La incomodidad de Ardila

La historia detrás de la súbita salida del jefe de la Oficina Jurídica de la Contraloría Distrital, David Ballén, por presuntos nexos con el concejal José Juan Rodríguez, investigado por el carrusel de la contratación.

El cuestionado contratista Emilio Tapia y el contralor de Bogotá, Diego Ardila. / Archivo
El cuestionado contratista Emilio Tapia y el contralor de Bogotá, Diego Ardila. / Archivo

Los supuestos vínculos del exjefe de la Oficina Jurídica de la Contraloría Distrital, David Ballén, con el cuestionado concejal José Juan Rodríguez, preso por su presunta participación en el carrusel de la contratación, llevaron al contralor distrital, Diego Ardila, a aceptarle su renuncia el pasado martes. Según fuentes consultadas por El Espectador, Ballén jamás le reportó a Ardila sus vínculos con José Juan Rodríguez, aunque sería parte interesada en ese expediente.

El supuesto interés de Ballén por afectar el caso fue ventilado durante una audiencia realizada el lunes anterior en la que se iba a definir la suerte del preacuerdo del contratista Emilio Tapia para colaborar con la justicia. Ballén envió a la abogada de la Contraloría Distrital Martha Parra para que la Contraloría Distrital fuera incluida en la lista de víctimas del proceso contra Tapia. Una petición que fue rechazada por la Fiscalía, la Procuraduría e, incluso, las mismas víctimas. El representante del IDU, Orlando Papero, señaló: “(La Contraloría) sería bienvenida si no entorpece el proceso. Pero hay que tener en cuenta que el contralor tiene parentesco y vínculos con personas que tienen calidad de imputados en el carrusel de la contratación”.

Por su parte, Jesús Albeiro Yepes, abogado de Tapia, denunció que algunos funcionarios de la Contraloría Distrital estarían vinculados a personas imputadas por este escándalo, al parecer, haciendo referencia, entre otros, a Ballén. Personas cercanas al proceso le indicaron a este diario que la preocupación es, puntualmente, que la Contraloría Distrital esté recurriendo a maniobras legales para afectar el proceso, evitar que se firmen algunos preacuerdos y que el contralor Ardila sea vinculado al caso. Algunos concejales bajo investigación y dos testigos del caso declararían contra Ardila tras un eventual acuerdo con la Fiscalía.

El contralor distrital ha sido señalado porque el concejal Rodríguez y otros cabildantes salpicados por el carrusel habrían sido los artífices de su llegada al ente de control. Señalamientos que siempre ha negado Ardila, pero que hoy lo tienen en una posición incómoda por cuenta del episodio Ballén. De hecho, en la audiencia del lunes se ventilaron acusaciones como la siguiente: que el concejal Rodríguez fue jefe de Ballén en otra época, que es el padrino de su hijo y que, por ello, Ballén sería su cuota en la entidad.

De comprobarse estas acusaciones, la Contraloría Distrital no quedaría muy bien parada. El Espectador intentó comunicarse con Ballén ayer en la tarde, pero éste no atendió las llamadas que se le hicieron ni respondió el mensaje que se le dejó en su vozón de voz. De cualquier manera El Espectador conoció que la Fiscalía está muy molesta con el episodio Ballén. Es decir, que el saliente jefe jurídico de la Contraloría Distrital, con aparentes nexos con José Juan Rodríguez, hubiera enviado a una delegada suya a la audiencia en la que se definía el preacuerdo de Emilio Tapia —precisamente un testigo estelar contra el concejal—.

En diálogo con este diario, el contralor Ardila fue enfático en asegurar que no conocía de los supuestos vínculos de su subordinado con el concejal Rodríguez. Dijo que es lamentable que se haya presentado este episodio y que por ello se le aceptó la renuncia a Ballén, de quien dijo no era ninguna cuota del cabildante. Agregó, además, que no hay ningún interés de torpedear el proceso por el carrusel de la contratación y que, todo lo contrario, la Contraloría está cumpliendo con su deber. “Si no nos hubiéramos acreditado como víctimas dirían que estamos aliados con el Concejo y que no cumplimos nuestra función. Lo que estamos haciendo es una muestra de transparencia”.

Ardila resaltó que sus solicitudes son tan legales que la Contraloría ha sido acreditada como víctima en otros tres procesos por el escándalo del carrusel. Y añadió que su entidad no está dilatando las investigaciones y que, contrariamente, la entidad adelanta actualmente 69 procesos para saber qué ocurrió con $341 mil millones que se embolataron por cuenta del carrusel. Además, dijo que se dio traslado a la Contraloría General de 11 expedientes en donde pueden estar comprometidos dineros de la Nación en este desfalco que pueden sumar la cifra de $369 mil millones más.

Por último, el funcionario expresó que la misma Contraloría General ha mostrado su apoyo a la labor hecha por su oficina y afirmó que no conoce de ningún testimonio que lo incrimine. “Y en la Fiscalía no podrán decir absolutamente nada sobre mí, porque siempre he obrado de forma transparente”. Por ahora, en la Fiscalía y la Procuraduría hay molestia por el episodio de David Ballén. Algunos señalan que se trataba de una estrategia para evitar concretar preacuerdos con testigos estelares del caso. El contralor señaló que fue asaltado en su buena fe y que jamás conoció de nexos de Ballén con el concejal Rodríguez. La coincidencia, sin embargo, lo pone en aprietos.

 

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