Indagan millonario carrusel de pensiones en Lorica

Fiscalía investiga fallos en los que se ordenaron cuantiosos reajustes pensionales a maestros.

El abogado Gustavo Rhenals Nova, condenado por el carrusel de las pensiones en Planeta Rica (Córdoba). / Cortesía El Meridiano

Desde hace tiempo, las denuncias sobre carteles de abogados para saquear las pensiones de los 130.000 maestros de Colombia han tenido como protagonista al departamento de Córdoba. La Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y hasta la Corte Constitucional han proferido decisiones con el fin de ponerle coto a este desangre. Sin embargo, hoy las autoridades indagan polémicos fallos proferidos por jueces de Planeta Rica, San Antero, Chinú y Lorica en los que se decretaron embargos por cerca de $500.000 millones al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.

El caso más avanzado es el de Planeta Rica, en donde desde 2011, a través de documentación falsa, abogados presentaron demandas ejecutivas laborales solicitando millonarios reajustes pensionales a 1.403 docentes. Pronto se descubrió que estos abogados, liderados por Gustavo Rhenals Nova, se concertaron con el juez Ángel Darío Aycardi para apoderarse de los recursos de los maestros. La Fiscalía procesó a esta organización que logró apropiarse de $60.000 millones y que estaba en tránsito de tomarse otros $140.000 millones. El juez Aycardi ya fue condenado a 12 años de prisión.

El 24 de febrero de 2013, los abogados Gustavo Rhenals Nova, Robert de Jesús Montes López y Daniel Eduardo López Palencia aceptaron su responsabilidad en este carrusel de pensiones y se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía de falsedad en documento privado y documento público. Increíblemente, a pesar de su confesión ante la justicia, la semana pasada el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería absolvió a López Palencia, al concluir que hubo errores formales cuando admitió sus delitos. Una decisión que indignó a los cordobeses.

En cambio, Gustavo Rhenals Nova y Robert de Jesús Montes López sí resultaron sentenciados, pues se probó que falsificaron 1.619 documentos privados y 5.828 documentos públicos. Paralelamente, otros abogados enfrentan denuncias por estos mismo hechos. Con una particularidad: tal como lo hizo su hermano en Planeta Rica, el también abogado Guillermo Rhenals Nova figura como apoderado de cientos de maestros que reclaman millonarios reajustes pensionales en el Juzgado Civil de Lorica (Córdoba). Dicho despacho ya ordenó el pago de casi $88.000 millones, pero las autoridades estiman que las pretensiones totales rondan los $220.000 millones.

Desde mayo de 2012, la Fiduciaria La Previsora, administradora del Fondo de Prestaciones del Magisterio, instauró denuncia penal para que se investigue un presunto carrusel de pensiones en el Juzgado de Lorica, ya que tiene reportes de que estos fallos cuestionados no cumplieron los requisitos administrativos para que fueran otorgados los reajustes pensionales, como sucedió con el carrusel de Planeta Rica. Las denuncias se concentran en las actuaciones de la exjueza Isabel Loreley Montes, quien entre 2010 y 2014 estuvo al frente del despacho civil en Lorica.

La Corte Constitucional falló una tutela en favor del Ministerio de Educación, el Fondo de Prestaciones del Magisterio y La Previsora, en la que dejó en evidencia que ese juzgado de Lorica no podía decretar el embargo de más de $4.000 millones que favorecían a 66 demandantes que reclamaban ajustes pensionales. En su fallo, el alto tribunal declaró nulo ese proceso y le pidió a las autoridades investigar lo ocurrido. En un proceso similar, el Tribunal Superior de Montería determinó irregularidades en un expediente fallado en dicho juzgado, en el que se reconocieron $9.000 millones y también pidió indagar “las posibles faltas de la juez”.

Pero eso no es todo. También hay polémica por un fallo proferido por Isabel Loreley Montes, en relación con la muerte en un accidente de tránsito de Doris de Jesús López Rhenals. El hecho ocurrió el 6 de octubre de 2011, en la vía que conduce de Montería a Lorica. De inmediato, el abogado Alonso de Jesús López Rhenals, hermano de la víctima, inició una demanda de responsabilidad civil extracontractual en contra de Eduar Caballero, conductor de la firma transportadora Aco Córdoba, la propia empresa y el banco BBVA, ya que, supuestamente los papeles del traspaso del vehículo accidentado no estaban concluidos.

La demanda fue fallada el 26 de noviembre de 2013 y se ordenó al BBVA, a la firma transportadora y al conductor Caballero el pago de $2.971 millones por los perjuicios ocasionados al esposo, padres y cinco hermanos de la fallecida Doris de Jesús, quienes alegaron que dependían económicamente de ella. El banco se opuso a estas pretensiones, alegó que el carro ya había sido vendido, y por tanto no debía figurar como responsable, además que la multa impuesta era exagerada y que ninguno de los demandados fue citado a audiencia para controvertir los hechos. Por esto, el banco interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Montería, cuyo fallo se dio el pasado 3 de febrero, dándole la razón al BBVA lo que dejó sin efectos la sentencia de la jueza Montes.

El caso, sin embargo, llegó a la Corte Suprema de Justicia, que dejó en firme la condena al considerar que la tutela no procedía en este caso. El BBVA interpuso un recurso de revisión, en el que señaló que los familiares de la víctima urdieron un plan para defraudar a la justicia, ya que alegaron depender económicamente de ella y ocultaron patrimonios millonarios que hacían imposible una sentencia por ese monto. Por ejemplo, la madre de la víctima acreditó un patrimonio en el año 2012 por un valor de $2.023 millones. “Una persona que declara un patrimonio así no dependía ni podía depender de su hija fallecida, que además era su empleada”, sostuvo el recurso. Los demás beneficiarios también presentaron patrimonios similares.

Este es otro de los casos que investiga la Fiscalía. El Espectador dialogó con el abogado Alonso de Jesús López Rhenals, quien no quiso pronunciarse sobre este caso porque todavía hay un litigio en curso, pero dejó en claro que su familia no tenía cercanía con la de los abogados Guillermo y Gustavo Rhenals Nova, este último condenado por el carrusel de Planeta Rica. “El Rhenals es muy común en esta zona. Debe haber algún grado de consanguinidad pero no creo que alcancemos ni a ser primos terceros”, dijo.

La Fiscalía indaga, además, un contrato de conciliación extraprocesal que no parece tener ningún sentido. Fue firmado por el abogado Guillermo Rhenals Nova, en representación de La Previsora, y el abogado Robert de Jesús Montes, ya condenado por el carrusel en Planeta Rica. Allí se autoriza una conciliación por $6.338 millones para levantar los embargos dispuestos por el juzgado de Lorica, en desarrollo de expedientes por ajustes pensionales. Lo que no se entiende es por qué Rhenals Nova figura como apoderado de La Previsora, cuando al mismo tiempo está apoderando a cientos de maestros en procesos ejecutivos contra esta fiduciaria y el Magisterio.

Este diario conoció que la exjueza Isabel Loreley Montes ya rindió interrogatorio ante la Fiscalía por estas denuncias, así como el secretario de ese juzgado. La exfuncionaria sostuvo que ingresó a la rama judicial en septiembre de 1987, que fue fiscal en Sahagún y Montería y que luego fue nombrada en Lorica. En diálogo con El Espectador, añadió que siempre actuó en derecho, que confía en la justicia, y que esto es una persecución infame, pero que todas sus explicaciones se las dará a sus jueces naturales y no a los medios de comunicación. “La justicia se encargará de investigar. Las denuncias son eso, denuncias. Lo que se ha publicado no corresponde con la realidad. Yo tengo mi conciencia tranquila. Son embustes en mi contra”, dijo.

Por ahora, la Fiscalía cruza expedientes e identifica protagonistas comunes de las denuncias que señalan un carrusel de pensiones similar al descubierto en Planeta Rica y las conexiones de los Rhenals. Entre tanto, la exjueza Montes sostiene su inocencia.

 

 

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