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La Fiscalía inició una investigación formal contra el exdirector del Inpec, el general (r) Gustavo Adolfo Ricaurte, quien se retiró del instituto penitenciario en plena navidad de 2013. Al oficial retirado se le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por supuestas irregularidades en un contrato de educación superior en la cárcel La Picota, en Bogotá, cargo que no aceptó.
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De acuerdo con el ente investigador, el general (r) se habría asociado con la Corporación Universitaria Ideas, fundada en la década del ochenta por el exsenador de La U Jairo Tapias Ospina, para dictarles la carrera de derecho a exparamilitares de ese penal. Sin embargo, para la época de los hechos, la institución educativa no tenía el aval del Ministerio de Educación.
El pasado 23 de noviembre fue la primera vez que la Fiscalía trató de imputarle cargos al alto oficial en retiro, pero la defensa de Ricaurte señaló que un juez de control de garantías no era competente para avalar la imputación, pues al momento de los supuestos hechos era brigadier general de la Policía y, por tanto, es un aforado que debería ser investigado, incluso, por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, según fuentes de la Fiscalía, finalmente un funcionario de la Dirección Anticorrupción fue el que realizó la imputación, que se celebró el 8 de marzo pasado. Mientras el ente investigador se abstuvo se solicitar medida de aseguramiento, el exdirector del Inpec se declaró inocente y esperará, en los próximos meses, a que las autoridades lo llamen a juicio o soliciten a un juez el archivo del expediente.
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Entre los estudiantes que se graduaron de derecho y que no podrán ejercer están Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias El Águila, comandante de las Autodefensas de Cundinamarca desde 1990 hasta 2004, quien tras someterse a Justicia y Paz recibió una pena que cumplió hasta 2017. También se graduó el exjefe paramilitar Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, quien en 2015 salió libre tras pagar un pena de Justicia y Paz por 436 hechos criminales, que dejaron más de 1.000 víctimas reconocidas.
De acuerdo con la Fiscalía, en un proceso paralelo contra tres miembros de la junta directiva de Ideas (Alejandro Cuervo, Cristina Pedraza y Catalina Tapias), 17 exparamilitares habrían perdido la plata y el tiempo, dado que ante las supuestas irregularidades el Consejo Superior de la Judicatura les negó las tarjetas profesionales. Los exparamilitares habrían perdido entre $30 y $35 millones y, además, cinco años de estudio dentro de La Picota.
Por eso, el 4 de octubre de 2019, la Fiscalía imputó a los tres funcionarios de esa corporación universitaria. A Alejandro Cuervo Carvajal, revisor fiscal, contador y gerente administrativo, se le abrió una investigación por presunto fraude procesal y falsedad en documento privado. Ana Cristina Pedriza, rectora, fue imputada por los mimos delitos y por contrato sin cumplimiento de requisitos. Por último, Catalina Tapias, presidenta del Consejo Universitario, es investigada por presunta falsedad en documento privado.
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Las investigaciones contra los altos mandos de Ideas y el general (r) Ricaurte continuarán. Ellos, dice la Fiscalía, siguieron adelante con el convenio, a pesar de que el Ministerio de Educación no le otorgó el permiso al centro educativo de dictar clases por fuera de sus instalaciones. Ideas cuenta con personería jurídica desde el 18 de diciembre de 1984, sin embargo, al parecer, estaba inhabilitado para dictar clases en La Picota. Y 17 exparamilitares en proceso de resocialización fueron los perjudicados.