Indulto y amnistía a presos políticos

Presidente de la Sala Disciplinaria, Wilson Ruiz, dice que iniciativa descongestionaría cárceles. Se prevén repercusiones políticas en mesa de diálogo de La Habana.

La propuesta del magistrado Ruiz se plantea en un momento de mucha sensibilidad en los temas de paz.    /Colprensa
La propuesta del magistrado Ruiz se plantea en un momento de mucha sensibilidad en los temas de paz. /Colprensa

Aplicar amnistía para condenados e indulto para investigados por delitos políticos como rebelión, sedición, asonadas y delitos conexos. Esa es la propuesta que recibirán los presidentes de la Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura en la próxima reunión de Comité Interinstitucional. Y quien envía la iniciativa, con ánimo de que las cabezas de las altas cortes la discutan, es el magistrado Wilson Ruiz Orejuela, posesionado hace dos meses en su cargo y hoy presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura.

Según la propuesta del magistrado Ruiz, conocida por este diario, ni el indulto ni la amnistía aplicarían para terrorismo, homicidio intencional, tortura, secuestro, extorsión, desaparición forzada u otros delitos atroces. Se aplicarían, además, “respetando los criterios de razonabilidad, igualdad y proporcionalidad” en los delitos políticos y sus conexos, poniendo como ejemplo el “hurto de armamento para la rebelión o el daño de bienes”. Esta propuesta, aclara el magistrado, “se debe tramitar a través de una ley de la República y se aplica por el Gobierno Nacional”.

En el marco de los diálogos de paz, que están teniendo lugar entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, se hace imposible pensar que esta idea no tendrá repercusiones políticas. Sin embargo, Ruiz, en entrevista con este diario, aseguró que la sugerencia de la amnistía y el indulto para presos políticos nada tiene que ver con lo que se está negociando en La Habana: “Mi proposición nada tiene que ver con el Gobierno, en el Congreso no la conocen todavía. Mi propósito es poner sobre la mesa ideas que apunten a solucionar el dramático problema de hacinamiento que viven los presos colombianos”.

El documento de Ruiz Orejuela incluye también conseguir que los jueces revisen “oficiosamente” quiénes cumplen los requisitos para que les sustituyan la medida de prisión intramural por prisión domiciliaria, libertad condicional o vigilancia electrónica, y que se trabaje para articular una política criminal que contemple que la cárcel sea sólo para delitos de alto impacto social. “Es que yo estuve en La Modelo —señala Ruiz—, sentí en carne propia el sufrimiento de los reclusos. Me parece que tenemos que hacer algo por ellos, algo más que echarle la culpa al Inpec de todo”.

El magistrado Ruiz sostiene que su objetivo es enfocarse en el problema superlativo de hacinamiento que viven casi todas las cárceles del país, con tasas que ya superaron el 50%. No obstante, es previsible que esta propuesta entre a formar parte de un extenso debate que nació desde el mismo momento en que se supo que el Gobierno negociaba con las Farc. Figuras como el fiscal general, por ejemplo, han sostenido que es necesario que se construya un marco jurídico que dé vía libre a la amnistía y al indulto para lograr una salida negociada al conflicto. “Es una decisión impopular, pero el país debe reflexionar”, respondió entonces el senador liberal Luis Fernando Velasco.

En el Congreso, no obstante, así como en muchos otros sectores del país, múltiples voces se oponen férreamente a estas iniciativas, porque relacionan estas concesiones con impunidad. La sugerencia del magistrado Ruiz Orejuela excluye los delitos atroces, pero, aunque él asegure que apunta sólo a resolver la problemática del hacinamiento carcelario, es imposible negar que se presenta en un momento histórico de extrema sensibilidad para todos los bandos involucrados en el tema de la paz. “Es una simple propuesta para ver si es acogida. La hago como docente y como jurista”, concluye Ruiz

 

En Twitter: @dicaduran y @juansjimenezh