Un exalcalde de Puerto Gaitán también estaría comprometido

Indígenas en Meta se habrían quedado sin internados por irregularidades en construcción

La Fiscalía indaga demoras en la entrega de los proyectos y anomalías en las licencias de funcionamiento. Tres contratistas son investigados por estos hechos.

En febrero de 2017, la Contraloría emitió un informe con varias irregularidades en relación con estas irregularidades.Cortesía Fiscalía

Las irregularidades en las obras para la construcción de varios internados en el municipio Puerto Gaitán, en departamento del Meta, llevaron a la Fiscalía a investigar a tres contratistas por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.  

Se trata de Víctor Julio Agudelo Santander, contratista de la unión temporal Awaliva y Tillavá; Raúl Gonzalo Ávila Vásquez, representante de la unión temporal Alto Tillava; y Mauricio García Sanz, integrante del consorcio Ingeotec (que hace parte de unión temporal Awaliva).

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Por ejemplo, la Fiscalía indaga demoras en la entrega del proyecto, pues los internados fueron construidos en 2011, pero a corte del año 2018 no han sido puestos en funcionamiento. Otra de las irregularidades tiene que ver con a sobredimensión de los proyectos. En este caso, la investigación dice que la capacidad de los proyectos fue dispuesta para atender a 300 indígenas, pero la población beneficiada, al parecer, no alcanza esta cifra.

Sumado a esto, las construcciones –según la Fiscalía– no tendrían licencia de funcionamiento como internados de los resguardos Awaliva y Alto Tillavá, asentadas en el departamento del Meta. En la construcción de las edificaciones, cuyos costos superan los $8.500 millones, habría un detrimento patrimonial cercano a los $4.000 millones.

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Por estos hechos, la Fiscalía analiza supuestas conductas ilegales cometidas por el alcalde del Puerto Gaitán, quien ostentó el cargo para el periodo 2008-2011, al igual que varios funcionarios de dicha administración y varios contratistas. Por orden de un juez, los tres contratistas no podrán salir del país y deberán mostrar buena conducta social, familiar, laboral e individual.

En febrero de 2017, la Contraloría emitió un informe con varias irregularidades en relación con este tema. Por ejemplo, encontró un hallazgo por $4.422 millones en la construcción del internado para el resguardo Alto Tillavá.

El órgano de control aseguró que en este caso las obras nunca han sido puestas en funcionamiento por la gestión “ineficiente” por parte del municipio. “La falta de funcionamiento de esta escuela ha afectado a los estudiantes de dicha comunidad indígena, por lo cual se estableció un hallazgo con presunta incidencia fiscal por un monto de $3.924 millones”, precisó la Contraloría en su momento.

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