Inicia juicio disciplinario contra Gina Parody y Cecilia Álvarez por Odebrecht

La Procuraduría citó a juicio disciplinario a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por las presuntas irregularidades en la suscripción del Conpes mediante el cual se permitieron hacer adiciones al contrato inicial de la Ruta del Sol II. / Archivo El Espectador

Este jueves la Procuraduría expuso el pliego de cargos contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por las presuntas irregularidades que se presentaron en la suscripción del Conpes 3817 de 2014 mediante el cual se permitieron hacer adiciones al contrato inicial de la Ruta del Sol II. Al parecer, las exfuncionarias incurrieron en un conflicto de intereses debido a que con la aprobación del documento se habría visto beneficiada la familia de Parody debido a que estaba vinculada a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.  

Tal como lo reveló El Espectador en su momento, son varios los argumentos del Ministerio Público para llamar a juicio a las exfuncionarias. Para el caso de la exministra de transporte, Cecilia Álvarez, son tres las actuaciones que le son cuestionadas: la aprobación del Conpes 3758 de 2013 que estableció la navegabilidad del río Magdalena; la suscripción de la resolución 2127 de 2014 por la que se ordenó la creación de dos peajes más en la ruta Ocaña – Gamarra y el aumento de tarifas en los peajes existentes; y la aprobación del Conpes 3817 de 2014, en el que se decretó la “importancia estratégica” de la Ruta del Sol 2.

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A Parody, exministra de la cartera de educación, se le investiga disciplinariamente por no haberse declarado impedida en la aprobación del Conpes de la Ruta del Sol 2. Estas actuaciones disciplinarias giran en torno al hecho de que los hermanos de Parody, para el momento de los hechos, tenían participación en las sociedades que conformaban la sociedad Terminal Fluvial Andalucía.

Para el ente disciplinario, la unión marital de hecho que sostienen las exministras desde hace varios años sería fundamental para determinar que Álvarez estaba impedida para tomar varias decisiones en este tema, debido a que, por tal relación, la exministra de Transporte tendría un parentesco en segundo grado de afinidad con los hermanos Luis Carlos y Manuel Parody, quienes, según la entidad, “tenían interés particular y directo en dichas decisiones”. Para la Procuraduría, hubo una violación de la Ley 734 de 2002, que señala que todo servidor público deberá declararse impedido para actuar cuando alguno de sus parientes dentro del segundo grado de afinidad tenga interés en sus decisiones. 

Específicamente en el caso de Álvarez, algunos de los señalamientos del ente disciplinario es que los hermanos Parody entre los años 2013 y 2014 tenían participación en las sociedades Egeo I S.A.S y Egeo III S.A.S, las cuales, a su vez, eran accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. Al tener dicha participación, presuntamente tenían un interés particular en la aprobación del Conpes 3758 del 6 de agosto de 2013, mediante el cual se desarrollaron acciones para restablecer la navegabilidad del Río Magdalena y “el fortalecimiento de servicios de transporte, logísticos e intermodales, como era el caso de las inversiones en los cuatro puertos”, entre ellos el de Gamarra (Cesar). 

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Inversiones Egeo I S.A.S e Inversiones Egeo III S.A.S. eran accionistas de las sociedades Cartagena S.A. y Sociedad Portuaria de Cartagena S.A., que a su vez estaban asociadas a la “Terminal Fluvial Andalucía S.A., junto con las sociedades Contecar, Impoxmar y CEC Ltda., filiales de Cartagena S.A, con quienes conformaban el mismo grupo empresarial”, según pudo determinar el órgano de control. Para el momento de la aprobación del Conpes 3758, la Sociedad Terminal Fluvial Andalucía estaba solicitando la concesión portuaria ante Cormagdalena, que fue aprobada hasta 2014. De igual modo, Corpocesar concedió la licencia ambiental para su operación en enero de 2013. 

Para el ente disciplinario, era clara la intención de los parientes de Álvarez y de Parody en obtener la adjudicación de la concesión del puerto fluvial en el municipio de Gamarra -justo donde luego se aprobó la adición de un tramo para la Ruta del Sol 2-. Otro de los puntos que reprocha el órgano de control es la expedición de la resolución 2127 de 2014. Las investigaciones apuntan a que, para el momento de la firma de este documento, la sociedad Terminal Fluvial Andalucía ya había solicitado una concesión “para la construcción, administración, operación y explotación en forma temporal y exclusiva de un terminal portuario fluvial de carácter multipropósito, localizado en la margen derecha del Río Magdalena, en el Departamento de Cesar, municipio de Gamarra”.

Sobre la exministra Gina Parody, la Procuraduría, después de indagar las declaraciones de la exjefa de la cartera de Educación y las pruebas documentales del caso, estableció que la exfuncionaria también pudo haber cometido una falta gravísima por no haberse declarado impedida en la firma del Conpes de la Ruta del Sol 2. El Ministerio Público estudió los argumentos de la defensa de la exfuncionaria y su propia declaración, pero no fue suficiente para convencerlo. Según uno de sus argumentos, Parody no sabía con detalles los intereses de los negocios de sus familiares, solo conocía que estaban relacionados con temas de puertos marítimos. Por eso mismo, explicó la exministra, se declaró impedida en varios casos que involucraban puertos en el mar.

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