Pablo Ardila Sierra, gobernador de Cundinamarca entre 2004 y 2007, amante de la caza, cuya familia fue propietaria del tabloide popular El Espacio hasta 2013, quería que el Estado le reconociera una indemnización de $3.961 millones por haber estado privado de la libertad desde el 27 de diciembre de 2007 hasta el 10 de septiembre de 2010. Y aunque no recibirá la cantidad de dinero que demandó para él, su padre y su esposa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí le dio la razón: la Fiscalía, al solicitar su detención, le causó un daño que debe ser reparado.
Así lo indica un fallo de la Sección Tercera de ese tribunal, expedido el 20 de enero de este año y conocido por El Espectador (esta es la sentencia). Según el documento, la Rama Judicial y la Fiscalía deberán encargarse cada una del 50% del pago al exgobernador. La indemnización reconocida fue de $43 millones por “perjuicios materiales” para resarcir los cuatro días en que no alcanzó a ejercer como gobernador por su arresto. Y, además, cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (poco más de $68 millones) para él por perjuicios morales.
De igual manera su esposa, la cirujana plástica Luisa Plata –con quien se fue a vivir a Barcelona al recuperar su libertad– y su padre, Jaime Ardila Casamitjana, van a recibir una indemnización de cien salarios mínimos mensuales vigentes cada uno. Según el Tribunal de Cundinamarca, tanto Jaime Ardila como Luisa Plata “resultaron afectiva y emocionalmente ligados con el hecho de su detención”. Pablo Ardila pidió también una indemnización por el impacto del arresto sobre su relación en pareja, pero el Tribunal le respondió que no había probado el daño.
El fallo del magistrado Carlos Vargas Bautista, respaldada por sus colegas Henry Barreto Mogollón y Leonardo Torres Calderón, se elaboró con base en el hecho de que a Pablo Ardila lo empezó a investigar la Fiscalía formalmente en diciembre de 2007 por presunto enriquecimiento ilícito; que el 27 de diciembre de ese año pidió su detención; que en agosto de 2008 lo llamó a juicio por extorsión, y que en 2012 fue absuelto en segunda instancia. La Fiscalía sostenía que el negocio de Pablo Ardila por la explotación de unas minas en Ricaurte (Cundinamarca) había sido turbio; Ardila insistió en que era legal y ganó la disputa.
Con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca nadie quedó contento. Ni la Fiscalía ni la Rama Judicial, que tendrían que pagar unos $250 millones; ni Pablo Ardila, quien esperaba cubrir los honorarios de sus abogados (entre ellos el penalista y hoy ministro de Justicia, Yesid Reyes), que sobrepasan esa suma. Por esa razón, entre el 5 y el 8 de febrero pasado, todos apelaron la sentencia. El proceso se encuentra ahora en estudio en el Consejo de Estado.
De esta manera, si el Consejo de Estado está de acuerdo con el Tribunal de Cundinamarca, la Fiscalía tendrá que indemnizar a un exfuncionario que, confirmó este diario, tiene todavía siete investigaciones en su contra. El primer expediente tiene que ver con un convenio que pactó durante su mandato con la Universidad de Cartagena para diseñar y construir unos distritos de riego en Ubaque, Fómeque y Beltrán. En 2014 se pidió escucharlo en indagatoria por este caso, pero su respuesta, desde entonces, ha sido la misma cada vez que lo contactan: dice que quiere cooperar con la justicia, pero que, al vivir en el exterior, le resulta imposible.
En el segundo, la Fiscalía está por definir si lo llama a juicio por las licitaciones que abrió para sistematizar colegios de varios municipios y para prestar el servicio de seguridad dentro de los mismos. En el tercero, probablemente el más grave, se indaga si Pablo Ardila tuvo o no nexos con grupos paramilitares de Cundinamarca y de Bogotá. Ya se han recogido testimonios y otras pruebas. El cuarto expediente, igual de delicado, tiene que ver con su patrimonio: la Fiscalía revisa si se incrementó de forma injustificada mientras ocupaba la Gobernación. En febrero del año pasado, el New York Times incluyó a Ardila como uno de los extranjeros que, a través de compañías de papel, había adquirido un condominio en el Time Warner Center.
La Fiscalía, además, procesa una denuncia de la Superintendencia de Salud por posibles anomalías en la inversión de utilidades de la Empresa de Licores de Cundinamarca. Según la Superintendencia, en 2007 se debieron transferir más de $9.000 millones al sector salud que nunca llegaron. Por ese caso, la Fiscalía indaga si acaso Pablo Ardila incurrió en los delitos de peculado y prevaricato. Por último, hay dos investigaciones por irregularidades en los convenios entre la Gobernación de Cundinamarca y Ricaurte y Cota para el mantenimiento de vías. En el proceso de Cota aparecieron empresas del Grupo Nule.