Lo único claro en medio de este mar de incertidumbre que rodea la captura de 15 personas por, supuestamente, estar detrás de una serie de atentados en Bogotá y de hacer parte de la milicias urbanas del Eln es que no les imputarán cargos por los hechos ocurridos en la capital el pasado 2 de junio, cuando estallaron dos petardos en las oficinas de Porvenir ubicadas en la calle 72 con 10ª y en la calle 13 con 46. Es más, aún se desconocen detalles de los hechos por los cuales serán procesados, ya que, luego de 15 horas de audiencia, apenas se legalizaron los 12 allanamientos que realizaron las autoridades durante los operativos del pasado miércoles.
Fuentes de la Policía aseguraron que hay pruebas que demostrarían la participación de estas personas. Sin embargo, en la Fiscalía precisaron que aún se analizan los elementos probatorios y no hay resultados contundentes. En pocas palabras, entre ambas entidades existe una tensión debida, al parecer, a la forma como se manejó la situación ante los medios de comunicación. Ciertamente, este caso ha levantado más ampollas que felicitaciones, porque distintas organizaciones de derechos humanos señalaron que los capturados no son miembros del Eln sino estudiantes y líderes sociales.
Por esa razón, amigos, familiares, miembros de la Universidad Pedagógica, a la cual pertenecen algunos jóvenes capturados, y organizaciones sociales realizaron un plantón al frente de Paloquemao para exigir que se respeten los derechos de los detenidos, quienes, según ellos, han sido expuestos a un show mediático y se les ha violado el debido proceso. Es más, por unos instantes se produjo un enfrentamiento entre los protestantes y miembros del Esmad que llegaron a la zona.
La audiencia se ha prolongado por más de 18 horas por la férrea defensa de los abogados de los detenidos, quienes se opusieron a la legalización de los allanamientos al advertir que sus defendidos y los familiares de éstos fueron intimidados verbalmente y que las autoridades se llevaron objetos que no fueron registrados en las actas policíacas. Al cierre de esta edición se peleaba por la legalización de las capturas.
Varias voces les han pedido a la Fiscalía y la Policía claridad sobre los hechos. Uno de ellos, el congresista Alirio Uribe, manifestó que “en el caso de los detenidos en Bogotá hay varios líderes y activistas que no tienen nada que ver con el Eln. No nos parece que en el afán de dar resultados se termine deteniendo a personas que nada tienen que ver con estos hechos (...) Este proceso tiene que ser revisado porque la Fiscalía puede estar siendo mal informada por agencias de inteligencia que ven terroristas en los jóvenes de izquierda, cuando realmente hacen ejercicio de la protesta”.
A su turno el abogado Jorge Molano añadió: “Aquí se está persiguiendo la labor de personas que hacen parte de movimientos políticos, de organizaciones de derechos humanos o estudiantes, y se repite la misma práctica del general Palomino de perseguir a quienes ejercen derechos, participan en manifestaciones o plantean disidencias frente a este Gobierno”.
Uno de los hechos que llamaron la atención de las organizaciones sociales fue que Humberto Sierra y María Angélica Delgado, las dos personas que supuestamente fueron capturadas en flagrancia, quedaron en libertad antes de que se iniciara la audiencia. “Eso significa que estamos bajo una actuación absurda e ilegítima. Se trata de falsos positivos judiciales”, fue la conclusión de los familiares.
Sin embargo, al ser consultadas sobre el tema, fuentes de la Policía manifestaron que en las residencias de estas personas se encontró material de guerra como granadas, por lo que no entienden la determinación de dejarlas en libertad, y agregaron que ambos jóvenes seguirán siendo procesados y se les imputarán cargos, al igual que a los otros 13 detenidos, por los delitos de rebelión, terrorismo, daño en bien ajeno y lesiones personales agravadas.
Más allá del revolcón político que han provocado estas capturas, ya que entre los detenidos se encuentran reconocidos líderes sociales como Paola Salgado y Sergio Segura, ambos contratistas del Distrito, la Fiscalía sostiene que tiene interceptaciones telefónicas y material probatorio suficiente para demostrar que estas personas, junto con el considerado jefe del reducto urbano del Eln, David Camilo Rodríguez, alias el Profe, participaron en cinco “actos terroristas” ocurridos en 2014 y principios de 2015.