al parecer sin reglas claras que permitiera la existencia de varias ofertas, y “habría vulnerado decretos, resoluciones y circulares que dictan disposiciones, instrucciones y soluciones en virtud de la coyuntura generada por el COVID-19”.

La Fiscalía le imputará cargos a Jorge Augusto Tobón Castro, alcalde de Necoclí (Antioquia) por un contrato realizado suscrito el 26 de marzo de 2020 con la Corporación Stage Events por $450 millones para el suministro de mercados, agua, productos de cosechas, implementos de bioseguridad, alimentos para animales en situación de calle y accesorios para bebederos y comederos. “Los investigadores detectaron posibles inconsistencias como la no justificación de algunos valores y sobrecostos”, señaló la Fiscalía.

Igualmente, se imputarán cargos a Édgar Augusto Gallego Arias, alcalde de Barbosa (Antioquia) por supuestas irregularidades en el contrato 000186 del 17 de marzo de 2020 para labores logísticas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad desde la educación y capacitación de la población. Además, será imputado el alcalde de San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas, por posibles anomalías en el contrato CD-038-2020, para la adquisición de ayudas humanitarias y kits de prevención de propagación del COVID-19 por $90 millones.

Y se imputarán cargos a Víctor Candelo Reina, alcalde de El Charco (Nariño) por un contrato para la compra de paquetes alimenticios para personas de la tercera edad y vulnerables de la zona urbana del municipio por $210 millones. En este caso, la Fiscalía asegura que el contratista tendría vínculos con la alcaldía municipal. De otro lado, también se llevará ante los jueces al director de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército Nacional, coronel Fredy Alberto Baquero Jaimes.

En este caso, la Fiscalía investiga presuntos sobrecostos en la compra de varios productos de bioseguridad (tapabocas y cloro) en un contrato por $200 millones. También serán imputados junto al coronel Baquero; el supervisor del contrato, capitán del Ejército Nacional Hárold Cárdenas Mesa; el jefe de contratos de la Cenac, el sargento segundo Carlos Eduardo Oviedo Cruz; y la contratista Luisa María Zapata Castiblanco.

El fiscal Barbosa anunció que otras 14 personas serán investigadas. Entre ellas, la secretaria departamental de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación de Valle del Cauca, Nataly Toro Pardo, hija del capitán (r) del Ejército José Luis Toro, quien a su vez es hermano de la exgobernadora del mismo departamento Dilian Francisca Toro, una de las mujeres más influyentes en el país. En el caso también se le imputarán cargos al representante legal de la Corporación para el Desarrollo de Valle del Cauca (Corpovalle), Adrián Fernando Zamora y la Fiscalía cuestiona un contrato del 30 de marzo de 2020, por valor de $2.330´517.483, para entregar a domicilio kits alimenticios a población vulnerable de la tercera edad en los 42 municipios de Valle del Cauca.

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