Indígenas, en medio del conflicto

De acuerdo con la CCJ, entre 2010 y 2012 hubo 186 indígenas asesinados y entre 2010 y 2013 hubo 75 casos de desplazamiento forzado contra estas comunidades.

“Entre 2010 y 2012 la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) registró al menos 199 casos de miembros de diferentes pueblos indígenas que fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida (186 corresponden a homicidio y 26 de desaparición forzada) a causa de la violencia sociopolítica, entre ellos autoridades indígenas y médicos tradicionales”. Esta preocupante cifra hace parte de un informe presentado por la CCJ ante la relatora Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Vicky Lucía Tauli-Corpuz.
 
En el documento, de 30 páginas, la CCJ advierte que los frecuentes hechos de violencia, la presión sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales y el desplazamiento forzado “son algunos de los factores causales del riesgo de extinción en que se encuentran numerosos pueblos indígenas en Colombia.”. De acuerdo con esta ONG, Las víctimas de desplazamiento forzado pertenecientes a los pueblos indígenas continúan aumentando, “y con ello el riesgo para su supervivencia física y cultural”. 
 
Entre abril de 2010 y diciembre 2013 esta ONG supo de la ocurrencia de al menos 352 hechos desplazamiento masivo. “En 75 hechos las víctimas fueron poblaciones indígenas, de 167 en los que se contó con información para establecer la diferenciación étnica de las poblaciones desplazadas”.  
 
La CCJ denuncia, además, que La Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior no ha incorporado estrategias colectivas de protección con enfoque étnico. “La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó 25 miembros de los pueblos indígenas víctimas de homicidio entre enero y mayo de 2012, de los cuales once desarrollaban actividades de liderazgo en sus comunidades”. 
 
En el documento –que constituye el segundo informe de seguimiento a la aplicación de las recomendaciones del relator pasado– la CCJ se muestra preocupada, además, porque en su criterio aún hay obstáculos para el acceso de los miembros de los pueblos indígenas a la justicia, “al igual que los riesgos para los denunciantes y testigos, especialmente en aquellas zonas donde los grupos guerrilleros, paramilitares y la fuerza pública ejercen control territorial y poblacional”.
 
Esto sin contar las graves consecuencias que el conflicto armado le ha generado a las mujeres y menores de edad indígenas. “Las mujeres indígenas resultan afectadas de manera diferenciada cuando se encuentran en situación de desplazamiento o en riesgo de serlo, lo mismo que frente a los actos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado interno. Pese a que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre esta problemática, no existe un enfoque integral contra la violencia que afecta a las mujeres y niñas indígenas”.
 
Y  en el caso de los menores, la CCJ sostiene que “la intensificación de las hostilidades en los territorios indígenas ha aumentado la vulnerabilidad de la infancia, su reclutamiento por parte de grupos guerrilleros y paramilitares, y su utilización en campañas cívico-militares y en acciones de inteligencia militar por parte de la fuerza pública. En estas condiciones se acentúa la discriminación para la niñez indígena en cuanto al acceso a la educación y la salud”. 
 
Por eso, dice la CCJ, las comunidades indígenas se han unido para apoyar el proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba), entre el gobierno y las Farc. “Las organizaciones indígenas han promovido decididamente la consolidación del movimiento social por la paz y la realización de reformas y las transformaciones de fondo que se requieren para la construcción de la paz”, dice el informe, en el que, no obstante, se insta al relator a pedirle al gobierno que tenga más en cuenta a los indígenas en los diálogos en Cuba.